Domingo 20 de Agosto de 2017 - 14:36:41

Nuevos embargos en la causa contra Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito

El Tribunal Oral que juzgará al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta embargó inmuebles, vehiculos, embarcaciones y cuentas bancarias atribuídas a él y a los restantes procesados, descubiertos durante la preparación del debate.

Nuevos embargos en la causa contra Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito

La decisión de los embargos fue del Tribunal Oral Federal 6 ante un planteo de la fiscal que actuará en el juicio Gabriela Baigún, quien rastreó los bienes ante las sospechas generadas por el nivel de vida de algunos de los acusados, quienes plantearon no poder afrontar embargos pero, por ejemplo, pedían permiso para viajes al exterior, explicaron fuentes judiciales.

El embargo recayó sobre once propiedades, 15 vehículos, 4 motocicletas, dos barcos, cuentas bancarias que quedaron congeladas, títulos públicos y al menos dos millones de pesos

El juicio se hará por enriquecimiento ilícito y por una causa que se considera conexa, por defraudación a la administración pública
En la causa se dictaron embargos por 40 millones de pesos para cada acusado y muchos de ellos argumentaron no poder cubrirlo.
La fiscal pidió informes a organismos como la AFIP y registros de la propiedad y se descubrieron inmuebles, sociedades, cuentas bancarias y vehículos no declarados en la causa.

Por ejemplo. en el caso del supuesto testaferro de Jaime, Alfredo Pielach, un empleado del empresario del transporte Néstor Otero, la fiscalía dio por probado que tiene tres propiedades que ahora fueron embargadas en Rosario, Moreno y Monte Grande.
Además, se le encontraron acciones de la telefónica Telecom y del Banco Macro títulos públicos, participación en sociedades y cinco cuentas bancarias.

Casi el 59% de chicos de hasta 17 años son pobres, según la UCA

Se trata del último informe de la universidad, que relevó la situación de las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas. Para el INDEC, la pobreza afectaba a fin del año pasado a casi el 46% de los chicos de esas edades.

En el segundo semestre de 2016, un total de 7,6 millones de chicos de hasta 17 años años que viven en ciudades urbanas (el 58,7% del total de esas edades en el país) se encontraba en situación de pobreza, de acuerdo al último estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la UCA.
El relevamiento -que se dará a conocer de forma oficial este miércoles pero fue anticipado hoy al diario Clarín- tomó en cuenta las condiciones de vivienda, la alimentación, atención en salud y acceso a la educación, entre otros factores, a la hora de analizar si un niño vive en situación de vulnerabilidad. Para el INDEC, en cambio, quienes sufrían este flagelo hasta fines del año pasado eran el 46 por ciento.
"Esto significa que casi 6 de cada 10 niños/as en la Argentina urbana experimentaban privaciones en al menos una de las seis dimensiones bajo estudio", sostiene el informe de la casa de altos estudios, que es una especialista en realizar este sondeo, basado en propuestas desarrolladas por Universidades de Bristol y Oxford y UNICEF.
Con relación a 2010, hubo una mejora ya que del 63,7% bajó al 58,7% en 2015 y se mantuvo en ese porcentaje durante 2016. En tanto, a la hora de indagar la indigencia, el relevamiento indica que "la situación de pobreza en carencias que se consideran especialmente graves --porque sus consecuencias adversas son de difícil reversión-, también bajó del 23,8 en 2010 al 14,8% en 2016".
Por otro lado, según la UCA, los niños y niñas en hogares que perciben transferencias de ingresos, como la AUH, experimentaron una merma significativa de la pobreza en múltiples dimensiones, lo cual es un indicador positivo de su existencia.

G20: la Argentina ratificará su respaldo al libre comercio y al acuerdo climático de París

A pesar del enfrentamiento entre Donald Trump y la Unión Europea, el presidente Mauricio Macri insistirá con su posición geopolítica. Marcos Peña no descartó que el jefe de Estado se transforme en un "puente" entre las dos posiciones

Mauricio Macri arribó este jueves a Hamburgo, Alemania (Télam)

Habían pasado algunos minutos del mediodía cuando el presidente argentino, Mauricio Macri, comenzó su descenso del avión de la compañía Lufthansa que lo trasladó a Hamburgo, Alemania, para participar de la cumbre del G20.

El jefe de Estado llegó acompañado de su esposa, la primera dama Juliana Awada, y de una selecta comitiva de ministros integrada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el canciller Jorge Faurie, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Luego de algunas horas de descanso en el hotel Meridien, Macri participará del festival Global Citizen. Allí habrá flashes junto a Shakira y a otros artistas internacionales que se sumaron a esta movida pensada para concienciar a los líderes del mundo sobre el cumplimiento de metas para combatir la pobreza.

Pero antes de ese escenario, la diplomacia argentina adelantó cuáles serán los ejes de la participación del Presidente en la cumbre del G20, quien ratificará su respaldo al libre comercio y al acuerdo climático de París.

Macri insistirá con su posición geopolítica en los dos puntos claves sobre los cuales pivoteará el encuentro de mandatarios, que se realizará el viernes. La tensión es latente: el proteccionismo de Donald Trump se enfrentará con la postura aperturista de los países europeos en un momento sensible para el mundo. La anfitriona, la canciller Ángela Merkel, ya adelantó públicamente que no harán esfuerzos por camuflar las diferencias.

El jefe de gabinete argentino no descarta que Macri funcione como un "puente" entre ambas posiciones. "No se puede estar de acuerdo en todos los temas, hay que respetar la diversidad y buscar consensos pensando en la reunión del G20 que se realizará el año que viene en Buenos Aires", planteó ante una consulta de Infobae, luego de exponer en el primer foro argentino-alemán, en Franckfurt.

Las reuniones del G20 suelen tener un lema, un leit motiv, y este jueves se conoció formalmente por primera vez cuál fue el elegido por el gobierno argentino para la reunión de líderes del mundo del 2018. La frase coincide con el espíritu con el que aterrizó el jefe de Estado a Hamburgo: "Construir consensos para un desarrollo justo y sustentable".

Trabajó dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de micros

El ministerio de Trabajo dictó este viernes la conciliación obligatoria en el conflicto de choferes de larga distancia enrolados en la UTA que, por la falta de acuerdo en las paritarias, habían anunciado un cese de 48 horas para este fin de semana

Tras el paro anunciado este jueves, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de choferes de larga distancia que están enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) habían anunciado un paro de 48 horas para este fin de semana. La medida de fuerza era en reclamo de un acuerdo en las paritarias para el sector.
El paro había sido anunciado por el gremio que conduce Roberto Fernández e iba a regir a partir de las 0 del sábado hasta las 24 del domingo por el "fracaso total del diálogo paritario" y por la negativa del sector empresario de convocar a una mesa de diálogo con los dirigentes de la UTA.
Fernández había afirmado en la mañana de este viernes que el sector empresario presentó una propuesta de "reestructuración que tiene que ver con un 20 por ciento de trabajadores despedidos, bajar el sueldo y la antigüedad". "Eso nos puso bastante nerviosos", argumentó.

"Tal vez hoy nos llamen a una reunión en el Ministerio de Trabajo y se dicte una conciliación obligatoria que vamos a aceptar porque está en el marco de la ley", había anticipado.

Por su parte, el secretario de Prensa del gremio, Mario Calegari había recordado que los choferes de media y corta distancia cerraron sus paritarias, y que los de larga "quieren lo mismo", en referencia a la pauta del 21 por ciento escalonada, con cláusula gatillo.

Otro revés para Julio De Vido: piden la indagatoria de más de 200 empresarios de colectivos por los subsidios al gasoil

En la causa está imputado el ex Ministro de Planificación Federal del kirchnerismo

(Adrián Escandar)

Decenas de integrantes de los directorios de las principales empresas de colectivos de Capital, Gran Buenos Aires y el interior del país tendrán que declarar desde el 22 de agosto y hasta el 29 de septiembre en indagatoria. Así lo decidió el juez Claudio Bonadio, quien tiene a su cargo una investigación judicial por el modo en que se pagaron y cobraron los subsidios al gasoil durante el gobierno kirchnerista.

En esa misma causa ya fue indagado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y diputado nacional por el Frente para la Victoria. También pasaron por tribunales como imputados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime -preso desde abril de 2016 por otros casos de corrupción-, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, también diputado nacional por el FpV. Además, fueron indagados quienes encabezaron la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), encargada de los controles: Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Así, luego de finalizada la tanda de indagatorias de ex funcionarios será el turno de los empresarios que recibieron más subsidios de los que les correspondían. A partir de esta decisión de Bonadio, según explican fuentes judiciales, se acerca el momento en que se resolverá la situación procesal de los ex funcionarios que fueron indagados en primer término, quienes negaron haber cometido delito alguno con la distribución del subsidio al gasoil.

Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Los tres están imputados en esta causa

Según dispuso el magistrado, pasarán a declarar -a razón de diez por día-los integrantes de las siguientes empresas: Línea 17, Línea 22 , Empresa de Transporte Pedro de Mendoza, Transportes Santa Fe, Azul de Transporte Automotor, Transportes Colegiales, Línea de Microómnibus 47, Microómnibus Ciudad de Buenos Aires, Transporte Automotor Plaza , Vuelta de Rocha, Transportes del Tejar, San Vicente de Transportes, DUVI SA, Empresa de Transportes Microómnibus Sáenz Peña, Empresa Antártida Argentina, Transportes Automotores Riachuelo, Línea 102-Sargento Cabral, Empresa de transporte 104, Empresa de Transporte América, Transportes Nueve de Julio, General Pueyrredón, Expreso Lomas, Microómnibus Barrancas de Belgrano, Mayo, NUDO SA, Micro Ómnibus Sur, Consultores Asociados Ecotrans, y Transporte interprovincial Rosarina.

En el expediente judicial se analiza el período comprendido entre 2005 y 2012. En esos años, ante la emergencia económica y para evitar subir las tarifas a los usuarios, el Estado subsidió el gasoil utilizado por los colectivos. La secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de la declaración jurada de las empresas que señalaban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada colectivo. Eso bastaba para que cobraran, previo control de la CNRT.

El sistema funcionó así hasta que luego de la Tragedia de Once, el área de Transporte pasó de la órbita de De Vido, al ministerio del Interior a cargo de Florencio Randazzo. Durante esa gestión se colocaron dispositivos de GPS en los colectivos y se expandió el sistema de la tarjeta SUBE. Con ambas medidas se pudo controlar con mayor precisión la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos por los colectivos.

En la investigación, además, se realizó una comparación entre los kilómetros que denunciaban las empresas antes de los GPS, con lo establecido luego de la aplicación del sistema de control. Se detectaron diferencias. Algunas menores que oscilaban entre el 5 y 10 por ciento y otras que llegaban al 50 por ciento. Es decir que, según lo determinado por los investigadores, las empresas declaraban más kilómetros recorridos que los reales y en consecuencia, cobraban más subsidios al gasoil.

El perjuicio contra el Estado detectado -en esta causa a cargo de Bonadio- es, según fuentes judiciales, de 206 millones de pesos.

Julio de Vido (Télam)

Al expediente judicial se le ha sumado un documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) que en 2013 analizó los subsidios pagados durante 2010 y 2011. El organismo de control criticó con dureza el modo en que se controlaban y pagaban: "En lo que respecta al sistema de control imperante en el proceso de liquidación y asignación de beneficios, el mismo presenta deficiencias y debilidades, pudiendo resumirse lo expuesto en que no se han implementado las herramientas necesarias ni se utilizan adecuadamente las existentes", dice el informe.

Entre los indagados se encuentran los integrantes del directorio de la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina, que percibió una cifra superior a los 750.000 pesos durante 19 meses en concepto de subsidio al gasoil. Los ejecutivos deberán explicar por qué cobraron esos subsidios si no tenían colecivos en funcionamiento. En la causa se le preguntó al Registro Nacional de la Propiedad Automotor cuántos colectivos poseía la empresa cuando cobró aquellos subsidios. La respuesta fue simple: cero. No tenía colectivos en funcionamiento. Había dejado de brindar el servicio pero igual cobró el subsidio. Los dueños de esa compañía tendrán que explicar cómo fue que aquello sucedió.