Lunes 21 de Enero de 2019 - 02:44:40

Justicia deja a Carrió sin fueros en demanda civil por falsa denuncia

JUICIO QUE LE INICIÓ EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CORTE, DANIEL MARCHI - Diputada había reclamado estar exenta por "inmunidad parlamentaria" en su embestida contra Lorenzetti. La Sala B de la Cámara Civil rechazó que se ampare en esa protección para evitar responder por daños y perjuicios.

demandada. Elisa Carrió había pedido ampararse en sus fueros.

Elisa Carrió no podrá ampararse en sus fueros como diputada nacional para esquivar la demanda civil que le inició, por daños y perjuicios, el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. La Sala B de la Cámara Comercial echó por tierra la estrategia de la legisladora para anular la denuncia realizada en su contra por la serie de imputaciones que le había hecho al funcionario en su intento por esmerilar también al entonces titular del máximo Tribunal Ricardo Lorenzetti con el pedido de juicio político, uno de sus primeros chisporroteos con Mauricio Macri. En duros términos, la justicia rechazó la “inmunidad parlamentaria” que interpuso Carrió pero también incluyó al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez que compartió con la jefa de la Coalición Cívica la denuncia penal que intentó preparar el terreno para expulsarlos de la Corte. Ahora quedaron expuestos a ser investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una “operación de prensa”. A fines de noviembre, los cinco ministros desecharon el pedido de auditoría que a través de una nota Carrió entregó en mano a Carlos Rosenkrantz para que se revisen las cuentas del máximo Tribunal.

“Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano”, indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo del 11 de diciembre. Sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados “violaría el límite de igualdad ante la ley”. Carrió y Sánchez denunciaron a Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres, que fue luego archivada por “inexistencia de delito”. Adujo que al momento de plantear la denuncia penal, afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la “inexistencia de interés fiscal en el caso”. Marchi los demandó civilmente un año después, cuando “lilita” apuró un pedido de juicio político y mantuvo un cruce de cartas documento con Lorenzetti, ya en 2017. Pero Carrió pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora, algo que había conseguido cuando la demandó Ricardo Echegaray. Pero en este caso, la Cámara Civil revocó la decisión de primera instancia por unanimidad y la dejó a la intemperie, en caso de tener que responder patrimonialmente por daños y perjuicios. El jueves fue notificada de la novedad sólo apelable ante la propia Corte. Marchi ya le ganó en primera instancia el juicio civil a la editorial que publicó el libro “El Señor de la Corte”, una especie de biografía íntima de Lorenzetti con todas las pinceladas de la información con la que Carrió nutrió sus pedidos de juicio político al rafaelino. Algunas se comprobaron falsas como los supuestos 3502 inmuebles rurales escondidos por Marchi. No existía ninguno.

“Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa asignada”, indicó la Sala B. Además de calificarlo de “testaferro” de Lorenzetti, Carrió fue mucho más allá sobre imputaciones en el ámbito privado de Marchi, a quien señaló históricamente por manejar los cuantiosos fondos de la Corte. Agregó a aquella demanda elementos bajo secreto fiscal de la AFIP que habría recibido mediante un “anónimo”, algo que constituía un delito en sí mismo.

Parte de esa historia se complementa con otros datos que siempre fueron sospechados por los involucrados: uno de los “héroes” –según tweets de Carrió- desplazados de la AFIP, el exsubdirector general de operaciones del Interior Jaime Mecikovsky, era una de las fuentes de información de Carrió sobre Lorenzetti y su entorno. Tras un allanamiento en su domicilio, el desplazado funcionario denunció que un juez federal (Luis Rodríguez) había “plantado” una serie de “dossiers” sobre políticos oficialistas y opositores que encontraron en su computadora. Finalmente, Claudio Bonadio lo sobreseyó a él y a Carrió por violación de secretos. Sin embargo, la confección de informes con datos bajo secreto (revelados algunos por este diario) llegó a oídos del Presidente, incluso varios que vinculaban a sus familiares directos. “Que lo echen a él y a su jefe”, fue la orden que bajó como un rayo a la cúpula de AFIP. Su jefe era Horacio Castagnola, otro de los que fueron “jubilados” de AFIP en octubre y cuya salida simultánea a la de Mecikovsky terminó por tensar al extremo la relación entre la socia fundadora de Cambiemos y Macri. A su vez, Castagnola fue el nombre que Carrió intentó acercar a Rosenkrantz para sea el eventual recambio de Marchi en la administración general de la Corte. Ese enroque todavía no se pudo lograr porque la mayoría en la Corte cerró el paso para que el nuevo presidente imponga cambios de roles.

La Sala B fue filosa en su resolución pero aún más lo fue el voto del camarista Parrilli. Recordó otros juicios en los cuales falló a favor de Carrió por idénticas demandas y la operación montada para la candidatura de Enrique Olivera con información falsa cuando compitió por la jefatura de Gobierno en 2005. “La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen” a Carrió y Sánchez, fulminó el camarista uno de sus párrafos más críticos de un fallo que puede generar otro cimbronazo más al interior de Cambiemos.

Disparada de precios que no cesa

Alimentos y Salud son los rubros que registran los mayores aumentos, lo que denota el grave perjuicio para los sectores más necesitados. A pesar de la sequía monetaria y la fuerte retracción del consumo, la inflación no se detiene.

Los precios de los alimentos y bebidas aumentan por encima del promedio, impactando en la canasta familiar.

La inflación en noviembre fue del 3,2 por ciento, alcanzó el 43,9 por ciento desde diciembre y un 48,5 por ciento en los últimos doce meses a nivel nacional, informó el Indec. De este modo, la marcha de los precios quedó al borde de un 50 por ciento anual, el mayor número desde 1991, cuando terminaba el proceso hiperinflacionario para dar lugar al consenso neoliberal alrededor de la convertibilidad. Este año, la inflación destrozó el poder adquisitivo de los ingresos y generó un derrumbe en el consumo interno. El capítulo que más creció en noviembre fue salud, a partir del nuevo incremento en medicamentos. También avanzaron por encima del promedio alimentos y bebidas, que impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia y equipamiento y mantenimiento del hogar.
En 2018, la inflación terminará unos 35 puntos porcentuales por encima de la pauta prevista por el Gobierno, que era del 15 por ciento para todo el año. Ese grosero error de predicción se fue gestando de a poco. En el primer cuatrimestre, la suba de los precios circuló entre el 1,8 y el 2,7 por ciento, valores que ya en ese momento exigían una baja posterior para lograr apuntar a una banda del 20-25 por ciento de inflación anual. Pero el estallido cambiario y la profundización de la política de aumentos tarifarios y de suba de los combustibles elevó la inflación mensual al escalón del 3-4 por ciento entre junio, julio y agosto. Con el nuevo salto del dólar hasta los 40 pesos, septiembre y octubre marcaron el peor momento inflacionario del gobierno de Cambiemos, con subas del 6,5 y 5,4 por ciento, respectivamente. Si bien la inflación en noviembre se desaceleró frente al descalabro del bimestre previo, los precios se movieron al ritmo que mostraban a mitad de año, luego del primer capítulo de la primera crisis cambiaria. Sigue siendo un valor de suba de precios mensual muy alto. Se espera que en diciembre los precios aminoren la marcha un poco más, aunque todavía por arriba del 2 por ciento frente al mes previo.

El rubro que mayor aporte hizo a la inflación de noviembre fue alimentos y bebidas, con un alza del 3,4 por ciento frente al mes anterior. Se destacó el incremento mensual del 6 por ciento en el arroz blanco, del 6,7 por ciento en fideos secos guiseros y 6,3 por ciento en hamburguesas congeladas. Entre los lácteos, la leche entera subió en el mes un 7,6 por ciento, el queso cremoso lo hizo en un 3,7 y el yogur firme, un 21,4. Entre las bebidas, la Coca-Cola subió 4,9; el agua sin gas, un 7,2; la cerveza, 13,6 por ciento y la yerba mate, 3,8 por ciento.

Otro rubro que subió por encima de la media es equipamiento y mantenimiento del hogar, por efecto retardado de la suba de insumos por la devaluación y del costo financiero, mientras que prendas de vestir y calzado subió un 2,3 por ciento, algo amortiguado por la denominada cyber-week junto con la contracción en el consumo. El capítulo de transporte subió 2,7 por ciento a partir del incremento del subte hasta 13,50 pesos aunque estuvo contrarrestado por la baja del precio de las naftas aplicado por las petroleras gracias a la caída del dólar y del precio del barril a nivel internacional. Comunicaciones tuvo una suba del 3 por ciento. Salud subió un 5,7 por ciento a raíz de fuertes aumentos en los precios de los remedios.

A nivel general, los bienes subieron en noviembre un 3,7 por ciento y los servicios, un 2,1 por ciento. El “IPC Núcleo”, que excluye a los estacionales y los regulados por el Estado, subió 3,3 por ciento.

La medición del Indec en determinados productos puntuales muestra el grado de impacto de la inflación en los hogares con menos recursos. En el último año, el pan francés subió un 80 por ciento y la harina, un 200 por ciento. El arroz blanco lo hizo en un 76 por ciento y el pollo entero, 63 por ciento. El aceite de girasol subió un 76 por ciento. La leche en sachet subió 41 por ciento y el yogur firme, 75 por ciento. La sal fina subió un 67 por ciento y la yerba mate, 70 por ciento. Además, otros consumos esenciales como el colectivo y las boletas de luz y gas subieron por arriba del ciento por ciento y la nafta casi un 70 por ciento. El panorama por el lado de los ingresos nominales es todavía muy incierto, con sectores del movimiento obrero mejor organizado con paritarias del 40 por ciento, otras paritarias con 15 o más puntos de pérdida frente a la inflación y un amplio universo de trabajadores no registrados y desocupados que vieron un recorte dramático de su poder adquisitivo.

Gobierno intenta salvataje para reactivar las PPP

El jefe de gabinete relanzará el fideicomiso para activar los planes PPP - Los proyectos están trabados por las altas tasas de interés y la causa de los "cuadernos". Buscarán que bancos privados acepten financiarlos.

Gobierno intenta salvataje para reactivar las PPP

La Jefatura de Gabinete intentará, lo antes posible, garantizar el financiamiento de los proyectos del Programa de Participación Privada (PPP), la principal traba que estos planes de obra pública tienen para poder funcionar. La intención de la repartición que maneja Marcos Peña es que desde ese ámbito se pueda arrancar con el demorado fideicomiso de aportes privados y públicos, para que las empresas comprometidas con la construcción puedan comenzar con los proyectos demorados, en muchos casos, en más de cuatro meses. Para el Gobierno de Mauricio Macri arrancar con las PPP resulta fundamental, ya que se trata de la única oportunidad que tiene Cambiemos para poder mostrar durante el electoral 2019 actividad en la obra pública, uno de los capítulos que el año pasado le permitió mostrar al público cierto progreso en infraestructura. Fuera de los programas de PPP, al Gobierno sólo le quedan las obras con financiamiento garantizado desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), todos importantes, pero de dimensión pequeña ante lo que busca el macrismo para mostrar en campaña. Más teniendo en cuenta que los proyectos con financiamiento con dinero proveniente de los recursos genuinos de la recaudación impositiva, están estrictamente prohibidos por los compromisos firmados por el propio Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo cerrado en septiembre pasado. Ante este panorama, la alternativa más directa son las PPP, un mecanismo lanzado por el Gobierno en el primer trimestre del año, pero que luego quedó congelado por la crisis financiera desatada en abril de este año y definitivamente sepultado con el estallido de la causa de corrupción de los “cuadernos”.

Sucede que la única manera para que los privados puedan conseguir dinero para los proyectos comprometidos en las PPP es con el aporte de bancos internacionales. Estos no sólo están en una posición prudente luego de la crisis financiera y el alza de las tasas locales a niveles exuberantes, sino que tienen estrictamente prohibido aportar dinero en proyectos donde intervengan empresas sospechadas (mucho menos condenadas) por actos de corrupción. El problema de fondo es que algunas de las constructoras que ganaron licitaciones para avanzar con las PPP, también figuran en el listado de compañías vinculadas con el pago de coimas durante el kirchnerismo. La consecuencia del combo Crisis + “cuadernos” fue la desaparición del financiamiento necesario para que las obras avancen. Ante esto el Gobierno lanzó un fideicomiso administrado por el propio Estado a través del Banco Nación y otras entidades públicas, donde los bancos aporten el dinero liberados de toda responsabilidad penal posterior. El primer aporte lo haría la propia entidad que maneja Javier González Fraga (que destinó unos u$s200 millones); más otros u$s400 millones depositados por las UTE que ganaron licitaciones como garantía para su adjudicación. Este dinero sólo cubre el 30% de los fondos necesarios para las obras de 2019 y, se sabe, si no interviene la banca privada no habrá posibilidades de financiamiento. La tarea de la jefatura de Gabinete de Marcos Peña será ahora convencer a los bancos que pueden aportar el dinero sin quedar comprometidos legalmente con las constructoras. Y que cualquier nuevo desvío en las tasas de interés quedará salvaguardado por la acción del propio Gobierno. Peña comenzará la próxima semana con las reuniones, donde se piensa cruzar a funcionarios, entidades financieras con constructoras. Incluyendo varias cuyos dueños circulan, cada tanto, por el juezgado de Claudio Bonadio.

Esta nueva responsabilidad de Peña es la causa por la cual la ejecución de las PPP pasó de los ministerios de Interior de Rogelio Frigerio y Transporte de Guillermo Dietrich al primer piso de la Casa de Gobierno; donde sólo el jefe de Gabinete atiende a los invitados. Destrabar las PPP es así fundamental para que durante 2019 haya obra pública que inaugurar.

Gianfranco Macri presentó un escrito ante Bonadio en Comodoro Py y negó acusaciones

El hermano del presidente Mauricio Macri se hizo presente en los tribunales para prestar declaración indagatoria en una derivación de la causa por los cuadernos de la corrupción

Gianfranco Macri presentó un escrito ante Bonadio en Comodoro Py y negó acusaciones

Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, llegó este jueves a primera hora a los tribunales federales de Retiro, presentó un escrito y negó acusaciones en la derivación de la causa por los cuadernos de la corrupción que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de autopistas concesionadas. "Nunca en mi vida pagué una coima", dijo

Antes, el juez Claudio Bonadio rechazó un pedido de prórroga presentado ayer por la defensa del empresario, con lo cual se presentó pasadas las 7.30 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

El ingreso y egreso del hermano del Presidente se realizó por un acceso lateral del edificio, y en el piso del juzgado de Bonadio se cerraron las puertas de acceso en los pasillos, además de impedirse la circulación mientras duró el trámite.

Y en relación a su padre, Franco Macri, que recibió la misma acusación sobre el pago de coimas y cuya defensa alegó cuestiones de salud para suspender la indagatoria, que también había sido programada para también para hoy, respondió: “Pregúntenle a él”.

Los cuadernos de las coimas Sorprendida, la familia Macri se despega de la acusación por coimas en los peajes que administraba

Afirman que desde 2001 la familia no participaba en el directorio de las dos firmas cuestionadas. Y que sus acciones integraban un fideicomiso, que les impedía tomar decisiones.

Después de conocerse el llamado a indagatoria del juez Claudio Bonadio hacia Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación respectivamente, desde el grupo empresarial de la familia señalan que las decisiones respecto a los negocios de la firma Autopista del Sol -concesionaria de uno de los corredores viales investigados por el presunto pago de sobornos- “no eran de los Macri” ya que contaban con un tipo de acciones que integraban un fideicomiso y eso no les permitía nombrar directores. La Justicia imputó a parte de la familia presidencial por el pago de coimas a través del OCCOVI, el organismo que dirigió Claudio Uberti y que debía controlar las concesiones viales.

En el entorno de los Macri, la sorpresa no fue menor, pues no esperaban una citación judicial. Gianfranco, hermano del presidente, se encuentra aún en el exterior y debe regresar en los próximos días. Junto a su padre, está citado a indagatoria para el jueves a partir de las 9.

El llamado a declarar en calidad de imputados es en la causa donde se procesó a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita, que se dedicó al cobro de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado de tres grandes sectores: obra pública vial, energía y transporte.
Para cada uno de estos tres sectores delimitados por el juez de la causa se constituyeron expedientes conexos al principal. En esta estructuración de la investigación, Bonadio se concentra ahora en las concesiones viales que estuvieron a cargo del OCCOVI, el organismo que condujo Claudio Uberti, uno de los imputados colaboradores de la causa.

En su declaración como imputado colaborador, el ex funcionario kirchnerista reveló cómo mes a mes se cobraban las coimas a las concesionarias de seis corredores viales, y también cada vez que se renegociaba el contrato para su renovación. Como al resto de los empresarios que administraron peajes, Bonadio indagará al padre y al hermano del presidente Mauricio Macri bajo sospecha de haber sido parte de la estructura de pago de coimas para garantizarse el manejo al menos, de dos corredores viales: el Acceso Norte (Autopistas del Sol) y el Acceso Oeste (Oeste SA).
También se citó a indagatoria para el 14 de diciembre a otros directivos de la firma familiar, como Manuel Socasau, José Luis Giménez Sevilla y Miguel Ángel Gutiérrez.

Consultados por Clarín, desde el Grupo Socma indicaron que uno de los planteos centrales que sostendrán es que los Macri “no tenían participación en los directorios desde 2001 ni tomaban decisiones”. Ese año vendieron el 23,3% de Autopistas del Sol SA y desde entonces retuvieron el 10% de las acciones.

Estas acciones, según detallaron, debían ingresar a un fideicomiso, por lo cual ellos no podían nombrar directores en la empresa. “No se tenía derecho a nombrar directores y eran acciones de poca participación, sólo representaban un voto”, fue la explicación técnica que posiblemente se replique en el descargo ante la Justicia.
Hubo más. Según fuentes de la empresa, ante la situación económica que la firma atravesó en 2004, se licuaron algunas acciones para pagar a acreedores. Entonces, los Macri se quedaron con el 7% de las acciones de Autopistas del Sol SA. “Aún cuando había un 2% de participación para las asamblea, no se participaba”. Entonces, reiteraron: “No se estuvo al frente de ninguna decisión”.

Estos argumentos posiblemente se reiteren en la indagatoria fijada por el juez Bonadio. La Justicia puso la mirada sobre la familia Macri y otro extenso listado de empresarios que tuvieron participación en el manejo de los corredores viales.

La sospecha central es que todos fueron miembros de la asociación ilícita que funcionó desde el ministerio de Planificación Federal para “recaudar sobornos para enriquecerse de forma ilegal y cometer otros ilícitos”, sostuvo en su momento Bonadio.

Como trascendió este lunes, desde el entorno familiar también aseguran que la salud del padre del presidente de la Nación no es el mejor. Según pudo saber Clarín, este martes los abogados y el médico personal de Franco Macri evaluarán cómo seguir. Hasta el momento, en la justicia descartan cualquier modificación del calendario de indagatorias.