Miércoles 18 de Julio de 2018 - 13:40:27

Cambiemos dice que Bonfatti "pone cuestiones ideológicas por delante del interés de los santafesinos"

El diputado provincial Federico Angelini le respondió a su colega y exgobernador por sus críticas a la propuesta que hizo Nación para pagar la deuda que mantiene con la provincia por coparticipación.

El diputado provincial del macrismo respondió a su par socialista Antonio Bonfatti. 

Desde Cambiemos le respondieron al exgobernador Antonio Bonfatti por sus críticas a la propuesta de la Nación para pagar con obras públicas la deuda que mantiene con Santa Fe.
El diputado provincial Federico Angelini dijo que el legislador socialista "pone cuestiones ideológicas por delante del interés de los santafesinos".
Bonfatti, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, criticó la propuesta nacional para pagar con obras públicas la deuda que mantiene con Santa Fe por coparticipación. "Es un chiste que no resiste ni un Tribunal de Cuentas", sentenció el también presidente del Partido Socialista.
Según Bonfatti, lo que intenta hacer el gobierno nacional con la provincia "es como hacer las obras con plata prestada del otro. Financiar con nuestra plata las obras de las rutas nacionales 33, 34, 11 y el puente Santo Tomé, es un chiste que no resiste ni un Tribunal de Cuentas".
En declaraciones al programa Procopio 830 que se emite por La Ocho, el también diputado provincial y a la vez presidente del PRO en Santa Fe, Federico Angelini, remarcó que "lo de Bonfatti no me sorprende. Este tipo de apreciaciones surgen cuando se ponen cuestiones ideológicas por delante de los intereses de todos los santafesinos".
"Llegamos a un acuerdo con la provincia por el pago de una deuda histórica que tuvo el kirchnerismo con Santa Fe, en donde el gobierno central de esa época le quitaba el 15 por ciento de la coparticipación. A partir del 1º de enero de 2016 se pudo pagar todos los meses a Santa Fe, nunca faltando al compromiso que se asumió con la justicia y también cumpliendo el compromiso que se asumió ante el gobernador", dijo Angelini.
El legislador macrista expresó que "a partir de ese momento se iniciaron charlas, conversaciones; se firmó el acuerdo fiscal, donde se asumió un compromiso por parte del gobierno nacional que era acercarle una oferta formal de pago a la provincia. Entonces se empezó a negociar y ahora se está llegando a un acuerdo, que es algo muy positivo, tanto para Nación como para Santa Fe. Dejamos atrás la judicialización y restablecimos relaciones. Entiendo que Bonfatti extrañe sus contactos con Axel Kicillof, Aníbal Fernández, esa relación que tenía con el kirchnerismo. Ahora los tiempos van por otro lado".

Deuda: Santa Fe acepta el pago con obras pero con cláusula de garantía

En los últimos contactos para cumplir con el fallo de la Corte, la provincia pidió que se emitan bonos cuando haya un incumplimiento. La Nación ofrece cancelar $31.900 millones en bonos, más $54 mil millones en obras.

Acuerdos. El gobernador Lifschitz y el ministro Frigerio mantuvieron varias reuniones por la deuda de la Nación. 

Son tantos los incumplimientos del gobierno nacional, que Santa Fe exigirá que en el acuerdo por la deuda de coparticipación federal que está a punto de acordarse se incluya una cláusula que obligue a la Nación a emitir un bono a favor de la provincia cada vez que no se hagan en tiempo y forma algunas de las obras que por 54 mil millones de pesos se comprometerá a concretar en territorio santafesino entre 2019 y 2022.

Ese punto forma parte del último borrador que se está discutiendo con la Nación y que prometía cerrarse a principios de este mes. Pero no es el único. Resta acordar otro ítem que refiere a algún mecanismo de actualización para los 31.900 millones de pesos que se propone cancelar solamente en bonos.

Este es el monto de deuda que reconoce la Nación. El reclamo santafesino fue por 54 mil millones de pesos, ya que al monto original de 22 mil millones de pesos se le aplicó una actualización. Para superar esa diferencia se acordó que la provincia acepte el cálculo nacional, que será saldado con bonos, pero a cambio recibirá una compensación en obras por 54 mil millones de pesos. Es decir que al final recibiría 86 mil millones de pesos, en títulos y en infraestructura.

Recta final

Por estas horas, la actualización de los bonos y la cláusula de garantía son las dos únicas diferencias que restan salvarse para que se rubrique el acuerdo que ponga fin a la disputa que inició Hermes Binner en 2009 y que tuvo un fallo a favor por parte de la Corte nacional después de casi seis años de trámites, cuando la gestión de Miguel Lifschitz estaba a punto de iniciarse.

Un consenso firmado hasta por el presidente de la Nación Mauricio Macri postergó hasta el 31 de marzo pasado una propuesta definitiva sobre cómo pagar esa deuda que asciende —actualizaciones mediante— a 54 mil millones de pesos.

Recién 15 días antes del vencimiento de ese plazo, el gobierno nacional convocó a la provincia a la primera reunión. El resto fueron sucesivas dilaciones que incluso pusieron un manto de duda sobre si convenía seguir por el camino de las negociaciones o volver a la Corte Suprema.

El gobierno santafesino se inclinó hasta ahora por el diálogo, casi como un mensaje de que la política tiene que arreglar este tipo de diferencias mientras se pueda. "Cuando Binner fue a la Corte no le habían dejado otra salida", explican desde el oficialismo.

¿Es bueno o no tanto?

¿Cómo evaluar este acuerdo? Un opositor podría decir que Santa Fe se conforma con poco: de los 22 mil millones de pesos que era la deuda a valores históricos se le reconoce bastante menos de lo que la actualización indica (31.900 millones de pesos). Alguien con mayor favoritismo podría hacer otro cálculo: que no sólo se pagará en bonos un interesante importe de lo adeudado, sino que a modo de compensación se harán obras estructurales que elevarían el total de lo recibido a casi 86 mil millones de pesos.

El que no las hace, las paga

El problema ahora es la desconfianza. Si no se cumple ese compromiso, ¿cómo se reclama? Y ahí aparece la propuesta de la provincia de incluir una cláusula que obligue a un rápido desembolso para que al gobierno nacional le convenga hacer las obras prometidas, porque si incumple deberá pagarlas en bonos.

La idea sería determinar un monto por año para poder controlar la ejecución de las obras y, en su defecto, emitir un bono por la diferencia a favor de la provincia.

El otro punto que no tiene aún acuerdo es el de la actualización de los bonos una vez que se empiecen a amortizar. Vale recordar que son a 12 años y con tres años de gracia, es decir en los que no se paga nada, entre el 2019 y el 20121. El concepto es el mismo, que los montos acordados no pierdan poder adquisitivo en una economía inflacionaria.

Sobre este punto, en la última reunión entre las partes la Nación sólo había aceptado reconocer la mitad de las pretensiones de la provincia.

Hasta ayer no había agendada ninguna nueva reunión entre la provincia y la Nación, pero los encuentros en los que se avanzó en este acuerdo en general fueron repentinos. Ambas partes admiten su interés en darle un cierre cuanto antes.

Discusión legislativa

Santa Fe también adelantó que piensa someter el acuerdo que se rubrique a la aprobación legislativa de las dos cámaras, y se entusiasma en comentar que el actual gobernador podría haber disminuido sus pretensiones y privilegiado que ingresaran fondos durante su gestión de gobierno.

Prefieren mostrarlo como un gesto de madurez institucional en la provincia, ya que el grueso de este acuerdo va a beneficiar a las gestiones que sucedan a la actual administración de Miguel Lifschitz.

Las claves de la negociación

Las claves de la negociación con el gobierno nacional son:

 La provincia no recibirá dinero en efectivo.

 A valores históricos la deuda por coparticipación era de 22 mil millones de pesos.

 La última actualización eleva esa cifra a 54 mil millones.

 Nación reconoce 31.900 millones y ofrece cancelarlos en bonos (12 años y 3 de gracia)

 Para compensar ofrece financiar obras por $ 54 mil millones más.

 Santa Fe exigió que se hagan en tres años, entre 2019 y 2021.

El gobierno apuesta a jerarquizar la formación de los futuros maestros

El concurso de ingreso de este año tiene una instancia "de oposición" consistente en la entrega de un proyecto escrito y defensa oral. Se busca la calidad en los llamados "formadores de formadores"

El gobierno apuesta a jerarquizar la formación de los futuros maestros

Este año, el Ministerio de Educación de la provincia apuesta a jerarquizar el plantel de los docentes de los institutos de profesorados, mediante un concurso de ingreso a las horas cátedra titulares, que consta de una instancia de oposición (evaluación), tal y como suele ocurrir cuando se realizan concursos de ascenso a cargos directivos.
La titularización de horas de Nivel Superior tiene dos instancias. Una de ellas tuvo lugar este lunes 2 de julio, en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe, donde titularizaron 238 cargos (secretarios, prosecretarios, bibliotecarios, ayudantes de trabajos prácticos, jefes de trabajos prácticos) de los institutos superiores públicos de toda la provincia.
En tanto, para el concurso de ingreso a las horas cátedra docentes, los aspirantes deben preparar "proyectos escritos" para la cátedra donde quieren titularizar sus horas y luego deben sortear instancia de defensa oral.
"La calidad en la formación docente es una preocupación actual en materia educativa, razón por la cual el Gobierno santafesino apunta a un concurso docente «superador» para aquellos que se encargan de formar a los futuros maestros", destacó la ministra de Educación, Claudia Balagué.
En este marco, la titular de la cartera educativa hizo un repaso de las distintas acciones que se vienen llevando adelante para potenciar el Nivel Superior, tanto de modalidad técnica como del magisterio: "Mientras en otros lugares se están avasallando los institutos de formación docente, en Santa Fe los estamos jerarquizando: titularizamos cargos y horas, y editamos, en conjunto con Flacso, una colección de alrededor de 15 mil libros de pedagogía destinada a la formación docente, que saldrá en breve".
Balagué indicó además que se está haciendo una histórica inversión edilicia, para que alrededor de 20 institutos superiores cuenten con su edificio propio. Solo en la ciudad de Santa Fe ya se inauguró el edificio del Instituto Superior Nº 12, y está en proyecto el del Instituto Superior Nº 8 "Almirante Brown".
Concurso de cátedras
En el concurso de ingreso docente a horas cátedras, hay un total de 1.552 docentes admitidos, que presentaron 3.165 proyectos, dado que por persona se presentan a más de una cátedra.
Actualmente, tribunales zonales de evaluación –conformados por docentes jubilados y en actividad propuestos por los propios institutos– están haciendo la revisión de los escritos presentados bajo seudónimo. Para los meses de agosto-setiembre, tendrán lugar las instancias de defensa oral. Finalmente, con las calificaciones obtenidas, más los antecedentes, se elaborará el escalafón para la titularización.
"Hemos hecho una capacitación previa sobre la epistemología de la ciencia que dictan los aspirantes, a los fines de construir el proyecto de cátedra, que será concursado con un tribunal de evaluadores. Es un proceso inédito que nos enorgullece", valoró, por su parte, el secretario de Educación, Oscar Di Paolo.
El funcionario explicó que ahora se están concursando las horas cátedra de los Profesorados de Nivel Inicial, Primario y Tecnologías. "Mientras que en la última acta paritaria también hemos acordado con los gremios, el concurso de casi todos los Profesorados de Secundaria, un nivel para el cual estamos absolutamente convencidos de que el concurso traccionará en una mejora de la calidad educativa", añadió Di Paolo, al tiempo que dijo que se usará la misma mecánica de concurso.
Transparencia
Los 154 miembros evaluadores de los proyectos de cátedra dictaminarán de manera "cruzada", es decir, los de una zona corrigen a los profesores de otra región y no a los de sus propios institutos. El proceso también contará con veedores de otras provincias "para que tenga absoluta transparencia", dijo Di Paolo.
"Este modelo evaluador supera incluso a los concursos que se hacen en las universidades, dado que hay un proyecto escrito que tiene un seudónimo para ser evaluado con imparcialidad y habrá una devolución que va a permitir incluso rectificar el proyecto, para pasar luego a una defensa oral, ahí sí con la identidad del aspirante. La instancia oral va a tener mayor puntaje que la escrita, y la nota final será un promedio entre ambas", detalló el funcionario.

La provincia posibilitó la realización de 135 trasplantes

Fue a través de 58 donantes de órganos y tejidos pertenecientes al territorio santafesino.

 GSF

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), indicó que en el primer semestre de 2018 lograron trasplantarse 135 personas que estaban en lista de espera a partir de donaciones de órganos y tejidos que tuvieron lugar en el territorio santafesino.

Asimismo, informó que las estadísticas registradas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) dan cuenta de que en estos seis meses hubo 30 procesos de donación de órganos y 28 de tejidos en Santa Fe, a partir de los cuales accedieron al trasplante 72 pacientes que esperaban órganos, 52 de córneas y 11 de válvulas cardíacas.

El director provincial del Cudaio, Martín Cuestas, destacó que “la mayor parte de estos implantes tuvieron lugar en instituciones públicas y privadas de alta complejidad de nuestra provincia. Pero también algunos órganos y tejidos se destinaron a centros de trasplantes en otros lugares del país, siguiendo criterios de asignación del sistema nacional, que es preciso y contempla diversos factores, como la gravedad de los pacientes, la compatibilidad y la ubicación geográfica de cada caso particular”, explicó.

A nivel nacional, en el mismo período del año se produjeron 279 donaciones de órganos y 265 de tejidos, las que posibilitaron 666 implantes de órganos, 458 de córneas y 64 de válvulas cardíacas. La lista de espera del Incucai tiene 7725 pacientes para trasplante de órganos y 2967 para tejidos.

Además, Cuestas señaló como un dato particular que la cifra de ablaciones de páncreas en Santa Fe fue la que más aportó al trasplante renopancreático: 7 sobre un total de 34. “Si bien no se trata de la práctica más concurrida, la procuración de páncreas es una intervención de alta complejidad que requiere de mucho cuidado, dedicación y profesionalismo. Es un trabajo más caracterizado por la calidad que por la cantidad, y es esencial para el tratamiento de cuadros muy complicados, por lo que es necesario destacar a los efectores santafesinos donde se obtuvieron estos bloques de páncreas y riñón: el Hospital Cullen de Santa Fe, y el HECA (Hospital de Emergencias 'Dr. Clemente Álvarez') y el Sanatorio de Niños de Rosario”.

ONCE DONANTES EN JUNIO

Durante el último mes se registraron once procesos de donación en Santa Fe, de los cuales cuatro fueron de órganos y siete de tejidos. De esos procesos, cinco tuvieron lugar en el HECA, dos en el Cullen, a la vez que se realizó un proceso de donación en cada uno de los siguientes efectores: Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Sanatorio Garay de Santa Fe, y Hospital Centenario y Sanatorio Americano de Rosario. A partir de estos donantes se realizaron nueve implantes de órganos, nueve de córneas y una de válvulas cardíacas.

Por último, desde el Cudaio se remarcó “el trabajo riguroso y consciente del personal de cada efector, así como la colaboración de la Policía provincial, la Guardia Urbana y las direcciones de Tránsito”.

Cómo serán los juicios por jurado que los legisladores quieren para Santa Fe

Este jueves la Cámara de Diputados podría darle media sanción al proyecto de ley que instaura ese tipo de juicio para los delitos graves. Estarían integrados solo por ciudadanos, con doce titulares y dos suplentes. Se elegirían por sorteo en base al padrón electoral. Cuáles son los puntos que aún se discuten.

La imagen es ilustrativa.

En la Cámara de Diputados se está buscando consensuar cinco proyectos de ley para introducir en la provincia los juicios por jurados del tipo tradicional. Eso significa que solo se conforma por ciudadanos y que excluye una composición mixta, con jueces profesionales.
Luego de recibir dictamen en la comisión de Presupuesto, la iniciativa pasó a la de Asuntos Constitucionales, el último peldaño antes de llegar al recinto. La redacción que unifica el proyecto del Ejecutivo con los de los diputados Ariel Bermúdez (CC-ARI-FPCyS), Gabriel Real (PDP-FPCyS), Leandro Busatto (FPV-PJ) y Julio Eggimann (Juntos por Santa Fe-PJ) tiene un gran consenso general. Sin embargo, hay detalles que aún están en debate y en eso están trabajando los once diputados que integran la comisión que preside el socialista Rubén Galassi, uno de los mayores impulsores para que la iniciativa se trate este jueves.
Eggimann dijo que esto fue planteado en la Constitución Nacional de 1853 y ratificado en la reforma constitucional de 1994. Mientras que, en 2006, cuando se empieza a plantear en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal, la Legislatura se comprometió a encarar los juicios por jurados. "Varios países de Europa, Brasil y, en Argentina, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, ya tienen este tipo de juicios", le dijo a UNO Santa Fe el legislador y afirmó que esto significará "una democratización de la Justicia" ya que "el Poder Judicial le da la posibilidad a los ciudadanos de ser jurados a través de una mecánica transparente de un sorteo".
Por su parte, el radical Santiago Mascheroni plantea algunas revisiones a la iniciativa tal como salió de Presupuesto. En diálogo con UNO Santa Fe dijo que entre los puntos en discusión se encuentran la exclusión del robo calificado entre los delitos que se deberían juzgar con jurados. También puso en cuestión el procedimiento de las mayorías en caso de que se estanque el jurado por primera y segunda vez; que se omite qué participación va a tener el querellante "que no está en la redacción actual" y también fijar cuándo se puede recurrir una acción ya que el dictamen preveía solo el caso de los sobornos y "hay quienes piensan que hay que sumar los casos de las amenazas directas a los miembros del jurado o a sus familiares o allegados".
De acuerdo al dictamen que tuvo el proyecto en la comisión de Presupuesto –y que podría sufrir algunas modificaciones en la comisión de Constitucionales–, los delitos que deberían someterse a este tipo de juicios son los siguientes: los que tengan previsto en el Código Penal la pena de reclusión o prisión perpetua; los cometidos con dolo o preterintención que hayan tenido como resultado la muerte de una o más personas; las torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos; los abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante; la promoción y facilitación de la corrupción de menores de 13 años de edad o cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
La función de jurado será tanto un derecho como una carga pública de los ciudadanos en condiciones de prestarla. En el proyecto se fija que el jurado esté compuesto por 12 integrantes titulares y dos suplentes. El número propuesto surge a partir de estudios sobre las experiencias que existen en otras partes del mundo y obedece a que una mayor cantidad de miembros podría entorpecer las decisiones del jurado y un número menor no conseguir una gran legitimidad en la toma de decisiones.
Además, se establece que la renuncia a ser juzgado con jurados solo procederá en caso de expreso pedido del acusado y siempre que dicha renuncia sea aceptada por los acusadores, por los eventuales coimputados y por el juez. Ante la negativa de cualquiera de ellos, el juicio será obligatoriamente hecho por jurados y abarcará a todos aquellos otros delitos que concurran e integren la acusación. En caso de silencio del imputado, el juicio se terminará por jurados.

Quién puede ser jurado
Por otra parte, en el borrador que están analizando los diputados santafesinos también se fijan los requisitos que deben cumplir las personas para ser jurados. En primer lugar se requiere para integrar el jurado ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional.; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a dos (2) años en la circunscripción judicial correspondiente.
Mientras que entre quienes no podrán cumplir funciones como jurado por resultar incompatibles: están el gobernador, el vicegobernador y los intendentes; los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios equivalentes de los municipios y comunas, hasta el rango de director o su equivalente; los senadores y diputados nacionales y provinciales, los concejales y los funcionarios de los poderes legislativos nacional, provincial y municipal, hasta el rango de director o su equivalente; los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Pupilar, Fiscal o de la Acusación, o de la Defensa Pública; quienes ocupen cargos directivos en un partido político o sindicato legalmente reconocido; los abogados, escribanos y procuradores, en ejercicio y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal; los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad; los ministros de un culto reconocido; el fiscal de Estado, el contador general, otros funcionarios de igual rango; el presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia y sus similares en los municipios, y el defensor del pueblo titular y los defensores adjuntos, provincial o municipales.

Cómo se arma un jurado
El proceso estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia que confeccionará cada dos años, por sorteo en audiencia pública utilizando el padrón electoral vigente, los listados principales de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en esta ley, discriminados por circunscripción judicial y por sexo, a razón de dos o eventualmente más jurados por cada mil (1.000) electores masculinos y femeninos empadronados en el padrón electoral actualizado.
Si las circunstancias del caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el tribunal podrá disponer que los integrantes del jurado no mantengan contacto con terceros o con medios de comunicación durante todo el curso del juicio, disponiendo el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos pertinentes. En este caso, se deberán arbitrar las medidas necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado en lugares diferentes por sexo, debiendo un oficial de custodia hombre acompañar a los jurados masculinos y una oficial de custodia mujer a los jurados femeninos. Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos serán cubiertos por el Estado o resarcidos inmediatamente.
En el proyecto también se establece la posibilidad de que los integrantes del jurado perciban una remuneración, si así lo solicitan. Ese derecho alcanza tanto a las personas que se desempeñen como jurados titulares o suplentes y el pago será en la suma de un jus (medida de pago judicial) por cada día de servicio.
Asimismo, los empleadores de las personas que integren un jurado deben conservarlos en sus cargos mientras dure el juicio y mantener sus privilegios y derechos laborales correspondientes como si hubieran prestado servicio durante ese lapso.
Las personas que resulten designadas como jurado, si no tuvieran una causal de excusación que fuere aceptada por el juez, deberán aceptar el cargo bajo apercibimiento de que el incumplimiento de dicha obligación lo harán pasibles de una multa que en ningún caso podrá ser inferior al sueldo básico del juez del juicio.
Cómo se da el veredicto
En cuanto al modo de pronunciarse sobre el veredicto –"no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable"–, el proyecto de ley establece que debe hacerse por unanimidad, dando de ese modo el mayor grado de certeza posible. En caso de no arribarse a la unanimidad, se contempla una mayoría agravada de diez votos.
También se contempla la posibilidad de un veredicto parcial, que se da ante la posibilidad de que haya múltiples acusados. En ese caso, el jurado puede rendir un veredicto en cualquier momento de sus deliberaciones respecto de aquel acusado por el que hayan llegado a un acuerdo unánime.

Mientras que si el jurado no puede acordar en todos los hechos imputados respecto de cada acusado, podrá rendir un veredicto respecto de aquellos hechos en los cuales hayan llegado a un acuerdo unánime.
Contra el veredicto de no culpabilidad y la sentencia absolutoria correspondiente, no se admite recurso alguno, salvo que el acusador demuestre fehacientemente que el veredicto de no culpabilidad fue producto del soborno, conforme a las reglas del recurso de revisión.
Una de las posibilidades que se puede presentar en un juicio es que el jurado no alcance la unanimidad o la mayoría agravada, lo que significaría una traba para el avance del juicio. En ese caso el juez deberá informar de ello a todas las partes y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con la acusación. En caso negativo, absolverá al acusado. En caso positivo, el jurado volverá a deliberar y si continuase estancado, se procederá a su disolución y se dispondrá la realización del juicio con otro jurado. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.
Si bien Mascheroni reconoce que con el tiempo las leyes necesitan una actualización, en este caso cree que aún en esta etapa se puede perfeccionar el texto antes de que pase a tratamiento en el Senado. "En una provincia donde le balean la casa a un juez, hay que tener cuidado porque si en el fallo pedimos unanimidad y si no una mayoría agravada de 10 sobre 12, eso puede terminar en una absolución", advirtió.
Al ser consultado sobre las pautas de protección para los integrantes del jurado, Mascheroni dijo que se les "darán todas las necesarias" y aseguró que el jurado deberá estar frente a los acusados tal como lo hace hoy el juez. "El jurado no emite opinión ni señal alguna más que tomar apuntes durante todo el juicio. En el momento de fallar se reúnen a solas, bajo total protección y aislamiento del exterior, y en un tiempo razonable tienen que producir un veredicto. Pero puede haber situaciones de coacción y de soborno que hay que preverlas. Pero la protección es absoluta".
Sobre los tiempos que puede demandar un juicio por jurado, Mascheroni explicó: "Hay dos etapas: el juicio propiamente dicho, que puede ser igual al que tiene hoy un juicio con un tribunal. El fiscal aporta los elementos probatorios que incriminan y la defensa busca sus mecanismos. Luego vienen los alegatos de la parte acusadora y de la defensa. A partir de ahí se clausura el procedimiento y pasa el tribunal a deliberar. En este caso sería el jurado que deberá deliberar en un tiempo razonable, uno, dos, cinco días, hasta que lleguen a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad".
En tanto, Eggimann, al ser consultado sobre si la sociedad santafesina está preparada para enfrentar este desafío, respondió: "Yo creo que sí. hay prejuicios que se van a ir superando. En Córdoba ya hay más de 300 juicios desde 2005; en Buenos Aires, más de 35 desde 2013 y en Neuquén, más de 30 desde 2014. Estas posiciones tan conservadoras que excluyen a la comunidad de la democratización de la Justicia se van a ir cambiando con el tiempo y con esta verdadera escuela de la democracia que hace que la gente se involucre directamente en este tipo de asuntos".
Por último argumentó: "Las comparaciones que se han hecho entre jueces del sistema y los jurados populares han coincidido en un 98%. Incluso acá van a ser doce miradas contra una sola de un juez, por lo que hay mayor imparcialidad y hay muchas menos posibilidades de que se ejerzan presiones. Creo que va a ser algo enriquecedor, que va a democratizar la Justicia y que va a significar un salto institucional importante. Hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ratificó la validez de estos juicios".