Martes 25 de Abril de 2017 - 11:30:14

Henn pidió que reglamenten la Ley del Médico Rural

El diputado provincial por la UCR-NEO presentó un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que reglamente la Ley de Médicos Rurales que crea el Sistema Provincial de Estímulo para los trabajadores de Salud (SPTESR). Cabe destacar que el pedido del legislador fue aprobado por unanimidad en el recinto de la cámara de diputados.


La normativa registrada bajo la ley Nº 13.520 -más conocida como la Ley de Médicos Rurales- fue aprobada por la legislatura santafesina a finales del 2015 y promulgada, a través del boletín oficial, en enero de 2016.
El objetivo de la mencionada ley es crear el Sistema Provincial de Estímulo para los Trabajadores de la Salud que se desempeñan en ámbitos Rurales. Dicha herramienta tiene como fin garantizar la calidad de la atención médica de la población que vive en zonas rurales y/o inhóspitas y capacitar a los profesionales en el alto nivel científico, atendiendo fundamentalmente a mejorar la cobertura y calidad de la asistencia médica centrada en la promoción, protección y recuperación de la salud de la población de zonas rurales de la provincia de Santa Fe.
Al respecto, el diputado Jorge Henn expresó que “la reglamentación de la ley de Médicos Rurales es un aporte fundamental en materia de salud provincial, sobre todo si tenemos en cuenta que en Santa Fe existen cerca de 200 localidades que se consideran rurales -menos de 2000 habitantes-, con una población aproximada de 180.000 personas”.
“Esta masa poblacional es atendida por unos 153 médicos rurales, los cuales, en algunos casos, no tienen la carga horaria máxima que es de 44 horas semanales, lo que dificulta aún más la atención del total de pobladores” concluyó el legislador.

Declaran inconstitucional el decreto que endureció las salidas transitorias de presos condenados

Lifschitz limitó los egresos a reincidentes y autores de delitos graves. Una jueza dijo que eso cercenó derechos que presos tenían al ser condenados

delitos y penas. La jueza Valenti entendió que el decreto afecta el principio de socialización y el de igualdad.

Un decreto con el que el gobernador Miguel Lifschitz pretendió en noviembre limitar las salidas transitorias de los presos que cumplen condena fue declarado inconstitucional por una jueza santafesina. La discusión giró sobre el caso concreto de un detenido en Coronda que tuvo una calificación de conducta negativa de parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), en base a los nuevos criterios que fijaba el decreto, lo que le impidió el egreso de esa cárcel.

La magistrada a la que le tocó dictaminar señaló que la decisión del gobernador le quitó al preso en cuestión un derecho que tenía en el momento de ser condenado, lo que supone una aplicación retroactiva de la norma, cosa que no es aceptable. Además cuestionó al gobierno diciendo que atenta contra la rehabilitación de los internos que se esfuerzan para reinsertarse. Y lo criticó al sostener que no se puede admitir que por episodios de la coyuntura política se caiga en la tentación de agravar las penas o modificar las pautas en que las condenas se ejecutan.

Lagunas

Hace cuatro meses el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, anunció en rueda de prensa junto al gobernador que la provincia aspiraba a ordenar las lagunas legales que había en las leyes que regulan las condenas. Mediante el decreto 4127/16 se modificaron aspectos que endurecían o limitaban en algunos casos la salida de la cárcel de sentenciados.

Para el Secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, se apuntaba a evitar la salida prematura de condenados que no estén en condiciones de obtener ese beneficio. La idea rectora de la entonces flamante norma era que el concepto con que se evalúa al que pide la salida fuera un correctivo calificatorio que evitara el egreso anticipado de reincidentes, multirreincidentes, ofensores sexuales o autores de delitos aberrantes.

Reincidente

El hecho concreto detrás del fallo es el de un preso llamado Walter R. que es un condenado por una amenaza con un arma de fuego, declarado reincidente. En determinado momento de su pena obtuvo salidas transitorias pero como incumplió el compromiso de retornar al ser capturado perdió el beneficio.

Pasado el tiempo estuvo en situación legal de pedir otra vez las salidas. Pero al hacerlo ya regía el decreto 4127/16 que indica en su artículo 127 que al reincidente se le baja el concepto, con lo cual el juez de Ejecución negará el egreso. Por eso a Walter R. le rechazaron el pedido pese a que no tenía ningún informe negativo en su contra.

La defensora pública rosarina Daniela Asinari dijo que tal cosa era inconstitucional y apeló en una audiencia en los Tribunales de Santa Fe. Señaló que la ley no hace ninguna distinción entre reincidente y no reincidente y que sólo establece en qué momento de la pena, con fines de rehabilitación, un condenado tiene derecho a requerir salidas.

También remarcó que su defendido había hecho un esfuerzo muy grande adentro de la cárcel para superarse y observar un buen comportamiento. La fiscal Guillermina Aiello estuvo de acuerdo en que el artículo 127 no podía ser aplicado a condenados por hechos anteriores al decreto de noviembre pasado.

Finalmente la jueza Sandra Valenti, tras escuchar a las partes, declaró inconstitucional el artículo 127 del decreto, con lo que pidió que se volviera a calificar la conducta de Walter R.

Para la jueza el decreto cambia líneas básicas de la política penitenciaria que repercute en forma sustancial en la ejecución de la pena de los internos. Y lo hace de manera cuestionable porque modifica las reglas de juego quitando derechos que el preso tenía de antemano.

La jueza Valenti entendió que no pueden con un decreto "excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves pues no sólo afecta el principio de resocialización sino el de igualdad".

El interno no tenía ningún reproche de conducta tras haber retornado a prisión pero perdió la posibilidad de salir porque la norma de noviembre le bajaba el concepto por ser reincidente. Ese obrar de parte de la institución penitenciaria fue, para la jueza, contraria a la lógica y por ello arbitraria. Con ello, para la magistrada, el Estado conspira contra la rehabilitación del interno, que para ello obtiene salidas, y por lo tanto termina segregando.

Parches y polémica

En el momento de dictarse el decreto, el gobierno alegaba que los distintos parches en el sistema de ejecución de las condenas habían creado enormes desatinos. Estos posibilitaban que traspusieran las puertas de las cárceles internos que no estaban en condiciones de retornar a la vida social.

Estaba fresco el caso de Ricardo Albertengo, un preso con una condena a 37 años que había logrado, de manera legal, una salida transitoria. En esa situación quedó acusado de asesinar a un policía en marzo de 2016. Por una declaración de reincidencia no podría haber alcanzado la libertad condicional pero por un bache en la legislación no tenía trabas para alcanzar salidas transitorias.

El caso de Albertengo produjo una acalorada polémica pública y preparó el camino para el decreto dictado por Lifschitz. Los defensores públicos reaccionaron con ira. Señalaban que un hecho excepcional como el de Albertengo había gestado una norma que de manera injusta afectaba a una mayoría de condenados que se esforzaban por reinsertarse.

Extralimitado

Asinari, que es responsable de la Unidad de Defensa de Ejecución Penal de la Defensoría Regional de Rosario, destacó la solidez del fallo. "Lo que dijo la jueza tiene fundamentos que lo extienden a todos los casos de condenados que cumplen pena en la provincia y obligan al Servicio Penitenciario a no aplicar el decreto de noviembre pasado. El Poder Ejecutivo se extralimitó. En el sistema jurídico argentino la razón de ser de la pena es la resocialización de las personas. Un decreto como este conspira contra ese objetivo porque dificulta al máximo las nuevas oportunidades al reincidente o al que cometió delitos graves. Se inspira en conceptos peligrosistas que niegan la esperanza en el hombre generando incentivos perversos que alientan el no esfuerzo, el no cambio".

La justificación de la norma

El pasado 6 de diciembre el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni presentaron el decreto. Este último precisó que la norma intentaba fijar criterios más precisos para evaluar el concepto de cada recluso. Y darle a los jueces una normativa más precisa para fundamentar el otorgamiento de las salidas transitorias. "Conducta es no cometer faltas disciplinarias en el penal. Concepto es para la ley la evaluación sobre la posible reinserción social del condenado", dijo. Se señaló que bajaba el concepto la reincidencia, la evasión o quebrantamiento de una regla de soltura (no retornar de una salida transitoria), el no retorno de una salida y el cumplir condena por delitos sexuales.

Buscan sumar a la provincia al capital accionario del nuevo Banco de Santa Fe

El oficialismo ingresó a la Legislatura un proyecto que apunta a recuperar "una herramienta clave para el desarrollo económico y social"

en diputados. Galassi

El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó ayer un proyecto de ley que aspira a que la Casa Gris tenga participación en el capital accionario del Banco de Santa Fe SA.

La iniciativa autoriza al gobierno de Miguel Lifschitz "a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe, así como su integración en el directorio y/o sindicatura de la entidad".

El legislador expresó que la medida "apunta a que el Estado provincial pueda tener participación en una entidad financiera que promueva la producción, asista a empresas y ayude a modificar la matriz productiva" ya que, a su entender, "son muchas las políticas que se pueden encarar estando sentados en una misma mesa".

"Están dadas las condiciones para que la provincia pueda volver a tener injerencia en las decisiones del banco, pensando en fomentar créditos a pequeños productores y pymes, y por qué no líneas hipotecarias, que otros bancos están lanzando", señaló Galassi.

El proyecto también contempla que "el Ejecutivo informará periódicamente a las Cámaras legislativas acerca del avance de las medidas, acciones y/o gestiones que se desarrollen".

"Desde hace 20 años, cuando se avanzó con la privatización del banco, Santa Fe se privó de una herramienta clave para el desarrollo económico y social: el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, la generación de empleo y la posibilidad de tener una provincia integrada en todos los aspectos", indicó el diputado.

Santa Fe fue de las primeras provincias en desprenderse de su herramienta financiera, en el marco de los procesos de privatización y liquidación de entidades públicas encarados en la década del 90.

Sin embargo, a pesar de haberse instalado un paradigma de crecimiento económico que despreciaba lo público, las privatizaciones no fueron implementadas de manera automática por todas las provincias ni organismos gubernamentales.

Con particular intensidad en el sector de la banca pública, hubo provincias y municipios que resistieron y mantuvieron sus entidades financieras en la órbita estatal, como Buenos Aires, la Capital Federal y la Municipalidad de Rosario.

Luego de un proceso que arrancó a fines de la década del 70 y que involucró durante años acciones de "vaciamiento del capital del banco, desacreditación social de sus trabajadores y aprobación de operaciones financieras de dudosa confiabilidad, entre otras maniobras", se aprobó el 7 de marzo de 1996 la ley de privatización.

Esa jornada estuvo signada por la represión a los trabajadores que se movilizaron frente a la Legislatura santafesina para oponerse a esa medida. Finalmente, en 1998 llegó la venta del Banco Provincial al capital privado.

"La propuesta de aumento a los municipales es insuficiente y está lejos de la realidad"

Lo dijo Antonio Ratner, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, al argumentar la medida de fuerza por 48 horas a partir de mañana.

La cúpula de la Festram rechazó el ofrecimiento de los intendentes. 

Los trabajadores municipales de toda la provincia rechazaron la nueva oferta salarial que hizo el gobierno y ratificaron el paro anunciado para mañana y el jueves. Antonio Ratner, secretario general del Sindicato Municipal de Rosario, dijo que la propuesta "es insuficiente y está lejos de la realidad".
En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, el líder de los municipales rosarinos sostuvo que la propuesta de aumento que hicieron los intendentes y presidentes comunales (22 por ciento en dos pagos) "es insuficiente para el sector y está lejos de la realidad. Tenemos el sueldo congelado desde hace 8 meses. En este país en ocho meses hubo aumentos de tarifas de productos de la canasta familiar, de obras sociales. En todos los rubros se han registrado aumentos en forma constante".
"Cuando uno va a una reunión para discutir una mejor salarial y le ofrecen el diez por ciento a partir de marzo entiende que hay algo mal. Porque el 22 por ciento sería una cifra global, pero lo real es que se cobraría el 10 por ciento en marzo y el 12 restante en julio. Creo que ese porcentaje está lejos de la realidad", afirmó.

NO HUBO ACUERDO CON LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

La Festram confirmó ayer la medida de fuerza por 48 horas (para este miércoles y jueves) de los trabajadores municipales en la provincia de Santa Fe, al no haberse llegado a un acuerdo entre la representación gremial y los municipios y comunas, en el marco de la negociación paritaria.


El secretario de Gobierno municipal, Jorge Lagna, dijo que ni bien finalizó la reunión con la Festram, que la misma "no fue positiva", ya que "le hicimos una oferta ventajosa, con un aumento el 22% y un salario mínimo garantizado que es muy importante", y además se comprometían (municipios y comunas) a pedirle a la Provincia la suba de las asignaciones familiares; sin embargo no llegó el gesto de la federación que agrupa a los municipales.
El ofrecimiento de los representantes de municipios y comunas (entre ellos Venado Tuerto) fue el siguiente:

- Incremento de un 22% en dos tramos (10% en marzo y 12% en julio), más una cláusula de ajuste automático si la inflación medida por el IPEC supera ese porcentaje.
- Incremento mínimo garantizado en 3.100 pesos para las categorías más bajas. Eso supone que quienes menos incremento perciban recibirán esa cifra aunque el 22% aplicado a sus salarios resultara inferior.
- Solicitarles formalmente a los dirigentes de los trabajadores que levanten la medida de fuerza y se vuelvan a sentar en la mesa paritaria el jueves próximo a las 12, en Santa Fe, para seguir discutiendo.

Conciliación obligatoria
A su vez, el plenario de secretarios generales de la Festram resolvió rechazar la conciliación obligatoria por considerar que los argumentos del Ministerio de Trabajo de la provincia “no se ajustan a las causas que generan el conflicto del sector, que además son de igual naturaleza que motiva a otras organizaciones sindicales a idéntico proceder; las cuales no fueron alcanzadas por estas mismas decisiones ministeriales”, según expresa en un comunicado.