Miércoles 21 de Agosto de 2019 - 13:12:06

La industria de Santa Fe advierte que está al borde de precipicio

Con 14 meses de baja continua de actividad, la última crisis agudizó sus problemas. Harán una fuerte demostración en Rosario el mes próximo.

Acto. Claudio Mossuz (Fisfe)

La industria santafesina atraviesa su hora más oscura. Con 14 meses de agonía sobre la espalda y 330 procedimientos de crisis en trámite, la nueva fase de crisis macroeconómica la pone al borde del abismo. Proveedores que no entregan insumos, listas de precios que suben en dólares, clientes que no aparecen y tasas que llevan a los establecimientos a situaciones de quiebre. Sobre este tembladeral, los empresarios de la provincia quieren a convertir el acto por el Día de la Industria en una masiva demostración de su representatividad y en una exposición de sus reclamos urgentes. Apuestan a reunir a un millar de industriales en Rosario, el mes próximo, como un hito para reclamar una política económica que los contemple.

"Como un Grito de Alcorta pero de la industria", exageran un poco los organizadores, que quieren que el acto se convierta en un punto de inflexión. Dueña de una diversidad sectorial y geográfica muy importante, la industria representada en la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) enfrenta un difícil momento: el 85 por ciento de las ramas fabriles presentan caídas en sus indicadores productivos. Situación que quieren visibilizar ante las autoridades nacionales y locales, actuales y electas.

Claudio Mossuz, por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Roberto Lenzi, por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario y Román Guajardo, por la Unión Industrial Región Rosario (Unirr), realizaron la presentación del almuerzo que se realizará el 20 de septiembre en el domo ubicado en el predio que ocupó en su momento la Sociedad Rural de Rosario.

"Queremos que se visibilice la fortaleza y la diversidad de la industria provincial pero también la situación por la que están atravesando sus diferentes actividades, en un momento en el cual las entidades empresarias van a tener un papel importante", señaló Guajardo.

Confían en mantenerse a flote en estos momentos "delicadísimos", en los que una crisis cebada durante cuatro años amenaza con llevarse a todos puestos. Mossuz recordó que la industria recordó que la industria presenta situaciones de estancamiento desde 2012 pero aclaró que desde 2016 comenzó a caer. Primero con el cambio de modelo económico y la política de estímulo a las importaciones. "En 2017 nos vendieron los brotes verdes pero esa recuperación fue muy parcial", recordó. Desde principios de 2018, el retroceso "es constante".

Lenzi señaló que luego de la última devaluación, la crisis se espiralizó. A las tasas de interés imposibles y la caída de mercado interno, se sumó el pánico. "Los proveedores no venden y lo que se vende está dolarizado", describió.

Con excepción de algunos sectores ligados al mercado externo que atraviesan ciclos puntuales de expansión, como el caso de una parte de la industria frigorífica, o los que pudieron engancharse a los negocios de Vaca Muerta, la mayoría de las fábricas atraviesan el desierto. "El derrumbe del crédito atraviesa a todos y ahora se suma un momento total de incertidumbre", dijo Guajardo.

La traducción política de la crisis económica enturbió, por otra parte, la posibilidad de tomar contacto con interlocutores oficiales. Lenzi recordó que la última reunión con el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, fue hace casi dos meses, cuando les explicó a diferentes referentes industriales los alcances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El larguísimo plazo para unidades productivas que viven "día a día".

Mossuz recordó que cayeron 5 mil industrias y que, entre las que pelean por su sobrevivencia, la cuotificación en el pago de salarios, la bajísima utilización de la capacidad instalada y la reducción horaria de trabajo conforman un paisaje frecuente.

La producción industrial en Santa Fe cayó 10,4 por ciento durante el primer semestre del año, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). De acuerdo al relevamiento del Instituto de Investigaciones Económicas de la entidad fabril en junio de 2019 y por décimo tercer mes consecutivo el nivel de actividad industrial retrocedió 2,1 por ciento interanual. La cifra es más que preocupante, advirtieron, ya que se compara con el bajo nivel de junio de 2018: -9,3 por ciento interanual.

La menor producción resultó generalizada en la mayor parte de los sectores siendo este el aspecto más contundente de la actual crisis industrial. El 85 por ciento de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe (51 sobre 60) mostraron en junio de 2019 menor nivel de actividad frente al mismo mes del año anterior.

Fuente: La Capital

Ponen en duda la continuidad de la cláusula gatillo para la administración pública

Rubén Michlig, referente de Omar Perotti en la mesa de transición, aseguró que la crisis que atraviesa la provincia plantea "un escenario nuevo" y vaticinó que vendrán "otras formas" de actualizar salarios

Los referentes de la gestión entrante analizan la crisis que desataron las medidas del gobierno nacional.    

Rubén Michlig, referente de Omar Perotti en la mesa de transición de Santa Fe, puso en duda la continuidad de la "cláusula gatillo" para la actualización de los salarios de los empleados de la provincia, debido a la "compleja situación económica que atraviesa el país" y advirtió: "No es desterrarla ni reivindicarla, se trata de un escenario nuevo y vendrán otras formas".

"Ha sido fácil negociar una cláusula gatillo en un proceso inflacionario, con una recaudación que superaba el índice inflacionario, ha sido una buena política, conveniente para el gobierno, porque incluso a partir del atraso que tiene su aplicación, le permitió ahorrar plata", explicó esta mañana Michlig, en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

Sin embargo, advirtió que "el escenario que viene es bastante complejo como para simplificar la discusión salarial en una cláusula gatillo", y explicó que "si es posible su aplicación, bienvenido sea, pero dependerá mucho con el escenario que nos encontremos a fin de año".

"La pretensión de los gremios tiene que estar en función de los recursos disponibles", enfatizó Michlig.
"Nosotros venimos señalando desde el principio de la transición las dificultades que tiene la provincia en la proyección hacia fin de año y este nuevo escenario económico no hace más que agravar esa situación", señaló el referente del gobernador electo, quien vaticinó que las medidas anunciadas por la administración de Mauricio Macri causarán un "doble efecto".

"Por un lado, dispararán la inflación y los componentes del gasto corriente de la provincia y, por el otro, van a acentuar la disminución de la recaudación en términos reales, porque el menor nivel de actividad económica que va a sobrevenir va a generar una mayor caída, al margen del impacto que tienen las medidas sobre la coparticipación de la provincia del régimen federal", señaló Michlig.

"Esto agrava un cuadro que teníamos de por sí complicado", afirmó el dirigente peronista, y detalló: "En el análisis que hacíamos antes de este efecto calculábamos un rojo fiscal de 10.500 millones de pesos, que pueden transformarse en 20, 22, 23 o 18 millones de pesos, según el nivel de gasto que sostenga el gobierno provincial. Esto es antes del efecto de estas medidas", aclaró.

Asimismo, aseguró: "El propio (ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo) Saglione reconoció en el Concejo Federal de Impuestos una caída de la recaudación del orden de los 2.500 millones de pesos, como mínimo para la provincia. Eso habría que agregarlo al rojo fiscal que ya existe, y entonces estaríamos hablando de 24 mil millones de pesos de déficit".

"Este es un valor imposible de ser financiado porque no hay mecanismos para hacerlo", insistió Michlig, y concluyó: "Hay que poner una mirada fina sobre esta cuestión. La gravedad de la situación amerita que nos pongamos de acuerdo en qué situación estamos y cuáles son las variantes que podemos encontrar para encontrar una salida que no agrave el normal funcionamiento del Estado".

Fuente: UnoSantaFe

La provincia pagará la cláusula gatillo para los estatales

Lo confirmó el gobernador en la apertura del precoloquio de Idea Región Centro.

acá. El gobernador participó del encuentro empresario.

Ante la inminente escalada de la inflación, producto de la fuerte devaluación del peso de los últimos días, el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que se activará la cláusula gatillo para que los salarios de los trabajadores estatales de la provincia se incrementen por encima del alza del índice de precios al consumidor.

Aunque la recaudación provincial viene en baja por la morosidad en el pago de impuestos y la caída de la coparticipación,a partir del reciente anuncio del presidente Mauricio Macri sobre impuestos coparticipables como Ganancias, el mandatario provincial intentó llevar un poco de tranquilidad a la población, al menos a los trabajadores estatales. Ante el crítico escenario que se vive en los últimos días aseguró que entrará a regir el ajuste que se acordó poner en práctica cuando la pauta de aumento salarial anual entre el gobierno provincial y los gremios estatales supere a la inflación.

Durante su paso por el Precoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (Idea) Región Centro que se desarrolló ayer en el Hotel Ros Tower, Lifschitz resaltó: "El momento que atravesamos nos genera muchas preocupaciones, en el corto y largo plazo, pero hay que apelar a la responsabilidad, porque si la crisis se hace más profunda, no solo complica a los que menos tienen, sino que condiciona el futuro del país".
Ante el auditorio, integrado por empresarios y directivos de las grandes compañías de la región, el gobernador propuso que "más allá de las incertidumbres" se puede avanzar "en tener un país con más desarrollo, actividad económica y empleo".

"La agroindustria y la actividad agropecuaria siguen siendo el futuro de la Argentina. Somos productores de alimentos en un mundo que los demanda. Nuestro país tiene el desafío de aumentar la productividad, y al mismo tiempo darle sustentabilidad ambiental y social a la actividad agropecuaria y agroindustrial en todo el territorio", indicó Lifschitz en un Precoloquio que reunió a muchos menos asistentes que lo habitual.

"La tecnología va a permitir lograr ese objetivo de ser más competitivos, con el apoyo de políticas públicas. El Estado tiene que volver a recuperar un rol de planificación en el mediano y largo plazo", aseveró.

Fuente: UnoSantaFe

Empujados por el siniestro de Monticas, Diputados dio media sanción a la ley de transporte

El proyecto les da 12 meses a los actuales prestatarios para adecuarse a la norma y les otorga una concesión por siete años. Luego se licitarán paquetes de rutas por 10 años. Dudas sobre los controles.

El siniestro de la empresa Monticas fue determinante para que se empiece a trabajar en cambiar la legislación.

La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que busca regular el sistema de transporte en la provincia. La actual norma data de 1934 y en los sucesivos años se le fueron poniendo parche sobre parche. El siniestro del 24 de febrero de 2017 en la ruta 33, en el kilómetro 779 –entre las ciudades de Pérez y Zavalla, cerca de Rosario, que involucró a dos micros de la empresa Monticas y que dejó 13 muertos, fue un hecho que expuso la precariedad del sistema de transporte en la provincia.

A partir de ese luctuoso suceso en la Legislatura se empezó a trabajar sobre cuatro proyectos que intentaban regular el transporte en la provincia: uno del senador Rubén Pirola –que obtuvo media sanción y pasó a Diputados–, uno del diputado Julio Eggimann, otro del entonces diputado Roy López Molina (actual concejal de Rosario) y un mensaje del Poder Ejecutivo. Con esas iniciativas se armó un único dictamen que fue transitando las diferentes comisiones hasta llegar al recinto y ser aprobado con 31 votos a favor, ocho abstenciones (del interbloque Cambiemos) y cuatro votos en contra, de los legisladores de Igualdad y Participación y del Frente Social y Popular.

Clara García fue la encargada de dar a conocer los principales puntos del proyecto de ley. La legisladora del socialismo aseguró que todas las fuerzas políticas trabajaron para darle forma al texto y que se tuvo en cuenta la voz de todos los actores vinculados al sistema, desde los empresarios, usuarios, municipios y comunas, especialistas, universitarios y técnicos.

"Este es un servicio público que atraviesa a toda la ciudadanía y requiere integralidad, ser sustentable y contar con una regulación del Estado muy estricta porque trasladan a millones de personas", dijo y remarcó el cambio que se da en las concesiones de los corredores que hasta el momento son permisos precarios.

"La concesión es uno de los puntos más importantes ya que los pliegos contarán con plazos y con una inversión que consideramos necesaria. La compra de unidades y el mantenimiento es otro de los puntos allí expresados", expresó y aclaró que el Estado tendrá un rol importante para garantizar esas inversiones y recordó que hace poco más de dos años otorgó créditos con tasa subsidiada a pymes santafesinas para la compra de unidades.

Los pliegos de concesión tendrán una vigencia de 10 años y García aseguró que la ley tiene en cuenta a las pyme locales que son prestatarias de servicios en la actualidad. En ese sentido, se establece que a partir de que el gobernador firme el decreto reglamentario de la ley las empresas que hoy están brindando servicios tendrán 12 meses para adecuarse a las nuevas exigencias que plantea la norma.

Una vez cumplido ese plazo deberán superar una serie de auditorías para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Si eso sucede, automáticamente el Estado santafesino les concesionará por siete años los servicios que vienen prestando. De lo contrario pasarán a una licitación abierta a otras empresas.

Eso está contemplado en el artículo 43 de la ley que fue uno de los más cuestionados, incluso por diputados que acompañaron la ley en general. Ese fue el caso de gran parte de los diputados del peronismo, ya que entendieron que de esa forma se estaba otorgando una concesión directa.

Por otra parte, García explicó que se armarán paquetes de corredores a licitar donde se buscará un equilibrio y que cada oferta contenga rutas con mucha demanda de pasajes junto a otras con menos atractivo para los privados. De esa manera se quiere garantizar que no queden servicios sin cobertura.

También se propone una fórmula para definir la tarifa de los servicios y que eso esté monitoreado por las universidades públicas y un consejo consultivo que crea la propia ley. Asimismo se contempla que los beneficios de descuentos y bonificaciones en pasajes que hoy tienen los distintos usuarios sigan vigentes.

Para Eggimann, la ley deja atrás una etapa de concesiones provisorias y le da un verdadero carácter de servicio público al transporte interurbano de pasajeros. Además, la regulación también avanza sobre los servicios a demanda, como los remises y los transportes escolares.

"Tenemos un modelo donde los empresarios hacen cualquier cosa. Acá planteamos una autoridad de aplicación fuerte, con controles y reglas claras para que no haya dudas de cuándo debe darse la caducidad de una concesión", dijo Eggimann y agregó: "La tragedia de Monticas la debe esclarecer la Justicia, pero marca el fin de una etapa. Nosotros estamos dando una respuesta desde la política".

Sin embargo, los controles estatales fueron uno de los ejes del debate. El radical Santiago Mascheroni preguntó de forma abierta cuáles fueron los controles sobre el sistema hasta ahora y aseguró que "hay muchas denuncias de los usuarios, que en ocasiones son llevados como ganado, que no tienen solución".

Por otra parte, planteó que la eficacia de la prestación de los servicios depende de que las empresas tengan garantizada la rentabilidad y se preguntó de qué manera se va a garantizar que las grandes empresas del transporte no se vayan a quedar con el mercado de las más pequeñas. Además, marcó que en la actualidad ya se producen inequidades en el reparto de subsidios.

En ese sentido dijo que en el norte provincial hay 607 unidades prestando servicios para recorridos que suman 5 millones de kilómetros. Mientras que en el sur hay 742 unidades registradas para el servicio interurbano con recorridos que suman 3,9 millones de kilómetros. Sin embargo, el Estado aporta en el norte $13,22 por coche y en el sur paga $23,40.

Los rechazos

El diputado Carlos del Frade (FSP) planteó que filosóficamente su bloque estaba en contra de la ley al entender que el transporte es un servicio público y no un negocio de privados que tiene que garantizar el Estado. También criticó que la inclusión de los usuarios en la ley "es en un telón de fondo" y que tendrán participación "en un consejo consultivo y no en un consejo resolutivo".

Por su parte, Rubén Giustiniani (IP), marcó dos falencias en la ley que, entiende, son centrales. La primera tiene que ver con que la norma fija que el Poder Ejecutivo tendrá un año para enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear el ente de control del sistema de transporte. Para Giustiniani la creación del ente ya debería estar en la presente ley y no dejarlo librado a un gobernador que todavía no asumió su cargo.

El otro punto cuestionado por el legislador rosarino fue que para la regulación de las tarifas no están contempladas las audiencias públicas, algo sobre lo que ya falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante los cuestionamientos, los diputados Fabián Palo Oliver dijo que no existe en la Argentina un sistema de transporte estatal y que a lo sumo puede haber casos de servicios mixtos, estatales privados. "No hay sistema si no hay rentabilidad. El Estado lo que debe garantizar es que se preste un servicio en buenas condiciones", concluyó.

En tanto, Rubén Galassi advirtió que "a veces por ir por todo o nada nos podemos quedar sin nada". Además, Galassi invitó a presentar sus propios proyectos a los diputados que no están de acuerdo con el sistema que se prevé en esta iniciativa porque "el espíritu de la misma piensa en la rentabilidad de los empresarios". También defendió que "si en 80 años no se pudo avanzar en un organismo de control y esta ley lo contempla, es un avance".

Ahora la norma está en manos de los senadores. Según confió García a UNO Santa Fe, el proyecto fue consensuado con los integrantes de la Cámara alta, por lo que no debería tener inconvenientes para ser aprobado. Luego quedará la reglamentación por parte del Ejecutivo, aunque todos prevén que eso será para el gobierno de Omar Perotti.

Fuente: UnoSantaFe

La provincia declaró asueto para el próximo lunes

La medida va en concordancia con lo estatuido por el Decreto Nacional Nº 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.

Imagen ilustrativa.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto Nº 2.348, declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para el día lunes 19 de agosto.

La medida va en concordancia con lo estatuido por el Decreto Nacional Nº 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.

Mediante la Ley Nº 27.399 se procedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por tanto, el lunes 19 de agosto será día no laborable, posterior al feriado del 17 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.

Fuente: UnoSantaFe