Lunes 21 de Enero de 2019 - 02:54:09

Los beneficiarios de planes sociales recibirán un bono de fin de año de $3.000

Es un pago extra que cobran todos los años. Alcanzará a 450 mil personas. El Gobierno busca asegurarse una tregua en las calles

La semana pasada hubo una protesta de piqueteros en Constitución (Foto: Manuel Cortina)

Casi 450 mil personas que todos los meses reciben el Salario Social Complementario y otros subsidios similares cobrarán un plus de $3.000 antes de que termine el año. Es la mitad de lo que perciben mensualmente.

Desde el gobierno aclararon que el pago surge de una resolución que se aprobó en 2009 y nunca estuvo en duda. Todos los años se abona en diciembre el equivalente a la mitad de un plan. Este año, algunas organizaciones sociales habían reclamado sumar un refuerzo de $1.000, pero por ahora no recibieron señales positivas de que su anhelo se concrete.

Con esta y otras medidas, el Gobierno aspira a conseguir una tregua que contenga las protestas en diciembre, un mes que es históricamente complicado y que este año suma el condimento de que el año que viene habrá elecciones en la Argentina.

Hay un sector más duro de piqueteros que por ahora está con las manos vacías. Son integrantes del Polo Obrero, un sector de Barrios de Pie y otras organizaciones que la semana pasada protestaron en Constitución y realizaron un campamento frente a Desarrollo Social luego de "escaparse" en subte. Por ahora, este grupo no anunció nuevas protestas.

El Poder Ejecutivo está atento a los movimientos de otro frente, que es el sindical. Después de promover la idea de un paro nacional antes de fin de año, en las últimas semanas se aquietaron las aguas y todo parece indicar que no habrá nuevas protestas antes de fin de año.

Si bien el bono de $5.000 no es obligatorio, la mayoría de los sectores y de las empresas buscaron alternativas para pagarles un extra a sus trabajadores, lo que calmó los ánimos de un sector que este año sufrió una fuerte pérdida del poder adquisitivo por la inflación, que rondará a fin de año el 45 por ciento.

Siguen pagando Ganancias 1,6 millón de empleados

La promesa de que los asalariados no pagarán el Impuesto a las Ganancias va quedando en el olvido. La actualización del mínimo no imponible para 2019, 28,3 por ciento, aunque es superior a las paritarias más bajas, quedó muy por debajo de la inflación.

El mínimo no imponible para el trabajador con cónyuge y dos hijos a cargo llegará a 50.667,76 pesos en 2019, según el ajuste aplicado.

El mínimo no imponible de Ganancias será el año próximo de 38.301,85 pesos de salario de bolsillo neto para solteros y de 50.667,76 pesos para casados con dos hijos. Estos montos reflejan un aumento de 28,29 por ciento de los pisos actuales, el cual se desprende de la actualización anual a octubre del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). La actualización del mínimo se ubicará al menos 20 puntos por debajo de la inflación estimada para el cierre de este año, que será cercana al 50 por ciento, e impactará principalmente en aquellos pocos sectores en los que las paritarias lograron romper el techo del 30 por ciento, como los trabajadores comercio, bancarios, camioneros y químicos, entre otros. En estos casos se espera que haya un aumento en la cantidad de empleados alcanzados por el impuesto, pero se compensaría con una disminución de aquellos que tuvieron una paritaria inferior y los trabajadores despedidos. “Los que lograron compensar algo de la pérdida de poder adquisitivo este año, esa recomposición ahora se la lleva Ganancias”, señaló a este diario Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Desde que asumió Cambiemos la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que paga Ganancias creció 53 por ciento hasta los 1.638.433 empleados.

Cada vez más lejos de la promesa de campaña de que ningún trabajador pagará Ganancias por su salario, el Gobierno logró en tres años duplicar la cantidad de asalariados en relación en dependencia alcanzados por este impuesto. En 2015 tributaron por Ganancias en total 1.071.734 trabajadores en relación de dependencia, mientras que al año siguiente esa cifra aumentó a 1.366.902 y en 2017 volvió a crecer hasta 1.757.008. “Las cifras a octubre evidencian que 1.939.994 contribuyentes pagan Ganancias, de los cuales 1.638.433 corresponden a trabajadores en relación de dependencia, lo que representa un aumento de 566.699 respecto de hace tres años”, explicó a este diario Adrián Caneto, ex director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo.

La cantidad total de contribuyentes alcanzados fue de 750.652 personas (había 1.189.342 en 2015), según el informe que presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Senado el año pasado. El resultado de tres años de macrismo es que el porcentaje de empleados que pasó a pagar este impuesto se elevó del 13 a 20 por ciento sobre el total de los trabajadores formales. “Siempre tuvimos como iniciativa establecer un corte en el universo de empleados registrados para que el porcentaje de los trabajadores que paguen Ganancias no supere el 10 por ciento”, agregó a Página/12 el ex funcionario.

El año próximo comenzará a regir la actualización del mínimo no imponible a partir de un ajuste del 28,29 por ciento del Ripte. Ese indicador se utiliza para actualizar una vez por año el mínimo no imponible y las deducciones del impuesto a las Ganancias del año siguiente. La Secretaría de Seguridad Social actualizó ayer su informe con el dato correspondiente a octubre, que arrojó una mejora mensual de 5,2 por ciento y de 28,29 en términos interanuales. Con este dato se computa el piso de Ganancias, que pasará para un soltero o soltera sin hijos de los 29.855,68 pesos actuales a 38.301,85 (46.146 pesos de ingreso bruto) desde enero. En el caso de casados con dos hijos el mínimo se traslada de 39.494,71 a 50.667.76 pesos (61.046 en términos brutos). En ambos casos incluyendo el proporcional del salario complementario anual o aguinaldo. También se computan otros cobros adicionales, como el bono de fin de año.

El cálculo se basa en que el mínimo de todo el año pasará de 388.123,88 pesos de este año a 497.924 pesos en 2019, sobre lo que se podrán aplicar las deducciones que aumenten ese piso. Para cada hijo menor de 18 años la deducción aumenta de 31.461 a 40.361 pesos anuales. La deducción por cónyuge pasará a 80.034 pesos, siempre que no cuente con un ingreso anual superior a 85.848 en todo el año (6603 pesos por trece meses contando aguinaldo). En el caso de los autónomos, este año tributan a partir de los ingresos que superan los 200.753 pesos y pasará a 257.546 a partir de enero del año próximo.

El impacto de la acotada suba del piso a partir del cual un contribuyente es alcanzado por el impuesto recaerá principalmente en aquellos sectores que lograron una mejor recomposición de sus ingresos frente a una inflación que rondará el 50 por ciento. El promedio de los salarios del sector registrado acumula en los últimos doce meses un aumento de 24,4 por ciento medido a septiembre, como consecuencia del incremento de 25,3 del sector privado registrado y de 23 del sector público, según el informe del Indec. “No va a haber grandes cambios en el número. Probablemente el Ripte tenga una variación un poco por encima respecto de los aumentos de salarios que se den en el marco de la renegociación de algunas paritarias pero va a ser marginal”, señaló Letcher.

Unicef advirtió que casi la mitad de los menores de edad en Argentina son pobres

El organismo internacional realizó la medición de pobreza teniendo en cuenta carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro.

Unicef advirtió que casi la mitad de los menores de edad en Argentina son pobres

Tras la euforia del gobierno de Mauricio Macri por el "éxito" de la Cumbre de líderes del G20, Unicef devolvió al oficialismo a la realidad y advirtió que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional.

Esta mirada, multidimensional, no tiene en cuenta las cuestiones de acceso a determinada canasta de bienes (pobreza monetaria) sino que evalúa las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro.
Así Unicef advirtió, en base a la información incluida en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el INDEC, que el 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren de al menos una de esas carencias y que en la población total ese número es del 38%. El acceso al agua junto con los problemas de hábitat explican la mayor parte de las carencias no monetarias.

"Es necesario que se haga un esfuerzo nacional para que exista una medición oficial de pobreza que tome aspectos no monetarios", aseguró Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social y monitoreo de Unicef y director del documento presentado este martes.

Unicef calculó que sin tener en cuenta aspectos monetarios, el 38% de las personas del país sufre al menos una carencia entre educación, protección social, vivienda, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro. Entre los menores de edad ese porcentaje asciende al 48%.
Según destacó Página/12 "el cruce de datos de pobreza no monetaria con el nivel educativo y con los hogares con padres y madres jóvenes es elocuente. La pobreza no monetaria en los niños, niñas y adolescentes supera el 70% cuando el jefe o la jefa de hogar tiene menos de siete años de educación y desciende al 22% cuando esa persona completó más de 12 años de educación".

Entre jefes y jefas de hogar menores a 25 años, la tasa de pobreza no monetaria en los niños es del 75%. En hogares monoparentales, encabezados mayormente por mujeres, la tasa de pobreza de los niñoses superior a la media, del 49,7%, y asciende al 56,9% en el caso de los hogares extendidos.

La desagregación de datos a nivel regional muestra que en el Gran Buenos Aires (GBA) el 58,5% de los niños sufre al menos una privación no monetaria. El dato es muy impactante porque en esa región se concentra un tercio de la población total.

La principal privación en el Gran Buenos Aires es el acceso al agua, seguida del hábitat, protección social y saneamiento. La segunda peor región en términos de pobreza no monetaria es el centro, con el 45,1%, seguido del NOA (42,2%), NEA (37,9%) y Cuyo (33,6%). En la mejor ubicación está el Sur, con el 29,7%, en donde el agua potable no representa un gran problema pero la protección social domina las preocupaciones.

Cuadernos K: piden la prisión preventiva para Paolo Rocca y Abal Medina

El dueño de la empresa constructora Techint y el ex jefe de Gabinete, están procesados por asociación ilícita.

Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron la detención del empresario Paolo Rocca, y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, procesados por asociación ilícita en el marco de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos en obra pública.

Fuentes judiciales informaron que los fiscales apelaron la decisión de Bonadio de haber procesado al empresario y al exfuncionario sin prisión preventiva y ahora definirá la Cámara Federal.

El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.

Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Abal Medina, Larraburo, Padoan y Aranda sin fundamento. Y consideraron que no corresponde que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a otros imputados.

"En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva", sostuvieron en la apelación los fiscales

La misma no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

La Policía Federal podrá tirar por la espalda en una situación de riesgo

El nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales rige desde ayer. Críticas de organismos de DDHH.

Patricia Bullrich: El delincuente tenía que tirar

El nuevo reglamento general en situaciones en las que los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito entró en vigencia ayer mediante su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos". El uso de armas letales es válido "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas". También "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".

La normativa considera "peligro inminente" cuando "se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas", o en caso de que "el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".

El mismo principio se aplicará "cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal". En este último caso "cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas".

También cuando el sospechoso "trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros" o en caso de que "efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma".
La resolución establece además que ante el necesario empleo de armas, los agentes "deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita" salvo "en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas".

Tampoco es obligatoria la identificación como agente federal "cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil".

El artículo 4 impone que en "toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas".

Además debe "comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad" para procurar "la supervisión judicial y la pertinente comunicación de los hechos a los parientes" de los involucrados. Esta resolución alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad. En este sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el nuevo reglamento para la utilización de armas letales destinado a las fuerzas federales de seguridad "va a generar confianza en la defensa de la sociedad" y que cambia la doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero".

"Establecimos una normativa objetiva que les va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.

Según Bullrich, con la anterior reglamentación, "los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar las armas para defenderse o defender a la gente, o para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente se fugue". "El delincuente tenía que tirar y recién después lo podía hacer un efectivo de seguridad. Esto claramente lo ponía en inferioridad de condiciones. Acá hubo una doctrina en la que las fuerzas de seguridad sólo tenían que esperar que el delincuente tire primero", dijo la funcionaria.

Según su razonamiento, esa reglamentación hacía pensar a la sociedad que los policías "iban para atrás o no hacían nada" y cuestionó que el efectivo de seguridad no pudiera disparar su arma cuando un delincuente portara una réplica. "¿Qué tiene que hacer un policía (para poder disparar), preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", se preguntó Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad consideró que esa situación se modificó con la nueva reglamentación que entró en vigencia ayer. "Si un delincuente o un asesino va con una réplica de un arma, tendrá que saber que si está apuntando a un policía, éste tiene que actuar. Eso va a generar confianza en la defensa de la sociedad", dijo.

Además, explicó que quiere "una policía que defienda a la sociedad, esto nos va a llevar a que trabajemos mucho con las fuerzas de seguridad para que entiendan esta filosofía que es internacional y que está basada en los reglamentos de las Naciones Unidas. Por otra parte, la funcionaria nacional aclaró que les pedirá a todas las policías provinciales que utilicen la misma reglamentación y que los fiscales y jueces tendrán ahora "un reglamento más claro e igual para todos" para poder legislar.

"Los reglamentos los dicta la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Seguridad, y no tendría que haber tantas confusiones ni injusticias de policías que han sido juzgados por cumplimiento del deber", finalizó Bullrich.