Viernes 16 de Noviembre de 2018 - 18:23:51

Moldes sumó su firma a los cuadernos

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió ratificar el procesamiento de la senadora Cristina Kirchner en la causa por las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno. El escrito pidió también una medida similar para José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra en carácter de presuntos “organizadores” de una asociación ilícita.

En el planteo presentado ante la Sala I, Moldes considera que la ex presidenta fue “jefa” de una organización que, según el relato de la causa, se dedicaba a recaudar dinero de empresarios favorecidos en obras públicas. Esta lectura de los hechos sostiene la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

Sobre el financista Clarens, Moldes afirmó que "integró la asociación desde sus comienzos por tanto tuvo una participación primordial tanto en el desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner".

En cuanto al exsecretario de Obras Públicas José López, recordó que "hablaba directamente con los empresarios para llegar al acuerdo, y era quien decidía a quienes se pagaría, de qué forma debía hacerse y bajo que recaudos". "López habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elizabet Fernández viuda de Kirchner", interpretó el fiscal.

En cuanto al empresario Gerardo Ferreyra, del Grupo Electroingenieria y quien está detenido con prisión preventiva, Moldes evaluó que "habría organizado el contexto bajo el cual se debían realizar los pagos que se encontraban bajo su área".

Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO, también pidió sea tildado de organizador pues "proyecto y efectivizó el plan en torno al circuito específico que se encontraba bajo sus funciones, tuvo una relación cercana y coordinada con los funcionarios de mayor rango que lideraban la asociación".

Además, Moldes pidió revertir las faltas de mérito decretadas sobre a Jorge Neira, Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.

Además, sostuvo el pedido de citar prisión preventiva para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel por haber sido beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa.

También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.

Escándalo en la Corte: fuerte cruce entre dos ministros del Máximo Tribunal

El presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, culpó a su antecesor Ricardo Lorenzetti de vaciar el área de Comunicación. Y este último lo acusó de provocar un “clima de tensión, amenazas telefónicas y falta de respeto”.

La formalidad y la corrección con que hicieron público el traspaso duró poco. Nada. El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, sacó esta semana una resolución para hacerse cargo del Centro de Información Judicial (CIJ). Pero igual o más importante que la decisión son los considerandos de la medida, donde acusa a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de haber dejado “acéfala y sin personal suficiente” el área de comunicación.

Hace menos de un mes, el 11 de septiembre, el mundo judicial se vio convulsionado por un sorpresivo cambio en la conducción del Máximo Tribunal. Si bien Lorenzetti llevaba ya 11 años en ese cargo, tenía intenciones de continuar. Pero tres de sus pares juntaron mayoría y acordaron elegir a uno de ellos como nuevo jefe. Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco apoyaron para la nueva tarea a Rosenkrantz. Perdido por perdido, Lorenzetti también le dio su voto y quedó solo, en disidencia, Juan Carlos Maqueda, avalando otra reelección del rafaelino.

El presidente Mauricio Macri en la apertura del J 20 junto a corte suprema escoltado por Carlos Rosenkrantz. / Federico López Claro

Por una cuestión obvia de jerarquías, se sabía que el nuevo presidente se haría cargo del portal de noticias de la Corte, el CIJ. Pero el traspaso resultó de modo poco amigable. El sitio era manejado por María Bourdin, una de las personas más cercanas a Lorenzetti y quien pasó a trabajar en la vocalía del juez desplazado. Bourdin era secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto. Eso ocurrió el 27 de septiembre, poco antes del cambio de presidencia. Ese mismo día, también se dispuso la transferencia de Pablo Méndez, subdirector general de Comunicación, a la vocalía de Lorenzetti.

Y luego vino el cambio mayor: “Por medio de las resoluciones 2974 y 2979, el 27 de septiembre también se dispuso la transferencia de otros 10 agentes de la Secretaría de Comunicación a otras dependencias” de la Corte: “se redujo de 18 funcionarios y empleados a 6 empleados”.

El presidente Mauricio Macri en la apertura del j20 junto al presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. / Federico López Claro

Por esta situación, “la Secretaría de Comunicación ha quedado acéfala y sin personal suficiente para cubrir las importantes competencias que le atribuye a dicha Secretaría la Acordada 42/2015. Tal acefalía ha hecho imposible el funcionamiento de la Secretaría en cuestión y pone en riesgo la continuidad operativa del Centro de Información Judicial”. Esta descripción, donde queda claro el disgusto de Rosenkrantz con la transición y las medidas adoptadas por Lorenzetti antes de dejar su cargo el 1° de octubre, constan en la resolución 3038/18, donde el nuevo presidente resuelve “instruir al Secretario General de Administración para que proceda a la recuperación de la totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web Centro de Información Judicial y su puesta a disposición de la Presidencia de la Corte Suprema”.
También se le ordenó al secretario general “que asegure, de modo urgente y por los medios que estime conducentes, la seguridad informática del sitio web del CIJ y la administración exclusiva del mismo en cabeza de la Presidencia de la Corte”.

Una fuente judicial, que conoce los vericuetos del Máximo Tribunal, remarcaba ayer algunas picardías: hasta hace unos días, en la parte institucional del CIJ aún figuraba Lorenzetti como Presidente de la Corte. Ahora ya aparece Rosenkrantz.

La dura respuesta de Lorenzetti no tardó en llegar, a través de una carta dirigida a Rosenkrantz. No sólo calificó la resolución de su sucesor en la presidencia del Alto Tribunal de tener “ribetes de escándalo” sino que acusó a Rosenkrantz por “el clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea”.

El tono de la carta de Lorenzetti queda reflejado en un párrafo dirigido al supuesto accionar de Rosenkrantz cuando se “apersonó”, dice, en la Secretaría de Comunicaciones del Máximo Tribunal: “Hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional”.
Según Lorenzetti, tanto la secretaria de Comunicaciones como los empleados, pidieron el “traslado” a raíz de estos hechos. Redoblando la apuesta, el ex presidente de la Corte advirtió a su sucesor que “no hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal”. Y a modo de corolario epistolar lo reprendió, señalando que el cambio en la presidencia de la Corte “no puede modificar los principios”.

En la apertura del j20 el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz

Fuentes vinculadas a Lorenzetti aseguran que “Rosenkrantz contrató a un consultor privado para manejar la comunicación de la Corte, lo cual es inédito. Lo nombró con un contrato de locación por 30 días para manejar la comunicación de la conferencia del J20, pero además lo mandó a hacerse cargo del CIJ. Pero como no es funcionario judicial no puede manejar el portal, porque el cargo de secretario de Comunicación de la Corte depende de todo el tribunal -no sólo del presidente- y tiene que ser concursado”.
Según esas fuentes, los empleados que trabajaban en el CIJ entonces se habrían negado a entregarle al periodista contratado, de vasto curriculum vinculado a la justicia -Ariel Alberto Neuman, según la resolución 2993 del 4 de octubre- las claves de acceso al sitio. “Entonces Rosenkrantz les hizo sumarios administrativos a varios, entre ellos a Pablo Méndez”, afirman. La tesis de una pelea por los password del portal judicial.

El fiscal Marijuan denunció a Iguacel por el aumento en la tarifa de gas

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía, Javier Iguacel, por disponer una compensanción para las distribuidoras de gas a raíz de la devaluación del peso argentino respecto al dólar.

Javier Iguacel.

Además, en la denuncia que recayó ante la juez María Servini de Cubría, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese "pago extra" que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían -si la medida se cumple- abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019.

La decisión del fiscal tiene lugar luego de que el Gobierno dispusiera un nuevo incremento para las empresas productoras de gas por las diferencias generadas por la suba del dólar en el precio del gas entre abril y septiembre pasados en 24 cuotas desde enero de 2019.

En ese sentido, precisa la norma firmada por el secretario Javier Iguacel, "el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019".

En su defensa, el Secretario dijo que el aumento "extra" que deberán afrontar los usuarios en el gas "no es una compensación", mientras que atribuyó esa interpretación a la "desinformación" de la expresidenta Cristina Kirchner.

"Durante el invierno los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas", indicó y señaló que "la diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano".

"No es una compensación por la devaluación", sostuvo y justificó que ello se vincula con es una "desinformación" de Cristina Kirchner.

En ese sentido, criticó que hay "militantes" que buscan "asustar a la gente".

Iguacel advirtió que si no se cobra un extra por el gas, el que pagó $3.000 pagaría $6.000 o $9.000

El secretario de Energía de la Nación volvió a defender la compensación en cuotas para las distribuidoras

El secretario de Energía Javier Iguacel

En medio de la polémica generada por los futuros incrementos de las tarifas de gas a causa del aumento del dólar, el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, salió nuevamente a defender la medida y advirtió que si no se tomaba esta medida, los números del servicio se multiplicarían por dos o por tres: "El que pagó $3000 hubiese pagado $6000 o $9000", dijo.

"Hay un aumento del gas de aquí en adelante del 34,7% promedio que tiene que ver con el aumento de las tarifas de distribución y transporte que están reguladas y pesificadas y tienen un ajuste por inflación, que incluso se hizo un ajuste menor al índice de precios", explicó el funcionario.

En este sentido, Iguacel aclaró que el insumo del gas en sí mismo también se incrementó y eso tiene que ver con los contratos que tienen los productores con los distribuidores. "Lo que nosotros teníamos que resolver es que los productores que les facturaron a los distribuidores el precio del gas aprobado en los contratos según la ley del gas y según las licencias del contrato, los productores no lo facturaron completo a los distribuidores", añadió.

El secretario de Energía de la Nación volvió a defender la compensación en cuotas para las distribuidoras

En declaraciones a Radio Mitre, el secretario de Energía explicó que la ley prevé que si es más del 20% la diferencia puede trasladarse automáticamente en la factura. "Hubiese sido un impacto enorme. Si no se trasladó se puede cobrar en el aumento de precio de los siguientes seis meses, que también hubiese sido tremendo en el bolsillo de la gente", agregó.

"Buscamos resolver el problema, respetando la ley y los contratos", se justificó Iguacel y agregó que el pago en 24 cuotas tiene un impacto mucho más bajo que hacerlo de otra manera.

Iguacel dijo que "el gas es como los granos: se tienen o se tienen que importar", y detalló que el último invierno la Argentina importó unos 60 millones de metros cúbicos de gas. "Un tercio es importado y dos tercios son nacionales", explicó y agregó: "Si nosotros volvemos a una política donde tenemos que importar cada vez más porque no tenemos producción nacional, en lugar de pagar la factura que pagamos, el que pagó $3.000 –si hubiese sido todo gas de Bolivia– hubiese pagado 6.000 pesos. Y si hubiese sido todo gas de barco, hubiese pagado 9.000 pesos".

"Ese es el futuro que tendríamos si no hacemos que se respeten los contratos; que trabajemos para que haya producción nacional y para que aprovechemos ese potencial enorme que estamos haciendo funcionar que es Vaca Muerta", añadió.

(fotos: Nicolás Stulberg)

En cuanto al momento en que la Argentina podrá autoabastecerse de gas, Iguacel precisó: "Este verano prácticamente lo tenemos. Ahora tenemos un problema diferente que es la infraestructura. La producción en Neuquén está superando la capacidad de transportar ese gas hacia los centros de consumo. El desafío no es autoabastecernos, sino ser grandes exportadores".

En este sentido, el secretario pronosticó el doble de producción en cinco años. "Para los inviernos nos va a llevar unos dos inviernos más tener la capacidad instalada para no necesitar gas instalado". "De acá a siete u ocho años podríamos tener un sector exportador similar al que tiene todo el complejo agroindustrial argentino", concluyó.

El lunes, Iguacel recibió una denuncia penal de parte del fiscal Guillermo Marijuan por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar. "Todo lo que se hizo está dentro de la ley; se hizo para favorecer a los consumidores. Me parece que no era para hacer una denuncia; pero me voy a presentar a la justicia", dijo sobre la demanda.

La interna en Cambiemos no da tregua

Garavano salió a aclarar sus dichos y poner paños fríos. Macri habló con ella y también le envió emisarios. Pese a todo, la líder de la Coalición Cívica confirmó que le pedirá juicio político y difundió una carta presentándose como un faro moral.

Carrió y Garavano mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace años que se agudizó con la pelea por la Unidad Fiscal AMIA.

Al Gobierno no le alcanza con una crisis económica y financiera, así que le sumó su propia crisis interna. La aliada cívica Elisa Carrió resolvió escalar en su cuestionamiento al ministro de Justicia, Germán Garavano, por haber dicho que está en desacuerdo con las prisiones preventivas y con el pedido de prisión a ex presidentes. Carrió ratificó que avanzará con el juicio político contra el ministro. Ni siquiera cambió de idea cuando la llamó el presidente Mauricio Macri. De hecho, se lo dijo al mandatario. Mientras en el Gobierno siguen los intentos por desactivar esa interna, aclaran que Macri no le soltará la mano a su ministro: “El Gabinete lo arma el presidente, no Carrió”, dijeron a este diario. Lilita, en tanto, volvió a asociar al ministro con la absolución que consiguió Carlos Menem.
Nuevamente, las alarmas en la Rosada se prendieron con una escalada con Carrió cuando la líder de la Coalición Cívica salió a responderle a Garavano, quien había dicho que no veía que en el caso de un ex presidente se pudiera aplicar la prisión preventiva, dado que no se cumplían los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. La respuesta de la dirigente fue advertir que era “pasible de juicio político” y lo vinculó al absolución de Carlos Menem que finalmente resolvió ayer la Cámara de Casación. De hecho, ayer el diputado de la Coalición Cívica Juan López destacó el voto en ese fallo del juez Carlos Mahiques, padre de un funcionario que depende de Garavano.

Carrió tiene una vieja disputa con Garavano, desde la pelea que tuvieron por la conducción de la Unidad AMIA y la decisión de no acusar a los ex fiscales Eamon Muller y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Esa interna terminó con la disolución de la Unidad AMIA y con una denuncia penal contra Garavano presentada por su ex titular, el radical Mario Cimadevilla.

Ayer por la mañana, Macri tuvo su habitual reunión de gabinete, después de la cual dejaron trascender que respaldaba a Garavano. Luego de esto, Carrió escaló con un posteo en Facebook titulado: “No volvamos al pasado, señor Presidente”. Allí indicó que ratificaba junto al resto de la Coalición Cívica “el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano”. “Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre. La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena”, acusó. Y le advirtió a Macri: “Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad”.

Tras el ultimátum a Macri, la líder de la Coalición Cívica también cargó contra el tercer aliado de Cambiemos: la UCR. “La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, `calentura´ o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante”, anunció. No dio nombres y en su entorno no dieron más detalles sobre quiénes serían los denunciados.

“Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la ‘calentura’ sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia. Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”, afirmó la dirigente.

La Coalición Cívica también emitió un comunicado respaldando a su líder y advirtió que impulsarán la destitución de Garavano “por intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”. El equipo jurídico de Carrió está preparando el pedido de juicio político. Por ahora, no tiene fecha de presentación.

Desde la Rosada, desplegaron dos estrategias. La primera fue intentar convencer a Carrió de que de marcha atrás con su iniciativa contra Garavano. El primero en ocuparse de esa tarea fue el jefe de asesores del Presidente, José Torello, uno de los habituales interlocutores con Lilita. Se comunicó con ella, le explicó la posición del Gobierno y Carrió mantuvo su posición. Ayer, según confirmaron en el entorno de la diputada, la llamó el presidente. Cerca de Macri, en cambio, no quisieron confirmar la llamada. Se entiende: Carrió le dijo directamente al presidente que iba a ir por la destitución de su ministro de Justicia y que no pensaba cambiar de idea. No es algo que el equipo de comunicación busque que se difunda.

De hecho, las declaraciones públicas de Carrió recrudecieron tras el fallo de absolución a Menem. “Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano”, insistió Carrió, quien mencionó el hecho de que no consiguió quórum en una sesión en la que buscaba que la nombraran presidenta de la comisión legislativa que controla a los fiscales. Luego de ese desplante de los opositores, Carrió envió su renuncia a la comisión al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y señaló que los peronistas que no la votaron sentían “inquina, odio y celos”.

La segunda estrategia de la Rosada fue pedirle a Garavano que salga a aclarar sus dichos, que –aparentemente– tampoco le cayeron bien al presidente. “Lamento la situación suscitada. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en los objetivos en común con la Coalición Cívica y con la diputada Carrió, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. No hablo sobre casos concretos. Hablo en abstracto sobre consideraciones genéricas y era una referencia institucional que marcaba que a los países les hace muy mal esta situación”, insistió Garavano. En línea con la decisión de no escalar la confrontación, el ministro de Justicia dijo: “Reconocemos y valoramos enormemente el aporte que hace Carrió en este combate contra la corrupción que hoy reclaman todos los argentinos”.

¿Le soltará Macri la mano a Garavano? En la Balcarce 50 la respuesta, por ahora, es un rotundo no. “Carrio no arma el gabinete, lo hace el presidente”, señaló uno de sus funcionarios a este diario. “Carrió pidió el juicio político, y de ahí se inicia un proceso que puede prosperar... como no”, indicó. En los hechos, el oficialismo tiene todos los resortes para evitarlo: la comisión que debería tratarlo es presidida por un diputado cercano a Nicolás Massot y no sesionó ni una sola vez en los últimos dos años. Difícil que la habiliten para que Carrió le meta un gol en contra al oficialismo.