Lunes 21 de Enero de 2019 - 02:52:38

Ya rige el impuesto a la renta financiera: pagarán plazos fijos y bonos

Es para las inversiones que se hicieron durante 2018.

Aunque entre los operadores bursátiles había una esperanza de que el Gobierno encontrara la forma de demorar el impuesto para un mejor momento económico, finalmente este jueves se publicó la reglamentación del llamado impuesto a la renta financiera, mediante el decreto 1170.

La norma, que surgió de la última reforma tributaria realizada a través de la ley 27.430 y a instancias de la oposición, grava con el Impuesto a las Ganancias actividades financieras que antes no estaban alcanzadas, como los intereses y las utilidades que obtienen las personas por sus inversiones en plazos fijos, fondos de inversión y títulos públicos, entre otros. Para estar alcanzado por el impuesto, las ganancias deberán superar los $ 66.917,91,
El gravamen rige para los beneficios obtenidos a partir del 1 de enero de 2018 y el año fiscal cerrará el 31 de diciembre próximo, es decir que se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por todas operaciones realizadas durante el año.

Resta ahora que la AFIP publique la reglamentación fina (lo haría en enero) en donde se determine cuándo habrá que ingresar el tributo y de qué manera. Lo más probable es que sea en el mes de junio de 2019 y que para ello se tenga que confeccionar una liquidación aparte de la que se hace para la general del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas.​
El apuro y las dudas de los operadores se debía a que temen que la nueva norma espante a los ya espantados inversores y se hundan más los bonos y el riesgo país.

Las tasas de los plazos fijos fueron variando durante el año, y la inflación podría llegar al 48% anual, sin embargo el rendimiento que tuvieron estas inversiones puede haber estado, en promedio, por debajo de la inflación, lo que provoca que tenga que pagarse impuesto sin haber obtenido una utilidad real.

A pesar de la elevada inflación anual, esta desvalorización no se descuenta del rendimiento obtenido. De esta forma una persona podría obtener intereses por plazos fijos y superado el nivel anual de rendimiento por $ 66.917,91 (intereses), tendría que pagar el 5% sobre el monto excedente, a pesar del alto porcentaje de inflación anual que hubo. Para las operaciones que se realicen en el 2019, el mínimo no imponible sube a $ 104.735,77.
Operaciones gravadas
Los intereses que obtienen las personas físicas por los plazos fijos y por los fondos de inversión, en pesos, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, a la alícuota del 5%.

En cambio, si esas inversiones se realizan en dólares o con cláusulas de ajuste pagarán el 15%.

Esta medida tendrá un mínimo anual a partir del cual se deberá tributar de $ 66.917,91 (mínimo no imponible); los bancos no lo retuvieron porque les sería muy difícil determinar el momento que ese importe es superado por cada inversor. Por ese motivo lo más probable es que para esos casos los depositantes que hayan superado el mínimo no imponible, tengan que presentar y pagar el importe del impuesto cedular anual junto con la declaración jurada de Ganancias.

Lo mismo sucede con las utilidades que se obtengan por la venta de títulos públicos, que desde este año deberán pagar el 5% de Ganancias, cuando la inversión sea en pesos, o el 15% para las inversiones en moneda extranjera y con cláusula de ajuste.

El valor de costo a computar será el último precio de adquisición o el último valor de cotización que los valores poseían al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor de ambos. En estas operaciones también se descuenta el mínimo no imponible anual que se usa para los depósitos.

Antes de la reforma ya venían gravados los resultados por las ventas de acciones (sin cotización) y de participaciones societarias al 15%. Queda gravada también la renta obtenida por las inversiones en monedas digitales o criptomonedas.
Si se trata de un fondo integrado por una cartera mixta, el tratamiento impositivo de toda la inversión será el mismo cuando la participación de una inversión sea de por lo menos el 75% de total.

La única inversión que continúa exenta de impuestos es la transferencia de acciones que cotizan en bolsa y los mínimos intereses de caja de ahorro obtenidos por las personas humanas. Tampoco hay que pagar impuesto por la utilidad obtenida en concepto de diferencia de cambio originada por moneda extranjera (dólares o euros).

Determinación de la Ganancia
Para establecer la ganancia neta de las inversiones hay que partir de la ganancia bruta, a la que en primer lugar se le descuentan los gastos que directa o indirectamente están relacionados con ellas. Luego, al resultado obtenido se le computa el quebranto de la misma naturaleza correspondiente a ejercicios anteriores, que en este año como es el primero no existe.

Por último se descuenta la deducción especial anual que asciende este año a $ 66.917,91, proporcionándose a cada tipo de inversión. Luego se aplica la tasa del 5% o del 15%, según el tipo de rendimiento de que se trate, en pesos o en moneda extranjera y cláusula de ajuste.

Bonos
En el caso de compra de títulos, en uno de los últimos artículos del decreto para el 2018 se le da la opción al inversor de computar el interés obtenido contra la pérdida que hubo entre el valor de compra del título con el de la venta.

Este agregado de último momento permite que no se deba pagar impuesto por el interés, en los casos en que existió pérdida en la operación de venta del bono.

"Hay que llamar al Consejo del Salario para actualizar el piso"

El cotitular de la CGT Héctor Daer rechazó el intento del Gobierno de insistir con una reforma laboral y en cambio reclamó adecuar el mínimo.

Héctor Daer.

La CGT prevé un 2019 áspero con la administración de Mauricio Macri por los eventuales intentos de reflotar la reforma laboral y responderá a ese planteo con un contraataque: “Antes de emprender cualquier cambio en la legislación, a pedido del FMI, el Gobierno debe llamar otra vez al Consejo del Salario para actualizar el monto”, dijo Héctor Daer, cosecretario general de la central obrera. El dirigente rechazó, además, la eventual fijación de nuevos topes en la ronda de paritarias del año que viene.

“Es una vergüenza que el salario mínimo haya quedado en 25% cuando la inflación ya le pasó por encima a ese número. En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el Gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario”, completó el dirigente en diálogo con Ámbito Financiero. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió por última vez en agosto y fijó una suba del piso de 25% en cuatro etapas, la última de las cuales se cobrará en junio de 2019.

El reclamo de Daer contestó una serie de amagues del Ejecutivo de reanudar el año que viene en el parlamento un debate que alimentó desde el arranque de la actual gestión, pero que no se plasmó hasta ahora en el recinto por los avisos del peronismo de que no acompañaría la iniciativa una vez que la CGT, quiebres internos mediante, no prestase su consentimiento.

El proyecto, según los borradores que discutió con el Gobierno la central obrera, contemplaba una profunda flexibilización de los mecanismos de contratación y despido y consagraba la facultad empresarial de tercerizar actividades hasta ahora vedadas por la normativa vigente. A cambio, el oficialismo había ofrecido aprobar una salvaguarda para las obras sociales y las prepagas contra los juicios de sus afiliados. El debate parlamentario también incluía un relanzamiento de las pasantías y un amplio blanqueo laboral para empresarios que tuviesen a sus trabajadores bajo condiciones por fuera de la ley.

Respecto del salario mínimo, que desde agosto había salido de la agenda del Gobierno y de la CGT por completo, al menos hasta ahora, tiene un alcance inicial acotado a unos 100 mil trabajadores registrados pero no regidos por convenios colectivos, aunque su importancia es clave en otros aspectos: uno de ellos es que oficia de referencia indirecta para cuentapropistas y empleados no registrados para renegociar -en caso de tener algún margen- sus ingresos. El otro rubro, de mayor interés para el Ejecutivo, es que el piso salarial consagrado en ese ámbito actúa como gatillo sobre el valor de los planes sociales, que de forma automática se ajustan en igual proporción, y sobre los salarios docentes, cuyo mínimo debe estar al menos 20% por encima del monto acordado.

Sobre este último punto, cualquier variación del salario mínimo tendría repercusión directa no sólo sobre sus 100 mil representados directos sino, sobre todo, en los ingresos de 700 mil beneficiarios de planes sociales y 800 mil docentes de todo el país. De acuerdo con lo planteado por Daer, la CGT podría pedir un ajuste extra de entre 15 y 20 puntos para homologar el SMVyM a la evolución de los sueldos que este año se discutieron en paritarias y que, en general, registraron subas que acumularon entre 40% y 47%.

El referente del gremio de Sanidad adelantó, de paso, que la CGT rechazará cualquier pauta para las negociaciones salariales del año que viene. Aunque el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, avisó que el año próximo no habrá topes, días atrás hubo dos sindicatos, el de encargados de edificios (Suterh) y el de empleados entidades civiles y deportivas (Utedyc), que adelantaron sus acuerdos con subas de 23% “El Gobierno no puede pretender un techo a las paritarias si alimenta la inflación todos los meses con las subas de tarifas”, recalcó el cotitular de la CGT.

La central sindical no tiene por el momento una agenda de actividades hasta fin de año y tampoco para el arranque de 2019, con excepción de algunos encuentros informales entre dirigentes. Más allá del reclamo de Daer, el eje central de la “mesa chica” de la CGT pasará por el alineamiento político de sus miembros frente a la coyuntura electoral.

Sobre este punto una corriente mayoritaria ubica a los gremialistas involucrados en las negociaciones por una única oferta electoral del PJ, una alternativa que de momento encuentra obstáculos severos como Sergio Massa, del Frente Renovador. De hecho, Daer, exsocio de Massa, se incorporó hace poco a la Comisión de Acción Política del peronismo en un pie de igualdad con su histórico rival interno Hugo Moyano, que blanqueó hace tiempo su inclinación a favor de una nueva candidatura de Cristina de Kirchner.

En el trazo grueso, hay mayor sintonía con la exmandataria de los “gordos” de la CGT y de los opositores al Gobierno que formaron el Frente Sindical por el Modelo Nacional, que integran, entre otros, los Camioneros de Moyano, los mecánicos del Smata, los bancarios y la Corriente Federal de Trabajadores, así como la CTA de Hugo Yasky. En tanto que Luis Barrionuevo se mantiene como respaldo de Massa y al mismo tiempo alimenta una eventual candidatura de Roberto Lavagna, mientras que los “independientes” aparecen, como novedad, divididos en este plano: Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez se muestran cerca de las opciones alternativas del peronismo, mientras que José Luis Lingeri parece apostar a la estructura partidaria junto a los “gordos”.

Frenan los PPP El parate de la obra pública afectará al transporte y al sector eléctrico

La postergación de los proyectos afecta inversiones ferroviarias y energéticas.

Nacieron como un vehículo para atraer miles de millones de dólares. Eran la esperanza oficial para mejorar rutas, trenes, autopistas y tendidos eléctricos. En un primer paso, las empresas iban a destinar US$ 6.000 millones en corredores viales, para luego destinar otros US$ 4.500 millones en otras obras de infraestructuras.

El Gobierno apostó a que los programas de Participación Público Privada (PPP) serían su tabla de salvación para obtener dólares frescos en medio de la devaluación y el parate de la economía. Con la adjudicación de los corredores viales, arrancó la carrera para desembolsar US$ 6.000 millones. Los consorcios ganadores ya arrancaron con el capital propio, pero les falta la financiación a "largo plazo", es decir con préstamos de bancos internacionales.

Se estima que cuentan con dinero para bancar el 10% de las obras, pero les falta el otro 90%. "Todavía quedan siete meses para que obtengan ese dinero", tranquilizan desde fuentes oficiales.
La decisión de poner "en espera" compromete otros proyectos. Uno de los principales es la Red de Expresos Regionales (RER), presupuestada en US$ 2.300 millones. También una línea de transmisión eléctrica que uniría Mendoza (en la localidad de Río Diamante) con el noroeste de Buenos Aires (Charlone), a la que se iban a destinar US$ 650 millones.

Por el tren norpatagónico (también denominado Vaca Muerta, ya que unirá Añelo con Bahía Blanca) hay versiones contrapuestas. En el Ministerio de Transporte, bajo la órbita de Guillermo Dietrich, dicen que "sigue en pie". Otras fuentes oficiales especifican: "Todos los pasos previos, de convocatorias a las petroleras, integración con las líneas de trenes de carga y trabajos previos, continuará. Pero no hay fecha para el llamado a licitación". Allí se calculaba un desembolso de US$ 780 millones.
Dietrich, era uno de los principales impulsores de estos PPP. El secretario de Energía, Javier Iguacel, también los alentaba en su área.

Además de los RER, Transporte esperaba avanzar en la modernización de las líneas Urquiza y Belgrano Norte, junto con la segunda etapa de los corredores viales. En la Secretaría de Energía contaban con otras cinco líneas de transmisión en sus planes. Todo deberá esperar.

El Gobierno realizó presentaciones ante inversores del exterior buscando fondos para PPP. Fue entre fines de 2017 y comienzos de 2018, cuando el dólar estaba calmo y el riesgo país parecía controlado. La devaluación carcomió esas expectativas. Los bancos que se comprometieron a financiar los PPP viales ya no están seguros de poner plata en Argentina.
Aunque se otorgaron seis corredores viales, sólo en uno de ellos comenzó la actividad. En el Gobierno dicen que los restantes también iniciarán sus tareas. El banco estatal BICE está armando una infraestructura para los PPP viales, tratando de salvar el efecto de los cuadernos con manuales de "riesgo reputacional".

Los consorcios ganadores les dicen a funcionarios que no están consiguiendo la financiación esperada. A medida que sube el riesgo país, los bancos de inversión se alejan del país. Las compañías cuentan con dinero propio para arrancar las obras, pero no mucho más que eso.
El armado e implementación de los programas PPP recae sobre José Luis Morea, gerente general del BICE. Esa entidad es encabezada por Francisco Cabrera, ex ministro de Producción. Las decisiones administrativas y regulatorias de PPP corresponden a Jefatura de Gabinete.

Aunque no hubo manifestaciones públicas al respecto, en el Gabinete se comenta que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no veía a los PPP con simpatía. También se susurraba que el FMI era contrario a este mecanismo.

El Ministerio del Interior tenía también una obra (la represa Portezuelo del Viento) bajo esta modalidad, pero la sacó de PPP y la pasó a una licitación "tradicional".

Para Melconian, el riesgo país sigue subiendo por "una duda" en la economía

"No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú", subrayó.

Para Melconian, el riesgo país sigue subiendo por una duda en la economía

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, atribuyó la suba del Riesgo País a "una duda" respecto de la economía argentina.

El indicador que elabora el JP Morgan escaló esta semana a niveles históricos y se ubicó el viernes en las 822 unidades.

En ese escenario, el ex funcionario sostuvo que "nadie tiene un ´medidómetro´ para decir" los motivos por los que se eleva el Riesgo País.

Sin embargo, subrayó: "No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú".
"Mi justificación tiene que ver con la economía. Hay una duda en la transición", resaltó Melconian, quien minimizó el impacto de las caídas en Wall Street en el indicador.

De ese modo, puntualizó: "Si uno va a Nueva York, se da cuenta que tiene un peso relevante", pero aclaró: "Tiene una ponderación, pero no es el justificativo mayor de lo que está pasando".

También puntualizó que en este momento "están quienes quieren poner énfasis en el terreno político", mientras insistió: "Como una ponderación mayor está la economía".

En diálogo con Radio Mitre, recomendó "tratar de predecir si va a empeorar o mejorar" en el tiempo.

Por otro lado, se refirió a la realización del G20 y señaló: "Con todas las cuestiones de signos de interrogación que tenía la cumbre, salió muy bien y punto".

"El que se quiere subir a ese colectivo para mostrar que somos campeones, es otra cosa. Quien pensó eso, pensó mal", cuestionó.

También criticó a quienes buscan "vender espejitos de colores" y advirtió que "la gente empieza a descreer".

Según su consideración, "no es un momento en donde haya escenario propicio para efectuar cambios que aseguran credibilidad y apoyo político".

En un fallo adverso para el Gobierno, la Corte Suprema declaró inconstitucional el índice que utiliza Anses para calcular jubilaciones

El único magistrado que votó en contra fue el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Los restantes cuatro se pronunciaron a favor de la aplicación inmediata de un índice que beneficiará a 150 mil jubilados. Además, le solicitaron al Congreso que fije por ley un nuevo criterio

El fallo contará con los votos positivos de los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti

En un fallo adverso para el Gobierno y clave para los jubilados y pensionados, la Corte Suprema de Justicia ratificó que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones deben actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción). De esta forma, declaró inconstitucional la aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que es utilizado por la Anses desde 2016 y que había sido establecido por varias resoluciones del Gobierno.

Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Higton de Nolasco conformaron el voto de la mayoría. Carlos Rosenkrantz —presidente del tribunal— fue el único que votó en contra.

La aplicación del ISBIC para la actualización de las remuneraciones —que luego son tomadas para calcular el primer haber jubilatorio— se debe realizar sin el límite temporal de la Ley de convertibilidad 23.928 que la Anses había fijado en 1995.

La Corte, además, ordenó que el Congreso de la Nación fije, "en un plazo razonable", el indicador para la actualización de los salarios —que luego se usan para el cálculo del haber inicial— en el período 1995-2008. Mientras tanto, estableció que esa actualización se realice por aplicación del ISBIC, el índice que tuvo mayor variación entre abril de 1995 y febrero de 2009: se incrementó un 435% contra 178% del RIPTE, un indicador conformado por los salarios promedio de los trabajadores registrados. De este modo, el criterio de la Corte deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite.

Highton, en un voto concurrente con la mayoría, consideró que tanto la resolución de Anses 56/2018, como la de la secretaría de Seguridad Social 1/2018, habían sido dictadas por dichos organismos sin tener la competencia para hacerlo. En disidencia, Rozenkrantz, consideró que la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo y que podía ejercerla el Poder Ejecutivo a través de la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social.

La decisión de la Corte sobre qué índice debe usar el Estado para actualizar las jubilaciones responde a un caso puntual, el de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el 2003. Pero podrá ser tomada como jurisprudencia para los casos iniciados antes de agosto de 2016. También podría disparar reclamos para parte de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema y que sus haberes fueron actualizados por el RIPTE. En cambio, no abarcará los casos de los que ya aceptaron la Reparación Histórica.

El fallo podría ser tomada como jurisprudencia para al menos otros 150.000 casos

Según sostuvo semanas atrás el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se verá mucho más favorecido con la aplicación del índice ISBIC para calcular el incremento de sus haberes, ya que cobraría el 59% de su salario como trabajador activo, mientras que con el otro mecanismo pasaría a recibir el 46 por ciento.

Antecedentes

Hasta el año 2008, Anses no aplicaba ninguna actualización a los salarios posteriores a 1991, cuando entraban en el promedio de 10 años —120 últimas remuneraciones— para calcular el primer haber jubilatorio. Esto motivó que se iniciaran miles de juicios de reajuste que colapsaron el fuero de Seguridad Social.

Frente a los reclamos, la Corte Suprema en 2009 determinó un método de actualización de salarios —en el caso del jubilado Alberto Elliff— a través del ISBIC. Sin embargo, la Anses consideró que en esa época había un "vacío legal" en materia de actualización de remuneraciones y solicitó la aplicación del otro indicador, lo que fue rechazado.

La elección de la variable de ajuste es clave para el cálculo de las jubilaciones

Ahora, la Corte Suprema, declaró "de oficio" la inconstitucionalidad de las resoluciones de Anses y la Secretaria de Seguridad Social (56/2018 y 1/2018) donde se ratificaba el uso del RIPTE. Consideraron que estos organismos se arrogaron una facultad exclusiva del Poder Legislativo Nacional.

A través de su jurisprudencia, la Corte reconoció la autoridad del Congreso para legislar respecto de "jubilaciones y pensiones móviles".

Para la Corte, la elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia por tener "directa incidencia sobre el contenido económico de las prestaciones".
Desde el Gobierno, el lunes pasado aseguraron que el fallo no debería tener un impacto desde el punto de vista fiscal y económico en las arcas públicas durante los próximos años. Así lo aseguro el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica: "Tenemos que esperar el fallo. Es acotado a un caso individual, eso no cambiaría las condiciones ni impactaría en el equilibrio presupuestario", afirmó.

La decisión sobre el índice de actualización pasará ahora al Congreso

Si bien el fallo de la Corte no establecerá el mecanismo de pago, puede ser en efectivo o a través de la emisión de un título de la deuda pública ajustable, se estima que el costo inicial para las arcadas del Estado sería de unos $100.000 millones, a un promedio de $667 mil por beneficiario.

En el Presupuesto 2019 se previó una partida de $34.538 millones para el pago de unas 40.000 sentencias judiciales en firme, con un régimen de prioridad basado en la edad del beneficiario y la presencia de enfermedades terminales.
Adrián Tróccoli, abogado previsionalista, aclaró que los nuevos juicios no se verán afectados por el fallo de este martes. "Se decidió el índice de cálculo de las remuneraciones para la base de las jubilaciones, el sueldo promedio de los últimos 10 años. Pero desde 2009 los sueldos están bien calculados", explicó.

Sin embargo, advirtió que algunos jubilados que recibieron, por ejemplo, el beneficio en 2014, pueden tener algunos años mal calculados. "Los reclamos que van entre 2002 y 2009, por remuneraciones mal calculadas, ya se hicieron o firmaron la reparación histórica", aseguró Tróccoli.