Sábado 20 de Abril de 2019 - 04:19:05

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“La gente tiene que aguantar”

El Presidente aseguró que el dólar “sube lo mismo en todas partes” y restó toda responsabilidad del Gobierno por la crisis cambiaria.

“Una pyme no puede crecer con una tasa del 70 por ciento”, concedió Macri sin ofrecer solución.

Mientras el peso se derrumbaba frente al dólar y la cotización de la divisa establecía nuevos records una hora tras otra, Mauricio Macri le restó toda importancia al tema y consideró que las políticas económicas de su gobierno son totalmente ajenas a este fenómeno. Las razones, a su criterio, debían buscarse en el exterior. “Es muy importante que entendamos que nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo en Brasil, en Turquía, en todas partes. Hay cosas que tienen que ver con el mundo, hoy nosotros tenemos una política monetaria seria, vamos a tener un superávit comercial de 10 mil millones de dólares, el turismo receptivo no para de crecer todos los días. Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, lo que no significa que si el mundo se devalúa frente al dólar, nosotros no devaluemos”, indicó el presidente de la Nación, durante una entrevista con una radio de Córdoba, adonde viajó para participar del Congreso de la Lengua. “Nunca hay tanta oscuridad como en el segundo antes de amanecer”, reflexionó, y luego lanzó una sugerencia para afrontar la crisis: “La gente tiene que aguantar, tenemos que tirar juntos de este carro”.
En su comentario, al aludir a la suba del dólar en los países emergentes en el día de ayer -en la región se verificó en Brasil, Chile y México, entre otros-, no tomó en cuenta que el derrumbe argentino es generalizado, viene reproduciéndose en ocho jornadas consecutivas y alcanza una dimensión que supera varias veces la de sus países vecinos. Caen las acciones en el mercado local, los ADR de empresas argentinas en Nueva York, los bonos de la deuda, mientras el Banco Central sube las tasas a niveles insostenibles para la economía real (hoy la ubicó en 67,75 por ciento anual) sin poder ni siquiera así contener la suba de la divisa.

Por otra parte, los buenos resultados que el gobierno espera obtener en comercio exterior y en turismo no llegarían a compensar la corriente de salida de divisas por fuga de capitales, que en estas horas parece estar acelerándose con la dolarización de carteras de los principales fondos que operan financieramente en la plaza argentina. Precisamente, esta fuga de divisas es la que determina el grave déficit en la balanza de pagos que, año a año desde 2016, fue compensado con un aumento del endeudamiento externo.

Macri, en la entrevista que brindó a Cadena 3, y luego en un dialogo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, tuvo otras definiciones económicas. “Hoy estamos saliendo del golpe del año pasado, el campo nos está dando un empujón con la cosecha”, señaló, sin referirse a la retención de liquidaciones de los exportadores frente a la perspectiva de un dólar que sigue subiendo sin techo. Este comportamiento está provocando una retracción de la oferta de dólares que empuja aún más la suba de la cotización.

“Una pyme no puede crecer con una tasa del 70 por ciento”, admitió luego. No obstante lo cual, sin ofrecer una solución al problema que la misma política monetaria oficial está generando, se reafirmó en su posición diciendo: “Creo que los argentinos no vamos a volver atrás”. “Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer”, agregó el mandatario en su intento de agregar optimismo a la crítica situación económica con una salida pretendidamente literaria y poética.

Insistió en que “70 años no se corrigen en tres y hoy estamos mejor que en 2015”. Reiteró que el Central dejó de imprimir dinero, que las estadísticas son “reales” y no como en el pasado. “Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina; estoy convencido de lo que estoy haciendo, estoy dejando la vida en esto. Tenemos que aguantar, seguir tirando del carro”. Al hacer mención a los sacrificios, evitó comentar las cifras de pobreza (aunque las cifras oficiales se conocerán hoy, el anticipo de la UCA es un buen adelanto de la tendencia) y la concentración de ingresos que está produciendo esta política en favor de los sectores especulativos, a la par del deterioro de la actividad productiva industrial. El carro no es el mismo para todos.

Dijo, además, que hay que confirmarle al mundo que “no vamos a volver atrás; no existe futuro en el populismo. Nosotros estamos construyendo futuro”. Un mundo que cada vez mira con creciente expectativa que el modelo neoliberal sea expresado por otras expresiones, quizás ajenas al actual gobierno, sobre cuya capacidad de ejecución abre un gran interrogante.

Fuente: pagina12.com.ar

El juez federal Ramos Padilla declaró “en rebeldía” al fiscal Stornelli

Lo resolvió el magistrado luego de que no se presentara a declarar en el marco de la investigación que lo involucra junto al falso abogado Marcelo D'Alessio.

El fiscal Carlos Stornelli fue declarado "en rebeldía" este miércoles, luego de no haberse presentado a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta extorsión a un empresario agropecuario y la presunta red de espionaje por la que está detenido, procesado y con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio.

En la resolución, a la que tuvo acceso Clarín, Ramos Padilla le pidió también al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, “que, en el marco de su competencia específica como jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y titular del ejercicio de superintendencia general sobre todos sus miembros, adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia” de Stornelli.

El martes fue la tercera citación que Ramos Padilla le hizo a Stornelli, quien está imputado en la causa y presentó varios pedidos de nulidad de la investigación, ya que considera al magistrado incompetente para intervenir en el caso al sostener que los eventuales hechos delictivos que él niega habrían ocurrido en la Capital Federal y no en la ciudad balnearia de Pinamar.
En su fallo, el magistrado resaltó que “ninguno de los planteos formulados por Stornelli y su defensa justificaban la ausencia a las citaciones cursadas. Ni aquel en el que reclamó mi apartamiento –que fue rechazado in limine-, ni aquellos otros en los se requirieron nulidades, el apartamiento de una de las querellas o la incompetencia territorial, ya que ninguno de ellos permiten suspender el trámite del proceso”.

"En otras palabras, no resulta motivo válido para no concurrir a una citación por parte de la justicia la interposición de los distintos recursos procesales que pone a disposición el ordenamiento jurídico. Esos planteos pueden ser presentados pero de no autorizan al imputado a sustraerse de la convocatoria del tribunal", agrega el magistrado.

Si bien recordó que la ley establece que "si un ciudadano cualquiera se ausenta injustificadamente de las citaciones judiciales para prestar declaración indagatoria, el Juez debe declararlo rebelde y forzarlo a comparecer", reconoció que el de Stornelli "es un caso especial, porque se trata de un funcionario público al que las leyes le otorgan fueros".
De todas formas, advirtió que esos fueros "no pueden ser utilizados para impedir el avance de una investigación penal" porque eso afectaría "el artículo 16 de Constitución Nacional que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley".

"Como consecuencia de la rebeldía que se habrá de disponer, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde suspender el diálogo procesal entre el encausado y el tribunal, ya que la única petición admisible para quien se sustrae de la acción de la justicia es la exención de prisión, circunstancia que en el caso no resulta de aplicación en virtud de los fueros que se establecen en favor de los magistrados del Ministerio Público Fiscal", agrega Ramos Padilla en su fallo.

La explicación del abogado de Stornelli
El abogado de Stornelli, Roberto Ribas, explicó el martes a la salida de los tribunales de Dolores que su defendido "ha decidido no presentarse porque no encuentra garantías" en ese tribunal.

"Fundamentalmente en una cosa que es indudable: los hechos, de haber ocurrido, son de competencia de la Capital Federal. Eso lo planteamos y está planteado desde el 18 de febrero, el 28 de febrero y el 1 de marzo. Nunca vi tardar tanto en resolver una incompetencia", señaló.

La causa se inició tras la denuncia formulada por el empresario Pedro Etchebest sobre una presunta extorsión por parte de D'Alessio para influir sobre el fiscal y no involucrarlo en la llamada "causa de los cuadernos K", investigada por él y su colega Carlos Rivolo junto con el juez federal porteño Claudio Bonadio.

El juez Ramos Padilla también tiene encarcelados a los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, a quienes D'Alessio acusó de haberlos involucrado en el caso. Se sospecha que ambos ex policías trabajan como agentes inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aunque este organismo dijo que no lo hacen actualmente.

Fuente: clarin.com

Crítico informe de la UCA: la pobreza "multidimensional" aumentó a 31,3%

Se incrementó desde 26,6% entre 2017 y 2018. El informe mide las carencias no monetarias, es decir alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social, y las relaciona con ingresos.

Crítico informe de la UCA: la pobreza multidimensional aumentó a 31,3%

La pobreza multidimensional urbana pasó del 26,6 al 31,3% de la población entre 2017 y 2018, en un contexto en el que se redujo la cantidad de hogares sin acceso a cloacas, bajo contaminación o con vivienda precaria, según un relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Así lo refleja el nuevo informe "Enfoque de Pobreza Multidimensional basado en derechos", elaborado por el Observatorio de la Deuda Social, que mide las carencias no monetarias, es decir alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social, y las relaciona con ingresos.

Los pobres multidimensionales son aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza porque no cubren la Canasta Básica Total (CBT) y además carecen de acceso a al menos alguno de los mencionados derechos socioeconómicos.

Si se tiene en cuenta que la población urbana es de unos 40,5 millones, en 2017 había unos 10.773.000 pobres multidimensionales urbanos (26,6% de la población), pero el año pasado esa cifra creció hasta alcanzar los 12.676.500 (31.3%). Es decir 1.903.500 nuevos pobres.

"La pobreza multidimensional experimentó un fuerte crecimiento por el crecimiento de la pobreza por ingresos por caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral, en el actual contexto inflacionario y de estancamiento", aseguró el director de investigación del Observatorio, Agustín Salvia.

El aumento de la pobreza multidimensional fue mayor entre los obreros integrados mientras que no impactó en los medios profesionales.

"Esa polarización marca una profundización de la desigualdad social", apuntó Salvia.

Entre 2017 y 2018 también aumentó la pobreza multidimensional estructural urbana, es decir, aquellos personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la CBT pero además tienen tres o más carencias sociales: este indicador pasó de 16,7 a 18,6%.

"Sin considerar el aspecto monetario, cuando uno analiza la afectación de derechos económicos y sociales, en promedio no hay variaciones significativas y más bien tiende a la baja", dijo.

Así, el número de viviendas sin servicios básicos bajó de 32,8 en 2017 a 30,2 en 2018, acumulando un descenso de 5 puntos porcentuales desde 2015.

Esta mejora se explica por un mayor extensión de la red de cloacas: mientras hace dos años el 31,8 % de los hogares no tenía desagüe, el año pasado eran el 29.1%.

Fuentes de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación puntualizaron a Télam que entre 2016 y 2018 se incorporaron 1,5 millones de habitantes a la red de cloacas a partir de la instalación de 7.500 kilómetros de cañería.

Siempre según el informe de la UCA, en el último año además disminuyó el porcentaje de viviendas que sufren problemas medioambientales, que evolucionó del 21,1 al 19%, con un descenso de cuatro puntos porcentuales en los últimos tres años.

También bajó la falta de acceso a una vivienda, a raíz de una reducción en el número de hogares que no disponen de un baño con descarga, que pasó de 10 a 8,6%.

"Esto se debe al esfuerzo del hogar pero es posible que los sistemas crediticios hipotecarios lo hayan facilitado", indicó el informe.

Por otro lado, en el mismo lapso aumentó levemente el porcentaje de hogares con dificultades alimentarias o de atención sanitaria -del 21,6 al 22,8%-, y con desempleo o empleo en negro -del 29,2 al 32,2%-.

Además, dos de los componentes de "carencias en alimentación y salud" registraron la mayor incidencia desde 2010: el 17,5% de los hogares no accedió a atención médica en 2018 y el 17,3% no pudo obtener los medicamentos que necesitaba.

Fuente: ambito.com

Cada tres días una empresa pide la apertura del procedimiento preventivo de crisis

El dato, correspondiente a lo que va de 2019, se desprende del informe de la Jefatura de Gabinete que Marcos Peña defenderá este miércoles en el Senado.

Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo (Franco Fafasuli)

En lo que va del 2019 ya fueron 30 las empresas que pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de procedimientos preventivos de crisis (PPC), la etapa previa a despidos o suspensiones de personal que en los últimos tiempos volvieron a incrementarse en el país con casos resonantes como Fate, Coca Cola Femsa o Avianca.

El dato se desprende del extenso informe —el 117— que la Jefatura de Gabinete de ministros envió este lunes al Senado, en la previa de la visita de Marcos Peña a la Cámara alta, la primera de este año. La presencia del jefe de ministros se da en medio de la crisis del programa económico del Gobierno, y en el inicio de la campaña electoral. Los legisladores habían enviado más de 800 preguntas —un promedio más alto que el habitual— vinculadas a la gestión de Cambiemos.
El año pasado, habían sido 146 las compañías que solicitaron PPC ante el ministerio que conduce Dante Sica, de los cuales 107 todavía están en trámite, 25 terminaron con acuerdo y 14 fracasaron en la negociación, según el informe de la Jefatura de Gabinete.

En el 2017, antes del inicio de la crisis del programa económico, los procedimientos preventivos de crisis pedidos por las empresas fueron 66, menos de la mitad de los solicitados en el 2018, según la información oficial. El dato marca, en ese sentido, la magnitud de la crisis del programa económico del Gobierno, que empezó a arrojar resultados negativos desde el año pasado.
Por caso, los PPC pedidos este año entre enero y mitad de marzo ya alcanzan la mitad de los que fueron requeridos en el 2017. Uno cada casi tres días.

Los procedimientos, previstos en la ley de empleo 24.013, se establecieron para empresas que prevean suspender o despedir personal "por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas" y que deben comunicar la solicitud ante el Ministerio de Producción y Trabajo. Lo pueden exigir compañías con menos de 400 trabajadores que planeen medidas para más del 15% de la plantilla de personal; firmas con entre 400 y 1.000 empleados con más del 10% comprometido, y con más del 5% para empresas con más de 1.000 trabajadores.
Según publicó este medio, a mediados del mes pasado, Producción había sido notificado de 7.666 desvinculaciones sin causa del sector privado, un requisito estipulado en el decreto de noviembre del 2018 en el que el Gobierno estableció el pago de un bono para paliar la espiral inflacionaria.

La mayor cifra de pedidos de los procedimientos preventivos había sido en 2003, después de la crisis del 2001: fueron 379, según publicó el diario La Nación en base a información oficial. La siguiente fue el año pasado, en el momento más complejo de la crisis económica del gobierno de Macri.
De los 30 procedimientos preventivos presentados por las empresas, 27 continúan en trámite y uno finalizó sin acuerdo, según el informe de la Jefatura de Gabinete, de más de 600 páginas.

El pasado 10 de marzo, la cartera dirigida por Sica habilitó la apertura formal del procedimiento solicitado por Fate, la principal fabricante de neumáticos del país que emplea a más de 1.600 trabajadores bajo convenio y que manifestó que, por las dificultades de la economía, evaluaba despedir a más de 400.
La misma situación atravesó Femsa, principal embotelladora de la marca Coca Cola. Al final, tras reuniones entre la firma, las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y el sindicato, se descartó la apertura del PPC pero se acordó la salida de 30 trabajadores. La compañía de capitales mexicanos había alegado problemas por la caída del consumo.

Hubo otras firmas que solicitaron el mismo procedimiento, como Avianca, la aerolínea que fue habilitada para operar en la Argentina durante esta administración.
El Gobierno encara la campaña electoral con malas noticias en el rubro de la economía. La semana pasada, el INDEC informó que el desempleo alcanzó el 9,1% en el último trimestre del 2018, y que afecta a más de 1.752.000 argentinos, el número más alto desde el 2005 en la comparación trimestral.

Unos días antes, el organismo había oficializado en 3,8% la inflación de febrero, con un acumulado del 51,3% en los últimos 12 meses. Este lunes, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó en 31,3% la pobreza multidimensional: el índice oficial, que revelará un aumento de la cantidad de pobres, será publicado este jueves por el INDEC.

 

Fuente: infobae.com

El Gobierno acordó con la CGT el pago de $32 mil millones a cambio de paz electoral

El arreglo estuvo a cargo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y busca cerrar parte de una deuda del Estado con los sindicatos.

El Gobierno acordó con la CGT el pago de $32 mil millones a cambio de paz electoral

Horas antes de que la CGT anunciara un paro para el 4 de abril, el Gobierno acordó pagar casi 14 mil millones de pesos destinados a obras sociales sindicales, mientras prometieron otros 18 mil millones en la próxima década. A cambio, solicitaron a los sindicatos bajar la conflictividad en medio de un año electoral.

El acuerdo quedará plasmado en un decreto que se publicará en el Boletín Oficial y buscará destrabar así recursos retenidos desde el 2016, según informó Mariano Martin, periodista de Ámbito Financiero.

Las claves del acuerdo
¿Cómo será el pago?
En principio, se pagarán $4.500 millones que estaban destinados a programas de asistencia y emergencia para las obras sociales, dinero que permanecía trabado desde la firma del DNU en 2016.

Además, habrá $4.235 millones por un acuerdo extrajudicial del Gobierno con OSDE, y otros 3.100 millones por intereses de un bono.

Los tres pagos más los intereses suman al menos 17.712 millones de pesos a los que se le suman 120 cuotas mensuales de 150 millones por parte de OSDE.

En 2016 se creó un Fondo de Emergencia y Asistencia a las entidades por $4.500 millones, monto que nunca fue modificado. Con el nuevo acuerdo, el fondo ascenderá a 10.112 millones con la incorporación de $4.235 millones del pago que OSDE le hizo a la SSS (por un total de $8.500 millones) y de 1.377 millones de pesos de intereses acumulados. El total irá a una Fondo Solidario de Redistribución.

También el decreto fijará el destino de unos 480 millones de pesos mensuales (obtenidos de los intereses de los $10.112 millones): la mitad, $240 millones, se aplicará a un aumento de la cápita que perciben las obras sociales por la atención de salud de los monotributistas, y otro tanto a engrosar el Sistema Único de Reintegros (SUR).

Aumentos para PAMI
En el acuerdo también se prevé un aumento de los pagos que el PAMI destina por la atención de los afiliados jubilados que optan por quedarse en sus obras sociales de origen. La mayor prestadora pasará de pagar un global de 67 millones de pesos mensuales con ese fin a un monto cercano a los $120 millones, en tanto que la propia SSS incrementará los recursos que utiliza para complementar la cápita de unos 350 mil jubilados que forman parte de este esquema.

¿Qué opinan desde la CGT?
Para la central sindical “es un acuerdo importante en función de lo que se venía negociando, tanto desde el punto de vista político como para las obras sociales. Con esto se cerraría una parte de la deuda que mantiene el Estado con nosotros”, según indicó José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central obrera y gestor principal en el sistema de salud gremial.

Los arreglos estuvieron a cargo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, junto a su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Riba. Además de Lingeri participó por la CGT uno de los cosecretarios generales, Héctor Daer, y exsuperintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, técnico principal de las obras sociales antes y después de ese cargo. También fueron involucrados técnicos de la Jefatura de Gabinete nacional y tuvo un papel secundario el actual superintendente de Salud, Sebastián Neuspiller, médico y exfutbolista, quien como deportista se hizo amigo de Mauricio Macri.

 

Fuente: minutouno.com