Martes 23 de Mayo de 2017 - 00:06:04

Media sanción para la ley que regula a empresas de seguridad privada

La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción a la ley que regula la actividad de la seguridad privada, incluyendo la vigilancia y custodia de bienes y personas físicas y jurídicas. Este proyecto fue impulsado por el diputado socialista Oscar Pieroni.

“El objetivo es regular la actividad de las empresas que brindan servicios de seguridad privada, entendiéndola como una actividad de bien público, complementaria de lo que realiza el Estado Provincial”, puntualizó el diputado venadense.

En la actualidad existen en Santa Fe alrededor de 185 agencias habilitadas, de las cuales hay unas 90 en funcionamiento, con alrededor de 8 mil vigiladores registrados, aunque se estima que hay casi un 70 por ciento más que desempeña tareas en negro.

“Actualmente, la seguridad privada no tiene una ley que la regule. Lo que tenemos es una resolución del Ministerio de Seguridad de 1991 y un decreto provincial de 1999. Distintas provincias ya han dictado sus leyes para regular la actividad, como Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. En Santa Fe se habían enviado distintos proyectos de ley para regular estos servicios, sin embargo ninguno logró la sanción por parte de esta Legislatura”, repasó Pieroni, quien además preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja.

Tomando esos proyectos anteriores y la concreción de reuniones con la cámara que nuclea a las empresas de seguridad privada, se avanzó hacia un texto consensuado donde se jerarquiza la Autoridad de Aplicación (a cargo de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia e Informaciones particulares) y se crea un registro de prestadores estableciendo las condiciones de trabajo que deben adoptar. También se regula el uso de armas de fuego y la capacitación del personal.

Los servicios

Esta ley establece una diferenciación entre los servicios que prestan las empresas. Deberán trabajar sin uso de armas aquellos que presten servicios de asesoramiento destinada a la prevención de ilícitos o siniestros, la vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y sin acceso al público.

Solo podrán utilizar armas las custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos; y aquellos que presten servicios en lugares fijos sin acceso de público.

En caso que el Estado provincial, municipal o comunal, como así también los organismos estatales quieran contratar un servicio de seguridad privada, deberán requerir certificado o informe previo extendido por la Autoridad de Aplicación, en el que conste la subsistencia de la habilitación de la prestadora, y su situación administrativa.

La ley, que deberá ser tratada por el Senado Provincial, establece que no podrán ser titulares, socios, ni directores técnicos las personas que posean antecedentes penales con condena por delitos dolosos o culposos relacionados con la actividad; y cuando sobreviene para el socio una condena por delitos dolosos o culposos con posterioridad a su solicitud de inscripción en el registro.

Tampoco pueden acceder quienes revistan o hayan revistado en los tres años anteriores como personal o funcionario en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Nacional o Provincial, Policiales, Organismos de Inteligencia, Servicios Penitenciarios o en dependencias de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal que se relacionen a cuestiones de seguridad pública.

La ley establece que las empresas de seguridad privada “deben colaborar con las fuerzas de seguridad y policiales del Estado provincial o nacional; informar a la autoridad de aplicación las altas y bajas y cambios de domicilio y proveer al personal del uniforme, vehículos y/o material autorizados”, enumeró el autor del proyecto.

En tanto, no podrán prestar servicios en los espacios públicos, salvo que fueran concesionados y fueran expresamente autorizados por la Autoridad de Aplicación; “tampoco tienen autorización para usar indumentaria, nombres, siglas, símbolos, escudos, logos o nomenclatura similar a los usados por fuerzas; ni pueden intervenir en conflictos sociales, políticos, gremiales o laborales”, completó Pieroni.

Santa Fe: la provincia más violenta del país

Un informe realizado por el PJ y presentado esta mañana por el diputado provincial Leandro Busatto da cuenta del incremento de la violencia, sobre todo desde 2012 en adelante.

Legisladores provincial del justicialismo confeccionaron un informe sobre los homicidios en la provincia desde el año 2001 a la fecha, caso por caso y desagregados con ciertos datos como rango etario, sexo y condición socioeconómica de las víctimas.

El diputado Leandro Busatto dijo esta mañana en la presentación de la estadística que Santa Fe es la jurisdicción más violenta del país, con una tasa de homicidios de 12 cada 100 mil habitantes. "En 2012 estábamos octavos, hoy estamos primeros", lamentó.

Busatto, en la conferencia, señaló que "hay datos desagregados que son muy importantes y reveladores".

"Esta información permite concluir que la provincia de Santa Fe es la más violenta del país, y la ciudad de Santa Fe es la más violenta de la provincia"."Hemos llegado a una tasa de homicidios arriba del 12% cada 100.000 habitantes", manifestó el legislador justicialista.

"De los últimos cuatro años, tres fueron los más violentos en la provincia", subrayó el diputado.

La inflación de abril fue de 2,4% en la provincia

Es en relación al mes anterior. El rubro que más se incrementó fue vivienda y servicios básicos, y en ello tuvieron particular incidencia las subas de tarifas de ASSA y Litoral Gas.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos informó que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Santa Fe registró en abril de 2017 un aumento de 2,4% en comparación con marzo pasado.

Según consta en el informe, el rubro de mayor incidencia fue vivienda y servicios básicos, con el 4,9%; seguido por indumentaria (4,8%), alimentos y bebidas (2,1%), y transporte y comunicaciones (2%).

Además, desde abril de 2016, la inflación acumulada fue de 27,7%.

Agua y gas

En sendos apartados, el informe del IPEC recuerda que "el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia autorizó a Aguas Santafesinas, según Resolución No 054/17, a aplicar aumentos de las tarifas en los meses de febrero y abril de 2017"; y que "la resolución I/4361 de Enargas establece un aumento en las facturas de Litoral Gas a partir del 1° de Abril de 2017".

El Senado declaró la emergencia para la industria láctea

La Cámara Alta dio media sanción al proyecto. Fue girado a Diputados, y será tratado en la próxima sesión.

Legisltatura de Santa Fe (Foto: El Litoral)

El primero de los temas que trató el Senado en la sesión de este jueves fue declarar la emergencia láctea en la provincia a raíz de la crisis de la empresa SanCor, y las dificultades del sector ante consecutivas inundaciones.

La norma, fue girada a Diputados, que en principio lo iba a tratar esta misma tarde pero no lo hizo.

Entre otros puntos, el proyecto contempla la emergencia por el plazo de 180 días para contribuir al sostenimiento de toda la actividad vinculada a la elaboración de productos lácteos y asegurar la continuidad laboral.

Además, propone la creación de un Fondo Especial de Ayuda a la Industria Láctea, que se conformaría con las partidas presupuestarias que a tal fin determine el Poder Ejecutivo Provincial; los aportes que realice el gobierno nacional; las donaciones efectuadas desde el sector privado.

El Senado trataría la declaración de emergencia para la industria láctea

La Cámara Alta incluyó el tema en el orden del día. Diputados abordaría la inclusión de la educación sexual en las escuelas.

A partir de las 15 estaba previsto el comienzo de las sesiones en ambas cámaras de la Legislatura.

En Diputados se trataría la regulación de las empresas de seguridad privada y el proyecto de ley para integrar la educación sexual en los establecimientos educativos.

En tanto, en la cámara Alta se podría declarar la emergencia de la industria láctea en la provincia y se aplicarían modificaciones en el Código de Faltas de Santa Fe, entre otros temas.