Lunes 19 de Agosto de 2019 - 17:50:30

El Gobierno denunció a los pilotos por exponer su conflicto a través de los altoparlantes

Lo hizo a través de la ANAC en una denuncia presentada este jueves contra los pilotos por "enviar mensajes políticos" durante los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno denunció a los pilotos por exponer su conflicto a través de los altoparlantes

A través de la Administración Nacional de Aviación Civil, el Gobierno denunció este jueves en la Justicia a los pilotos que hablaron por altoparlantes para difundir su conflicto gremial.

El titular de la ANAC, Tomás Insausti, presentó el escrito este jueves en el que pide que " se analice si las conductas desarrolladas implican la posible comisión de un delito de acción pública, en su caso, si se habría puesto en peligro la seguridad de las aeronaves en los términos del art. 190 del Código Penal, como así también si existió alguna vulneración a la libertad ambulatoria de los pasajeros o su situación anímica".

Durante esta semana los pasajeros de Aerolíneas Argentinas escucharon por el altavoz de los aviones mensajes de los pilotos que dejan al descubierto el desguace de la política aerocomercial del Gobierno .

"Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", dice el mensaje.

Este jueves, el titular del gremio de los pilotos (APLA), Pablo Biró dijo que: "Si el Gobierno quiere escalar, el conflicto va a escalar. Esto termina mal. Cuando digo termina mal es porque al no tener voluntad de diálogo ni de revertir las políticas equivocadas, profundizan los conflictos, yo lo había anticipado que termina mal porque hay una provocación permanente, extranjerizan la aviación, toman medidas perjudiciales para nuestros puestos laborales y la conectividad de los usuarios".

Fuente: Minutouno

Un informe clave podría demorar nuevas demandas para recuperar bienes por unos $ 6.700 millones por extinción de dominio

Los fiscales de todo el país deben informar sobre las causas en trámite. Pero faltan muchos datos. Ese informe demora la creación de la Procuraduría especializada y otros recursos pendientes

Los bienes secuestrados al clan Loza.

La primer demanda por extinción de dominio llevó meses de trabajo conjunto entre fiscales de distintos fueros, funcionarios de la Procuración, y el aporte de varios ministerios. Se eligió un caso testigo: el clan Loza, una banda que traficaba drogas a España. Hubo un trabajo intenso para individualizar los bienes de la banda y cotizarlos: casi 80 autos y propiedades repartidos en varias provincias. En poco tiempo, un juez ordenará la subasta de esos bienes y el dinero ingresará a la arcas del Estado. Se calcula una suma cercana a los 800 millones de pesos, sin descontar los gastos de todo el proceso. La demanda por ahora es solo un caso aislado. ¿Por qué? Todavía no se terminó un informe sobre las causas en trámite previsto por el DNU aprobado en enero pasado. Su finalización depende de las respuestas de todos los fiscales del país. Ese informe, engorroso y lento, permitirá la creación de la Procuraduría especializada en extinción de dominio, que se encargará de presentar todas las demandas.

El anuncio de la primera demanda fue festejado dentro del Gobierno porque permite ver los resultados concretos de la lucha contra la corrupción en medio de la campaña.

Se conformó un equipo de fiscales ad hoc porque todavía faltan recursos y presupuesto para crear la Procuraduría especializada.

En realidad, la conformación de ese organismo depende de un relevamiento de causas. El articulo 21 del decreto 62/2019 determinó que la Procuración debe realizar "un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite". El plazo inicial eran 60 días, aunque las previsiones hablan de varios meses más de trabajo.

¿Por qué? La Procuración le pidió la información a los fiscales de Cámara de todo el país, que a su vez le solicitan a los fiscales de primera instancia. Ellos son los encargados de individualizar las causas en condiciones de extinción de dominio. Luego, esos datos son cruzados con otros datos aportados por las Procuradurías especializadas

En el medio, hay una disputa silenciosa por los recursos necesarios para poner en marcha la Procuración especializada. Las primeras previsiones hablaban de una estructura similar a la PROCELAC, con unos 60 contratos. Desde el Ministerio de Justicia pidieron reorganizar los recursos existentes y esperar hasta que finalice el relevamiento del artículo 21.

No es todo. La Procuraduría sobre extinción de dominio requiere lugares físicos disponibles. "Ya estamos solucionado ese tema con alquileres específicos", responden en el Ministerio de Justicia.

Con esas diputas por resolver, la primera demanda surgió de un grupo de fiscales ad hoc integrado por Miguel Ángel Gilligan (Fiscalía 6 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal), Pablo Nicolás Turano (Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 1) , y el titular de la PROCUNAR Diego Iglesias.

Uno de los autos que podrían ser rematados en poco tiempo.

La demanda incluye una descripción detallada de cada uno de los los bienes que se encuentran actualmente secuestrados sobre el clan Loza. El listado incluye 45 inmuebles, más de treinta vehículos de alta gama, motos, joyas, dinero en efectivo.

La causa del clan Loza está a cargo del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien en diciembre pasado dispuso el procesamiento de doce de los acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas. Y les trabó embargos por 7.400 millones de pesos.

Ahora, un juez del fuero civil y comercial federal deberá emitir una sentencia de extinción de dominio o rechazar el pedido del Ministerio Público. Si el proceso avanza, el manejo de los bienes quedará en manos de distintos organismos.

El artículo 13 del DNU prevé que el remate de los bienes muebles e inmuebles quede a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya comenzó a recibir bienes secuestrados en causas de corrupción como los aviones de Lázaro Báez o algunas propiedades de Daniel Muñoz.

Uno de los dos aviones que tenía Báez será rematado en agosto (Lihueel Althabe)

En cambio, el dinero en efectivo será depositado en una cuenta especial y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona en la ANSES.

La solución podría alterarse si el proceso penal no termina con una condena. En ese caso, el decreto prevé un fondo especial para reparar a los dueños de los bienes. "La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero", dice el artículo 12 del decreto.

En el Ministerio de Justicia y en la Procuración remarcan que la puesta en marcha del DNU sobre extinción de dominio necesita un tiempo de adaptación. Sus consecuencias son impensadas. Un relevamiento de la Oficina Anticorrupción determinó el Estado podría recuperar unos $ 6.700 millones, pero esa cifra abarca solamente las causas en que las que ese organismo actúa como querellante.

Fuente: Infobae

Macri sumó al presidente del default: Adolfo Rodríguez Saá apoya a Juntos para el Cambio

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá, que de esta manera empezó a preparar su salto formal al oficialismo, de la mano del precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

Adolfo Rodríguez Saá

El cinco veces gobernador de San Luis, de efímero paso por la Presidencia durante de la crisis de 2001, se sumaría al bloque de Juntos para el Cambio en la Cámara alta.

Rodríguez Saá se convertiría así en otro de los senadores peronistas con los que Pichetto busca fortalecer el armado interno del oficialismo en la Cámara alta, como son los casos del salteño Juan Carlos Romero, el sanjuanino Roberto Basualdo o de los neuquinos Lucila Crexell y Guillermo Pereyra.

“El Adolfo”, tal como lo conocen los puntanos, se encuentra enfrentado con su hermano y gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por el poder en la provincia.

Ambos se enfrentaron en las elecciones a gobernador pero el ahora macrista quedó tercero, detrás de su colega y referente de Cambiemos en San Luis, Claudio Poggi.

Rodríguez Saá fue proclamado presidente interino por la Asamblea Legislativa tras la renuncia del recientemente fallecido Fernando de la Rúa. En su discurso inaugural anunció que el “Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”. Los compromisos fueron regularizados por los canjes de 2005 y 2010 con Néstor y Cristina Kirchner como presidentes.

Fuente: Minutouno

Cristina pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al juez federal Claudio Bonadio ir a jucio oral en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

Cristina Fernández de Kirchner.

La precandidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al juez federal Claudio Bonadio ir a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas.

Ante el pedido de consulta que hizo el magistrado para ver si restaba alguna medida de prueba, el abogado de la senadora nacional, Carlos Beraldi, mostró su conformidad para que el expediente pase a un tribunal oral, aunque se despachó con duras críticas a Bonadio.

En ese marco, cuestionó el modo en que se llevó adelante la investigación y confió en que en el juicio oral se podrá demostrar la inocencia de su defendida, que está acusada de liderar una asociación ilícita que cobró sobornos.

En el escrito, Beraldi advirtió sobre lo que considera es "la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar" la cadena de "ilicitudes" de la investigación.

La causa de los cuadernos de las coimas investiga el rol de la senadora como presunta jefa de una asociación ilícita, en el marco de pago de sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo.

La defensa de la exmandataria consideró "imprescindible" pasar a la instancia de juicio oral para así exigir "una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna".

Fuente: Ambito Financiero

Eliminan el roaming en la región

Los países del Mercosur acordaron avanzar en la eliminación del adicional que se aplica a las comunicaciones que los usuarios de celulares realizan en el exterior. El acuerdo debe ser ratificado ahora los parlamentos de cada país. 

Sin el roaming no habrá que pagar extra por el uso del servicio desde otro país. 

Los países del Mercosur ratificaron un acuerdo para avanzar en la eliminación del cobro del servicio de roaming internacional en los teléfonos celulares de los usuarios de la región. Para que la medida se concrete, debe ser aprobada por los parlamentos de cada país. Una vez puesta en marcha, los usuarios pagarán los mismos precios del país en el que residen pese a estar en otro lugar de la región.

El objetivo es reducir los costos para optimizar la comunicación en el bloque regional dado que no será necesario abonar un precio extra a la compañía de telefonía para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar internet.

El acuerdo fue confirmado en el marco de la cumbre que se desarrolla en Santa Fe, donde Mauricio Macri hará el traspaso de la presidencia pro témpore del grupo al mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

"Hemos logrado un acuerdo en materia de roaming", anunció el canciller Jorge Faurie, quien remarcó la necesidad de “transformar” el bloque según las “necesidades” de los países que lo integran.

Para que la eliminación del roaming se pueda concretar, los parlamentos de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay deben aprobarla. Por este motivo no hubo precisiones respecto de los plazos de implementación ni de cómo impactará en las empresas.

Desde mayo de 2020 también se eliminará el cobro de ese servicio entre los usuarios de Argentina y Chile, según un acuerdo firmado entre Macri y su par de Chile, Sebastián Piñera.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, también se pronunció sobre la reducción de los costos en la reunión del Consejo del Mercado Común. En ese marco se iniciaron los trabajos del Grupo Ad Hoc para Examinar la Consistencia y Dispersión del Arancel Externo Común (AEC) con el fin de modificar la actual alícuota.

"Esta es una tarea vital para el bloque, porque el AEC es uno de nuestros principales instrumentos constitutivos. Y es una ocasión histórica, porque es la primera vez desde que el AEC se instauró hace 25 años que abordamos la tarea de realizar una revisión integral del mismo", dijo Reyser.

Fuente: Pagina12