Viernes 16 de Noviembre de 2018 - 18:25:55

Litoral Gas estimó una suba de hasta 38% ahora y cuotas de $100 extra

La empresa local diferenció el aumento que ya rige en la tarifa con la compensación que se abonará en 24 pagos desde enero próximo. ONGs advierten que ya se presentaron amparos para frenar ese segundo cobro.

En octubre aumentó la tarifa y enero se cobrará un plus por la devaluación.

El gerente Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José González, aseguró este martes que el aumento en las tarifas que rige desde el 1º de octubre es de 24 por ciento en promedio con picos de 38 para los sectores que menos consumen. Señaló que el pago extra y en cuotas a partir de enero aún no fue calculado pero será de entre 80 y 100 pesos.

“A partir del 1º octubre hay una actualización en el valor del gas. Para un cliente residencial promedio (consumo de entre 850 y 1000 metros cúbicos al año) el aumento va a ser de un 24 por ciento”, dijo González a El Tres.

Ese incremento incluya una suba de 10% en el precio del gas, 3% en transporte, 4% en el margen de la distribución de Litoral Gas y 7% de impuestos.

Por otro lado, el vocero de la firma local reconoció que el impacto del alza será “un poco más importante para los consumos más bajos porque tenían más subsidios: podrá llegar a 35% ó 38% y traducido en pesos serán 130 ó 140 mensuales de aumento”.

Los consumos más altos, con menos subsidios en sus tarifas, rondará el 17 ó 18%. González reconoció que buena parte de la suba se explica en el precio dolarizado del gas.

Sobre el pago extra o de compensación por devaluación a las empresas que anunció el gobierno el viernes pasado y desató una polémica nacional, el representante de Litoral Gas aseguró que esa resolución se basa en la ley que fija un sistema de valores que se pasa de dólares a pesos.

“El gas al estar en dólares y al haberse definido el precio para todo un semestre, la diferencia de cambio (por la devaluación) se acumula y se corrige al término del semestre”, dijo. Añadió que la “mecánica” para que las esas empresas no pierdan será cobrar desde el 1º de enero 24 cuotas que serían de entre 80 y 100 pesos en promedio cada cuota. “Pero no tenemos los valores, no están hecho los cálculos”, reconoció.

Desde organizaciones que defienden a usuarios y consumidores calificaron de ilegal esa medida. Dijeron que el aumento de octubre deberá pagarse pero alertaron que hay amparos presentados en la Justicia (por ahora en Mendoza y La Plata) para frenar esa suba por inconstitucional.

“Cualquier empresa tiene un riesgo empresario, la misma distribuidora tiene que hacerse cargo y no los usuarios”, señaló Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra los tarifazos de Rosario.

Alertó que ellos no llaman “a una desobediencia civil pero la gente no quiera cumplir con una norma que la considera injusta: nosotros no lo impulsamos pero las tarifas son impagables”.

Valeria Schwartz, abogada de la ONG Usuarios y consumidores unidos, dijo que la resolución del viernes “viola un montón de principios y garantías del Código Civil” porque se rata de “cobrar un servicio que ya está cancelado: nos quieren cobrar algo que ya pagamos, no tenemos obligación sobre esas facturas”.

Añadió que como recién se empezarán a cobrar esas cuotas desde enero, los usuarios deberán estar atentos a los resultados de los amparos presentados.

Presentaron un proyecto para declarar emergencia social en la provincia

Es un proyecto de legisladores del Frente Social y Popular junto a movimientos sociales de Rosario.

Presentaron un proyecto para declarar emergencia social en la provincia

Legisladores del Frente Social y Popular (FSP), junto a movimientos sociales de la ciudad de Rosario lanzaron el proyecto de ley para declarar la emergencia social y alimentaria en la provincia. Estuvieron presentes los diputados provinciales, Carlos del Frade y Mercedes Meier; los concejales Celeste Lepratti, Caren Tepp y Eduardo Trasante (Ciudad Futura); y el dirigente social (CCC) Eduardo Delmonte.

"Es un proyecto pensado desde lo profundo de nuestro pueblo porque son las organizaciones sociales quienes han dado el empuje, y también la letra, para armar este proyecto de ley que marca la situación en la que se vive. Para simplificar, el proyecto es una lista de medidas que hay que tomar urgente en la provincia para paliar la situación a la que nos ha sometido el gobierno nacional y empujado a miles de personas a la pobreza", manifestó Mercedes Meier, autora de la iniciativa.

Luego agregó: "Una de las cuestiones que propone el proyecto es que, así como hay un Concejo Económico y Social formado por representantes empresarios, haya un Consejo de la Emergencia Social y Alimentaria , conformado por las organizaciones sociales mas representativas de nuestras provincia para que esas organizaciones ayuden a administrar las políticas publicas que hacen falta para la mayoría de la gente",

Por su parte, Delmonte destacó: "Esta ley no ha sido producto de una elaboración teórica, sino el resumen de la experiencia de quienes hace años venimos luchando en los barrios". A continuación, agradeció y resaltó que "tenemos la suerte de contar con legisladores que hemos apoyado desde la calle, a puro pulmón y que realmente expresan nuestros intereses".

Del Frade recordó que en Rosario la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen es de 22 veces".

Mirá los autos de alta gama incautados a criminales que serán subastados por la provincia

El remate será público y para participar hay que inscribirse vía web. Estiman que se realizarán subastas similares cada dos o tres meses. Los vehículos salen a remate con una base del 60 por ciento de su valor de mercado.

Este jueves comenzó la inscripción web para participar de la primera subasta de vehículos incautados en el marco de causas judiciales contra distintas bandas criminales que cometían robos, estafas y delitos contra la propiedad. El acto tendrá lugar el jueves 25 de octubre en Rosario y se espera recaudar entre 3 y 4 millones de pesos.


El remate se desarrollará en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera y es requisito obligatorio inscribirse previamente a través de www.santafe.gov.ar/subasta Allí se completa un formulario en un trámite rápido, sencillo y gratuito. También se pueden ver fotos y ficha técnica de los 18 autos y camionetas que salen a remate con una base del 60 por ciento del valor del mercado. Los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de octubre.
El anuncio lo realizaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; el fiscal general, Jorge Baclini; y el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos patrimoniales (Aprad).

Los inscriptos que hayan sido admitidos pueden concurrir al Galpón 17 los días previos al remate, el 23 y el 24 de octubre de 14 a 18, para ver los autos, y pueden hacerlo acompañados de un mecánico. “Pueden participar de la subasta personas físicas o jurídicas con domicilio en la provincia o en el resto del país”, aclaró Figueroa Escauriza.
“A nivel nacional todavía se discute la extensión de dominio, que tiene que ver con pegarle a las bandas en lo económico, y acá ya estamos rematando los bienes obtenidos a través del delito. Además, en ningún lugar del país se ha aplicado el sistema acusatorio procesal penal, mientras que en Santa Fe ya se aplica, lo que significa que en vez de haber un juez investigando individualmente, solo en Rosario hay 70 fiscales investigando en forma direccionada”, dijo Silberstein, quien situó a la provincia a la vanguardia en la materia.
Mientras, Baclini coincidió en que la ley que creó la Aprad “es una innovación, porque no solo prevé el decomiso en caso de condena firme, sino que autoriza a disponer del bien en el marco de un secuestro en una causa judicial. Esto es importante porque estos bienes quedaban varios años dando vueltas en los depósitos judiciales y ahí se depreciaban; además teníamos denuncias de sustracción de los repuestos, en el caso de los autos”.
Finalmente, Figueroa Escauriza, explicó que la importancia de la inscripción previa se realiza para controlar si los posibles interesados en los lotes tienen algún tipo de relación con las organizaciones criminales a las cuales les fueron sustraídos los vehículos. “Los equipos de la Aprad han hecho un trabajo muy grande ante el Registro Nacional del Automotor, por lo cual podemos decir que los autos nacen de nuevo: se les cambia el dominio registral, se cambia su chapa patente y no tienen ninguna vinculación con el titular anterior, lo cual es una tranquilidad para los ciudadanos que quieren participar de la subasta”, subrayó el funcionario, y anticipó que se harán remates periódicos “cada dos o tres meses”.

Desde Aprad recordaron que los elementos que secuestra la justicia penal son resguardados en dos galpones de Santo Tomé y Alvear. Además de las subastas públicas con el fin de obtener fondos, algunos bienes son reaprovechados a través de su compactación, como autopartes de vehículos decomisadas en desarmaderos, mientras que otros bienes son donados.

 

Promueven que no pueda fumarse en espacios públicos abiertos

La medida es impulsada por el diputado Henn y prohíbe fumar en espacios públicos abiertos para evitar que la cercanía afecte a la salud especialmente de los chicos.

El diputado provincial por la UCR-NEO, Jorge Henn presentó un proyecto a través del cual propone una modificación en el artículo 9 de la ley provincial 12432 que creó el Programa de Control del Tabaquismo, sancionada en 2005. La modificación prohíbe fumar o tener encendido un cigarrillo en espacios públicos abiertos, destinados a niños y niñas, en aquellos utilizados por la ciudadanía para la práctica deportiva y recreativa así como en otros lugares que se reglamenten.

Para Henn “La ciudad debe entenderse como un escenario de aprendizaje y convertirse en aula de niños/as, jóvenes y adultos donde podamos transformar la visión individualista en una mirada participativa, conciente y defensora de la naturaleza”.

La iniciativa subraya además, la existencia de estudios que avalan que estar cerca de alguien que fuma en un ambiente abierto, supone para cualquiera, pero especialmente para un niño, estar igualmente expuesto a los efectos nocivos que el humo del tabaco provoca. Por otra parte también contempla que si bien este tipo de medidas suelen presentar cierta resistencia entre los fumadores, “en general el nivel de apoyo de la población crece después de implementadas”, aclaró Henn.

El diputado, interesado en conocer el parecer de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia al respecto, realizó una consulta vía redes sociales. "¿Se debería prohibir fumar en espacios públicos, especialmente aquellos destinados a niños/as y adultos mayores?" reza la iniciativa.

Al momento de escribirse esta nota ya habían contestado 644 personas -de las cuales un 31% reconoció haber fumado en algún momento, un 11% dijo que aún fuma y el 58% restante se identificó como no fumador- con un 91% a favor del proyecto.

En cuanto a las opiniones vertidas, la mayoría de ellas plantea la necesidad de programas de concientización para que más allá de las prohibiciones que pudieran establecerse, se logre alertar sobre el daño a la salud que causa el consumo del tabaco tanto en los fumadores activos, como en los pasivos.

Para Henn, la modificación propuesta “será una nueva cruzada frente a un grave problema que sufre nuestra sociedad, ya que según datos de público conocimiento, el tabaco es el causante directo de la muerte de aproximadamente 40 mil argentinos al año, de los cuales el 20% son fumadores pasivos”.

La norma prevé, que ninguna persona fumará tabaco, ni sostendrá tabaco encendido en áreas cerradas interiores de cualquier lugar de trabajo, público o privado, ni en espacios públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa. Esto incluye todos los edificios públicos y privados, medios de transporte públicos y espacios públicos abiertos determinados por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo.

Así, a lo ya expuesto por la ley, el ex vicegobernador propone sumar a estos espacios libres de humo, los públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa.

“Santa Fe sancionó he hizo cumplir la ley que prohíbe fumar en establecimientos cerrados, muchos años antes que cualquier otra provincia y las acciones emprendidas en este sentido siempre fueron destinadas a la prevención del hábito de fumar, con el objeto de disminuir en la población, la morbimortalidad causada por el consumo activo y pasivo del tabaco”, explicó Henn.

Par finalizar puntualizó: “Empoderar aún más la ley vigente, trasciende incluso el ámbito de la salud, porque se propone aumentar los valores de equidad y tolerancia. De esta manera, las próximas generaciones, contagiadas de una nueva visión de la sociedad, sabrán construir ciudades más amables y gozar de espacios más estimulantes, llenos de naturaleza y con sentido de pertenencia”.

Santa Fe "por ahora" no firma

La provincia de Santa Fe se mantiene en su posición de no firmar la adenda al Consenso Fiscal, a menos que se introduzcan dos cambios que el gobierno de Miguel Lifschitz considera esenciales. Por un lado, que no se le cobre ganancias a las cooperativas y mutuales; por el otro, que se grave con el uno por ciento a quienes poseen cuentas bancarias o inmuebles en el exterior.

“Las mutuales y cooperativas son entidades sin fines de lucro, y representan un importante porcentaje de lo que se produce en la economía santafesina; por eso no compartimos que se les cobre Ganancias”, dijo el ministro de Economía Gonzalo Saglione. “Por otra parte, nos habría gustado que en esa adenda se recogiera la postura no sólo de Santa Fe, sino de varias provincias, para que aquellas personas que pudieron acumular riqueza en el exterior, ya sea cuentas bancarias o inmuebles, tributen un uno por ciento en concepto de Bienes Personales”, planteó. El ministro recordó que si bien el texto abre la puerta para que ello suceda, no se establece la alícuota del uno por ciento. “Nos sentiríamos más cómodos si se hubiera definido claramente que ese sector, que es minoritario, contribuyera en este momento de emergencia para evitar el impacto que tienen sobre los sectores de menores ingresos, la quita del subsidio al transporte y la eliminación de la tarifa social energética”, explicó.


Saglione admitió que son determinaciones que por competencia corresponden al gobierno central y al Congreso de la Nación, pero interpretó que como provincias “debemos transmitir cuál es nuestra posición sobre estos conceptos con los que no estamos de acuerdo”.