El traficante detenido Ibar Esteban Pérez Corradi irá a juicio oral y público por traficar entre 2007 y 2008 14 mil kilos de efedrina para el narcotráfico. El procesamiento que le dictó la jueza federal María Servini de Cubría quedó firme porque la defensa del acusado no lo apeló. Así, el próximo paso es el envío a juicio oral.
No apelar e ir a juicio fue una decisión del propio Pérez Corradi, le dijo a Infobae Juan José Ribelli, uno de sus abogados. "Privilegiamos la celeridad del proceso y que se agilicen las medidas de investigación que él propuso", sostuvo el defensor.
Ahora, Servini de Cubría deberá decidir si la investigación ya está cerrada –lo que puede no ser en lo inmediato– y llevar la causa a juicio.
Pérez Corradi fue procesado hace dos semanas por los delitos de comercialización de estupefacientes e introducción de estupefacientes al país agravado y recibió un embargo de 98 millones de pesos, el valor estimado de los 14 mil kilos de efedrina que traficó.
El propio acusado reconoció que cometió el delito y relató en sus 10 declaraciones ante la justicia cómo era la maniobra, en la que involucró a policías federales y funcionarios de Aduana. Esos dichos se están investigando.
Pérez Corradi se encargaba de traer al país efedrina –precursor químico que se utiliza para elaborar drogas sintéticas– para venderla al narcotráfico.
Prófugo durante cuatro años, Pérez Corradi fue recapturado el 19 de junio pasado en Foz de Iguazú, Brasil, y extraditado al país desde Paraguay. Desde entonces, está detenido en el edificio "Centinela" de Gendarmería Nacional bajo el régimen de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.
El procesamiento no fue apelado por una estrategia judicial. "Por pedido de nuestro asistido y por consenso de los abogados consideramos que, si bien no estamos de acuerdo con la calificación que recibió, privilegiamos la celeridad del proceso y que se agilicen las medidas de investigación que él propuso", sostuvo Ribelli.
Esta no es la única causa contra Pérez Corradi. La jueza Servini de Cubría también deberá resolver si lo procesa o no por el "triple crimen de General Rodríguez", en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Pérez Corradi está acusado de ser el autor intelectual de esos homicidios en una disputa por el tráfico de efedrina.
Además fue elevado a juicio oral por lavado de dinero en la causa de la mafia de los medicamentos y en el fuero Penal Económico es investigado por el intento de contrabando de efedrina, causa en la que será llamado a indagatoria.
También lo reclama la justicia de Estados Unidos por enviar a ese país pastillas de oxicodona.
Una causa con condenados
Por el tráfico de efedrina ya se realizó un primer juicio oral. El Tribunal Oral Federal 4 condenó en agosto del 2014 a penas de entre 11 y dos años de prisión a cinco dueños de droguerías y laboratorios que recibieron casi 13 mil kilos de efedrina que no pudieron justificar que fue utilizada para fines médicos.
Uno de los condenados fue Augusto Abraham, dueño de Farmacéuticos Argentinos que recibió la pena de 11 años, quien tenía vínculo directo con Pérez Corradi.
Las condenas están siendo revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver si las confirma.
Por otra parte, en el expediente está procesado el ex titular del Sedronar Ramón Granero y otros dos ex funcionarios de ese organismo por no controlar el destino de la efedrina que habían autorizado ingresar al país. Esos procesamientos también están firmes por lo que, como Pérez Corradi, irán a juicio oral.

El dictamen de Elisa Carrió y la férrea oposición que habían planteado los fiscales -incluso los que no la quieren mucho a Alejandra Gils Carbó– obligaron al gobierno nacional a dar marcha atrás y a rever la estrategia que había planteado en el Congreso de la Nación.

El objetivo de Cambiemos era claro. Apuntaba a modificar la ley que establece las facultades del Ministerio Público Fiscal. Entre los cambios, planteaban acotar la duración del cargo del Procurador -hoy es vitalicio- y limitar algunas de sus potestades. En la oficina de Gils Carbó estaban molestos, pero confiaban en que cualquier tribunal tacharía de inconstitucional la maniobra.

"Lilita", profunda conocedora de la carta magna y sus leyes complementarias, la vio venir y se lo había adelantado al presidente Mauricio Macri semanas atrás, antes de ser operada del corazón. Pero el trámite continuó y la diputada se brotó cuando el oficialismo evitó que el proyecto pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ella integra. Los dos diputados de la CC que participan de la Comisión de Justicia votaron en disidencia, y no impulsaron un dictamen de minoría como señal amistosa al Gobierno.

La iniciativa avanzó por los carriles habituales de los trámites que tienen que salir rápido en el Congreso de la Nación, lo que llevó a la líder de la Coalición Cívica a jugar fuerte: presentó un dictamen con las objeciones y lo hizo público.

Hace 43 días que Enrique Omar Suárez está preso en el penal de Marcos Paz. Los días en que se ufanaba de ser uno de los gremialistas más importantes del país parece que quedaron atrás.

Su cercanía con el poder no era un secreto. Hasta tal punto era así que la ex presidente Cristina Kirchner lo denominó como su "sindicalista preferido" durante un viaje oficial a Angola.

Aquella frase parece haberse convertido en una cruz difícil de cargar. Los medios la recuerdan cada vez que se refieren al caso y el propio ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) considera que es una de las causas por las cuales hoy está detenido.

Sin embargo hay otras cuestiones más terrenales que lo llevaron a prisión. Hoy Suárez está complicado en dos causas. Una es impulsada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y lo tiene como imputado por entorpecer las vías navegables en 2012. La otra, lo tiene en la mira por haber conformado una supuesta asociación ilícita que coaccionaba a empresas y cometía fraudes millonarios a los afiliados del sindicato que condujo sin interrupciones durante 28 años.

Suárez eligió a Infobae para romper el silencio. En una carta firmada con puño y letra, aseguró: "Me encuentro privado de mi libertad por causas políticas y otras que no he podido entender". Y agregó: "Soy perseguido por ser el preferido de Cristina Fernández de Kirchner y porque soy allegado al Papa Francisco".

La mención alude a las fotos incómodas para el Santo Padre en las que se lo ve junto al gremialista en el Vaticano. La relación entre ellos no se ciñe sólo a las imágenes. "Caballo" siempre se jactó de sus nexos con el padre Jorge. De hecho, Radio Papa fue un proyecto creado por el gremialista K y lanzado desde la web de su sindicato.