Sábado 2 de Julio de 2022 - 08:16:30

Detuvieron a la ex esposa de Alvarado y la indagan por lavado de activos

La acusan de canalizar al mercado legal los fondos de origen delictivo del sindicado jefe criminal. El año pasado la condenaron a tres años.

Mientras enjuician a Alvarado en la justicia provincial

Por primera vez en la Justicia Federal de Rosario uno de los miembros más destacados del grupo de Esteban Alvarado, quien tiene en el mismo fuero desde marzo un juicio oral por narcotráfico, llega a indagatoria por lavado de dinero que proviene de esa actividad presunta. Se trata de Rosa Capuano, la ex esposa y madre de los dos hijos de Alvarado, quien fue detenida por la Gendarmería Nacional y este martes será interrogada en un tribunal de Oroño al 900.

La acusación contra el grupo en el que será indagada Capuano es por haber puesto en circulación una actividad ilícita entre 2012 y 2019 ocultando su verdadero origen. Eso implicó operaciones de compra de bienes muebles e inmuebles a nombre de los propios investigados, de prestanombres o de sociedades comerciales, “poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito a un valor aproximado de, por lo menos, 10.367.000 pesos”.
Por estos hechos, los fiscales Diego Iglesias, de la Procunar, y Javier Arzubi Calvo, de la fiscalía federal 1 de Rosario, pedirán la detención de Capuano, que el año pasado fue condenada en la Justicia provincial a tres años de prisión de ejecución condicional como miembro de asociación ilícita de su ex marido. Pedirán asimismo la inhibición general de bienes de Rosa Capuano, que al ser allanada por primera vez vivía en el country Funes Hills.

El caso proviene de una causa que en estos días es motivo de una fuerte polémica: la investigación presentada por el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, iniciada a partir de una denuncia de 2013 que atribuía relaciones por negocios de comercio de drogas a Alvarado, el asesinado Luis Medina y oficiales de la policía de Santa Fe.
En esa causa, Lencina identificó actividades de avionetas que descargaban bultos que supuestamente contenían droga, nombres de policías que daban cobertura logística al negocio y a personas que formaban parte del despliegue empresario de la actividad que, según sus informes, comandaba Alvarado. Ese caso no avanzó penalmente en la Justicia Federal de Rosario, pero hubo desde 2015 una investigación por blanqueo de dinero impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que ahora desemboca en las indagatorias.

El juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque había negado, según Lencina, la autorización para profundizar la investigación iniciada, por lo que el caso no prosperó. Pero con el contenido de esa investigación como parte de los fundamentos, ahora se llega a la indagatoria de Rosa Capuano, que será en el mismo juzgado federal 4.

La fiscalía y la Procunar indicaron que en aquella investigación de Lencina se detectó en abril de ese año la existencia de dos filmaciones caseras y vistas fotográficas del despegue y aterrizaje de una avioneta en una zona rural cercana a Rosario, presuntamente para descargar estupefacientes. Eso provenía del acervo de evidencia de una causa tramitada fuera de la provincia, por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, donde Alvarado estaba acusado de liderar una organización de autos de alta gama.

En esas filmaciones puede verse una camioneta. Al capturar la patente de una de ellas, una Amarok, está a nombre de Jorge Antonio Benegas, un socio comercial de Alvarado. Además, las fotografías de la avioneta se tomaron, según la pesquisa, con un teléfono Blackberry en una secuencia donde se observa a Rosa Capuano sobre una moto BMW. La investigación indica que Capuano y Benegas “serían las personas de confianza de Esteban Lindor Alvarado para llevar adelante” las maniobras relacionadas con esos estupefacientes.
Tanto Rosa Capuano como Jorge Benegas están condenados desde el año pasado por asociación ilícita en la causa que la Justicia provincial le sigue a Alvarado como jefe de una organización criminal y por dos casos de secuestro que terminaron en homicidio. Capuano a tres años y Benegas a cinco. Uno de los homicidios considerados es el de Lucio Maldonado, de cuya muerte se acusa a Alvarado de autor ideológico.

A raíz de estos hechos, la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) iniciaron un expediente por lavado donde están Alvarado, Benegas, Rosa Capuano, Gustavo Ramos y Lucio Maldonado, entre otros.

La investigación patrimonial recabó información sobre bienes registrales de estas personas y se detectaron operaciones con apariencia de lavado. Uno de los principales implicados en la trama, según el organismo, eran Medina y Alvarado.

Al mismo tiempo se consideró el caso de un cargamento de 500 kilos de marihuana interceptados en 2017 en un camión en Río Negro, en el que fueron condenados Ricardo Ianni, Marcos Rodríguez, Jesús Rodríguez y José Di Marco. Hoy, a cinco años de ese hecho, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario está llevando a un juicio contra Alvarado como organizador de ese envío.

La pesquisa patrimonial y la de los fiscales provinciales Luis Shiappa Pietra y Matías Edery permitieron saber que había una red empresarial y de personas implicadas con Alvarado. Los condenados en Río Negro tenían relación con los bienes de las firmas comerciales, al igual que el camión que había trasladado la droga.
A Rosa Capuano, que será indagada esta mañana, se le atribuye haber adquirido y administrado dos Toyota Hilux, un auto Sevel, un camión Scania, un VW Saveiro, una Ford Eco Sport, un Ford Cargo. Esas operaciones se hicieron con montos que según la pesquisa surgían de una trama de hechos ilícitos.

Estas acciones, según los fiscales, se desarrollaron con habitualidad, durante once años, por personas con antecedentes delictivos o que se desenvuelven en un ambiente criminal, con personas que no tienen perfiles patrimoniales compatibles con las inversiones realizadas, con manejo inusual de dinero en efectivo. El informe acusatorio en el que se basa el fiscal Arzubi Calvo refiere que en los casos de lavado de activos “los principales corresponden al tráfico ilícito de estupefacientes”.

Alvarado está divorciado de Rosa Capuano. Ella habría desempeñado en el tiempo analizado “el rol de prestanombre de Alvarado, en tanto han mantenido una relación de confianza pese a no ser más un matrimonio”. Rosa está registrada como socia constitutiva de la sociedad Logística Santino, pero “en realidad trabajaría bajo las órdenes de Alvarado”. Esa sociedad, según los perfiles de ingresos, compró en 2015 un camión y semirremolque que no condice con el capital aportado de la firma ni con su giro comercial de tres meses.

Fuente: lacpital.com.ar

Luego de una lluvia de críticas, Bernhardt no asumirá como director del Servicio Penitenciario

Pese a que estaba designado, Bernhardt se bajó tras las fuertes críticas que recibió por su rol durante la represión ilegal en la última dictadura militar

Luego de una lluvia de críticas, Bernhardt no asumirá como director del Servicio Penitenciario

Desde el gobierno todo es silencio. El decreto que designaba a José Bernhardt como director General del Servicio Penitenciario de Santa Fe ya estaba listo para la firma. Pero al hacerse pública la decisión empezaron a conocerse voces críticas de organismos de Derechos Humanos y de distintos sectores políticos; hasta desde el propio Frente de Todos cuestionaron la designación de Bernhardt. Ante la lluvia de cuestionamientos el propio Bernhardt habría tomado la decisión de renunciar al cargo para el que había sido elegido por Omar Perotti. Pero aún no hay confirmación oficial.
Uno de los primeros dirigentes políticos que levantó la voz fue el diputado provincial Carlos del Frade. "El nombramiento del ex teniente coronel José Bernhardt al frente del Servicio Penitenciario es inadmisible. Pero se inscribe en el permanente reciclaje de represores en la historia democrática de Santa Fe", dijo en redes sociales.

"En nuestro libro «Matar robar, luchar para vivir», del año 2004, dimos cuenta de parte de este permanente retorno de los brujos. Bernhardt era el hombre que trasladaba los detenidos de La Calamita como en su momento lo denunció el ex comisario Luis Galanzino", agregó el dirigente del Frente Social y Popular.

Pero luego se sumaron otras voces, como la del actual senador nacional –quien fue acompañado en su lista por el propio Perotti– por Santa Fe del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski. El legislador decidió tomar distancia de la designación y en sus redes acotó: "Acompañamos el repudio de los organismos de Derechos Humanos a la designación de José Bernhardt como director del Servicio Penitenciario de la provincia. El compromiso por la memoria, verdad y justicia es irrenunciable".
También el diputado provincial del Frente de Todos, Leandro Busatto –hoy su sector está enfrentado con Perotti–, salió a criticar la decisión. "Nos sumamos al repudio de los organismos de DDHH por la designación de José Bernhardt como director del Servicio Penitenciario. Alguien que, en su anterior paso como funcionario de seguridad, designó al represor Nicolás Correa como su mano derecha", recordó.
Luego se sumaron voces de la oposición, como la de la diputada provincial Lionella Cattalini. "Dijimos Nunca Más", escribió con mayúsculas la diputada socialista. El gobernador Omar Perotti nombra a un ex miembro del Batallón 601 a cargo del Servicio Penitenciario. A la falta de rumbo en materia de políticas de seguridad democrática se le suma la falta de compromiso con la memoria colectiva", fustigó.
Por su parte, la diputada provincial Agustina Donnet, presidente del bloque Igualdad, además de las críticas a la decisión aseveró: "El legado de Memoria, Verdad y Justicia es una política de Estado inclaudicable".

El único apoyo
Quien se paró en la vereda de enfrente fue el diputado provincial Nicolás Mayoraz (Vida y Familia). "El repudio a la designación del Cnel. (RE)Bernhardt al frente del Servicio Penitenciario es un disparate. No tiene ningún antecedente penal, así que solo debemos exigirle idoneidad para el cargo (algo que muchos de los que se quejan no tienen). Todo mi apoyo al nuevo funcionario", sostuvo en soledad.
A pesar de todo el revuelo que se armó en redes sociales, desde el gobierno no hay una postura pública al respecto. Tanto es el silencio, que el propio Bernhardt es quien decidió renunciar, ya que el gobierno nunca dio marcha atrás con el nombramiento.

Fuente: unosantafe.com.ar

La Corte en Rosario quiere "respaldar" a jueces contra el narcotráfico

Tras el comienzo de la cumbre con representantes de la Justicia Federal, se conocieron las primeras declaraciones de los participantes. El "narcotráfico", como uno de los ejes principales

Fuerte operativo de seguridad en las mediciones de la facultad de >Derecho en Rosario por la Cumbre de la Justicia Federal

El presidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), Jorge Morán, señaló hoy que la presencia de los integrantes de la Corte Suprema, magistrados y funcionarios judiciales en Rosario "es una forma de respaldar" el trabajo que llevan a cabo jueces y fiscales contra el narcotráfico en esa ciudad de Santa Fe.

“Queremos mandar un mensaje abierto, porque un poder solo no puede hacer nada”, sostuvo Morán en declaraciones previas al inicio del debate que se celebrará en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El magistrado y titular de Ajufe señaló que “la justicia investiga, va detrás, pero si todos los poderes toman como objetivo común esto” no se va a encontrar solución”.

Por su parte, la diputada y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, sostuvo que “queremos marcar presencia en la ciudad de Rosario”, que atraviesa una crisis de seguridad pública por la violencia asociada al narcomenudeo.

Fuerte operativo de seguridad en las mediciones de la facultad de>Derecho en Rosario por la Cumbre de la Justicia Federal

“Nos pareció muy importante marcar la presencia del Consejo de la Magistratura en los distintos estamentos que lo integramos.Que la justicia sepa que no está sola”, sostuvo la legisladora nacional.

A su turno, el juez federal de Rosario y vicepresidente de Afuje, Carlos Vera Barros, consideró que el encuentro “es un apoyo institucional muy fuerte, que en lo personal nos reconforta”.

“Es un apoyo que además es transversal, porque involucra al poder político y a la justicia provincial”, añadió el magistrado.

Organizado por Ajufe, el encuentro en Rosario cuenta con la participación del pleno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, jueces federales de diferentes jurisdicciones, el gobernador santafesino Omar Perotti, el intendente local Pablo Javkin, y jueces y fiscales provinciales.

De la actividad participan jueces, camaristas, consejeros y miembros del máximo tribunal y se realiza bajo la consigna “El juzgamiento del narcotráfico”, y la selección de la sede procura dar una señal de apoyo a la Justicia Federal rosarina en materia de persecución penal del narcotráfico.

Fuente: unosantafe.com.ar

El gobierno provincial apunta a bajar la sobrepoblación carcelaria "un 50 por ciento"

Así lo adelantó Walter Gálvez, subsecretario del Servicio Penitenciario, a UNO FM 106.3. Estiman la "construcción de mil celdas nuevas" en la provincia

El gobierno provincial apunta a bajar la sobrepoblación carcelaria un 50 por ciento

Luego de la cumbre de la Justicia Federal sobre narcotráfico en Rosario en la que participaron ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jueces y juezas de todo el país, las políticas carcelarias están en el ojo de la tormenta. En diálogo con Todo en UNO por FM106.3, el subsecretario del Servicio Penitenciario Walter Gálvez analizó la situación penitenciaria de la provincia.

"Cuando uno toma decisiones, profundiza requisas a los familiares y a los empleados como hicimos en la madrugada de este viernes, sabemos que hay repercusiones. Esta gente se maneja de esa manera. Por eso estamos viendo trasladar la oficina administrativa que funciona en la ciudad de Rosario que fue baleada", explicó el funcionario.
Con relación a lo que dejó la cumbre, sostuvo que "hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo". En esa línea recordó que solo Chaco, Chubut y Buenos Aires tienen cárceles federales, pero no tienen Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y criticó que no hay infraestructura en Santa Fe para el sistema judicial federal.

Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios.

"Si uno lo hace solo de un lado del mostrador no alcanza, por eso vemos con beneplácito las convocatorias que se hicieron. Un tercio del exceso de sobrepoblación, que son 1600 internos que tenemos en las cárceles de Santa Fe, tiene que ver con delincuentes federales que no deberían estar en las cárceles de Santa Fe. Por eso es tan importante la inauguración de la famosa cárcel federal regional que Nación está construyendo frente a Coronda" apuntó Gálvez.
Al mismo tiempo describió que la mayoría de los presos por delitos federales están alojados en la cárcel de Piñero. Sobre este punto Gálvez sostuvo que se está trabajando para inhibir llamadas en el edificio.

"Convivir con presos de altos perfiles dentro de la unidad no es sencillo. Por eso vamos a plantear una nueva etapa, con obras. Estimamos que vamos a bajar la sobrepoblación de presos en un 50 por ciento hacia fin de año con mil celdas nuevas en toda la provincia", agregó.

Respecto a la situación de los trabajadores penitenciarios, Gálvez relató que en Rosario hay pocos anotados y menos aún son quienes siguen en carrera. Dijo que deben trasladar personal desde la ciudad de Santa Fe para cubrir vacantes. "Hoy hay 300 aspirantes. Por eso vamos a trasladar la escuela penitenciaria de Las Flores a Recreo, para que esté al lado de la de policías y poder usar esa infraestructura para el entrenamiento. Estos perfiles de detenidos requiere de otro tipo de formación para atacar todos los frentes", reveló.

"En Coronda, Las Flores y Piñeiro se sostiene la sobrepoblación. Además tienen estructuras muy viejas y deterioradas. Hoy estamos construyendo para otro perfil de detenidos, no son violentos pero es otro tema porque no se pueden mezclar, que tenemos una cantidad enorme de ofensores sexuales. Por eso estamos construyendo en Las Flores y Piñeiro pabellones específicos de construcción rápida, empezamos la semana pasada, en cuatro meses van a estar. Porque tienen un perfil específico, no se pueden alojar con la población común y también es otro tipo de detenidos. También crecieron los ex oficiales o ex penitenciarios detenidos por las investigaciones", concluyó.

Fuente: unosantafe.com.ar

Erbetta: "La provincia tiene un problema que es la policía y ningún político lo pone sobre la mesa"

El ministro de la Corte de Justicia Daniel Erbetta dijo que no sabe si la política tiene un asesoramiento que le permita un diagnóstico de la seguridad

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta 

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta –único especialista en materia penal entre los miembros del Tribunal–, dijo que la "provincia tiene un problema muy serio que es la policía y la política no pone este tema sobre la mesa". En diálogo con Todo en UNO (FM 106.3) dijo que el problema del narcotráfico en Rosario no es nuevo, que la Justicia Federal debe mejorar cualitativamente y que no está en condiciones de perseguir ese delito. También le pidió a la Legislatura tratar las leyes de seguridad, reforma judicial y de juicios por jurados populares.

Acerca de los momentos que se viven en materia de violencia e inseguridad, Erbetta mostró su preocupación, aunque dijo que "se logró superar un primer escollo que es la posibilidad de generar una mesa de diálogo y articulación a nivel político". Sin embargo, advirtió: "Si bien la política es imprescindible, porque cualquier tipo de intervención en un problema tan complejo como la seguridad implica una visión política y un compromiso de distintos sectores, la política también necesita de la técnica y ahí no sé si las cosas están bien orientadas como para tener un diagnóstico preciso y poder disponer de una intervención quirúrgica adecuada. Si yo tengo un problema de la vista, normalmente voy a ver a un oftalmólogo. No sé si realmente se tiene asesoramiento específico, profesionalizado, concreto que permita llevar a la mesa política un diagnóstico de la situación como para que esa mesa pueda tomar caminos más conducentes".
"Hoy está en todos los medios el problema de la Justicia Federal. Ese problema no se va a resolver. La Justicia Federal tiene un problema muy grave que es su escasa capacidad de rendimiento en materia de narcotráfico en toda la República Argentina, empezando por Comodoro Py", afirmó y agregó: "Es un problema estructural de la Justicia Federal. Este es un problema que tiene que ver con el jefe de los fiscales federales (Eduardo Casal); el problema del narcotráfico en Rosario no apareció ayer. Bienvenidos los federales a Rosario, que pueden dejar su trabajo para visitar la ciudad. Pero quiero recordar que este es un problema que tiene una data bastante antigua y deberíamos tener capacidad reflexiva y crítica para preguntarnos qué hicimos en los últimos siete, ocho, nueve años".

"Podremos discutir, y bienvenida la discusión y tratar de mejorar la capacidad de respuesta del sistema federal que creo que implica más la necesidad de un cambio cualitativo que cuantitativo. La Justicia Federal no tiene datos; si uno llama al Consejo de la Magistratura nacional no sabe cuántas causas tienen en Rosario, el Ministerio de Justicia de la Nación tampoco me lo sabe informar, de modo que es difícil hacer política sin tener un diagnóstico y sin tener datos", agregó Erbetta en diálogo con Fabián Acosta por FM UNO 106.3.

"Pero más allá de lo que pasa con la Justicia Federal –continuó–, nuestra provincia tiene un problema muy serio que es la policía y la política no pone este tema sobre la mesa. Las leyes de seguridad que implican la reforma policial nunca se trataron en el Senado de la provincia. Cualquier aprendiz, no hablemos de un especialista, que conozca la realidad de la provincia diría que allí tenemos un problema bastante complicado que necesita una reestructuración".
Luego añadió: "Después tenemos otros problemas que tienen que ver con la infraestructura porque yo veo que hay representantes locales de la provincia de Santa Fe muy preocupados por los recursos federales y en la Justicia de Santa Fe hay vacantes que no se cubren; hay fiscales que tienen un promedio de menos de un empleado por fiscal, lo cual va en contra de cualquier estándar internacional; hay distritos en Santa Fe donde la defensa se encuentra en condiciones de desigualdad".

Erbetta afirmó que también hay cuestiones que tienen que ver con el equipamiento para investigación o que solo basta con ver cuántos móviles policiales recorren la ciudad de Rosario. "A veces veo retenes de Gendarmería a horarios y en zonas que no se entiende", cuestionó.
"Hay que poner el tema fuera de la agenda electoral", pidió Erbetta y agregó: "No hay que hacer política con la sangre de los rosarinos y de los santafesinos. Eso es horrible. No hay que hacer política ni desde la política, ni desde el judicial, ni desde el legislativo. Hay que tener mucha responsabilidad institucional, no hay que querer sacar tajada. Se debe tomar un compromiso fuerte por fuera de la agenda electoral por parte de todos los espacios políticos y los actores institucionales. Pero después hay que ir a buscar a la gente que sabe de esto".

"Ninguno de nosotros es autodidacta. Ser político, ser gobernador o ser ministro de la Corte no nos convierte en especialistas en seguridad. La seguridad es un tema de alta complejidad que requiere de políticas coordinadas en los diferentes niveles, nacional, provincial y municipal; desde políticas urbanísticas a políticas específicas de prevención situacional que tienen que ver con cuestiones de seguridad estricta. Pero para eso necesitamos contar con asesores que acrediten algún pergamino. Este es el norte y en eso uno trata de apelar a la responsabilidad de todos", añadió.

Al ser consultado sobre los vaivenes en seguridad y cómo eso conspira contra la persecución de delitos cada vez más complejos, Erbetta respondió: "Eso es así. A veces las especulaciones electorales pueden más y eso vale para todos los actores, entre los que me incluyo y hacemos autocrítica. Aunque hay que decir que si hubiera un sinceramiento profundo nadie dudaría que si un sector está en menos deuda en materia de seguridad con la sociedad, tomemos por caso la ciudad de Rosario donde se concentra el 60 por ciento de la conflictividad penal de la provincia, es la Justicia Penal santafesina. Nuestros fiscales y nuestros jueces penales han perseguido estructuras organizadas, las encarcelaron, las sometieron a juicio, perforaron esas estructuras y transversalmente sometieron a juicio a sectores del poder económico, investigaron a sectores del poder político e incluso fueron víctimas de algo inédito que es para el Guinness en la historia judicial argentina porque no existen antecedentes de tribunales y casas de jueces baleadas y fiscales amenazados como sucedió en Rosario".
Erbetta aclaró que no piensa "que está todo bien" y dijo que tiene autocrítica, pero "la sociedad debe apoyar, avalar y apuntalar a una Justicia Penal que es la que está dando muestras de un fuerte compromiso; es la que está poniendo el pecho y el compromiso" a esta situación tan compleja. "Pero si después las cosas se manejan desde la cárcel, puedo encarcelar medio Rosario, puedo tener los mejores fiscales del mundo, la mayor cantidad de juicios y no voy a resolver el problema", advirtió.

"Pensar que la seguridad se puede abordar solo desde una perspectiva de política criminal –continuó–, la historia grita: «fracaso total». Los problemas de seguridad se deben abordar desde múltiples políticas públicas totalmente coordinadas que no solo tienen que ver con las políticas de persecución penal, sino también con la política penitenciaria, con los controles institucionales, con evitar la corrupción y con desarrollar otras políticas públicas que comprometen al municipio, a la provincia y a la Nación y que implican más presencia del Estado en zonas vulnerables, salir a romper estas economías de subsistencia en sectores que no tienen mucha alternativa. Hay que salir a generar programas para que encuentren contención que no encuentran en su familia, que no pueden ir a la escuela y que no solo tienen un problema de subsistencia, sino que tienen un problema profundo de identidad. Entonces construyen una identidad participando de una banda, teniendo una 9 mm, tirando tiros o, eventualmente, trabajando para algún grupo".
Luego se refirió a la situación carcelaria. "En 10 años se duplicó la tasa de encierro. Esto es alarmante porque si se hace una proyección a 50 años hay que prepararse para tener una habitación en casa para alojar a todas las personas que van a estar presas. Hoy estamos con un hacinamiento del 20 por ciento. Hay lugares de detención como el de Melincué que no resiste el más mínimo estándar internacional. El problema es que si esto sigue así y superamos estos niveles de sobrepoblación carcelaria nos vamos a comprar otro problema adentro de las cárceles, aparte del que tenemos en las calles. Es hora de tomar las riendas del asunto con mucho compromiso. Hay espacios políticos que no sé si están a la altura de las circunstancias. Tal vez no tienen un diagnóstico muy preciso de la situación que estamos atravesando. Si tuvieran un análisis preciso no dejarían de discutir las leyes de seguridad y de reforma judicial y también las leyes de juicios por jurados populares porque hay que darle participación a la ciudadanía en el ejercicio tan tremendo como es el poder punitivo. Pero nuestros legisladores no discuten estas leyes", criticó.

Luego se refirió a la ley que le otorgó a la Legislatura el poder de juzgamiento y remoción de los fiscales y aseguró: "No debería ser la Legislatura desde ningún punto de vista. Creo que es un caso muy autóctono porque no existe en el mundo un caso similar. Volvemos a los estándares internacionales, volvemos al artículo por el que tanto luchó Raúl Alfonsín en la convención Nacional de 1994 de la autonomía plena del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de que exista un mecanismo disciplinario y de eventual remoción de los fiscales lo más parecido posible a un tribunal de enjuiciamiento, como existe en cualquier parte del mundo y de la Argentina. Pero nunca la disciplina en manos de un Poder del Estado porque, de lo contrario, siempre voy a depender de la buena voluntad de los legisladores; de que haya buenos, malos o regulares legisladores. Pero allí siempre hay una herramienta para disciplinar y por lo tanto impedir que los fiscales puedan investigar hechos que puedan comprometer a integrantes de la Legislatura. Para eso no hay que estudiar mucho derecho. Sé que la Legislatura está discutiendo una modificación y eso es bueno".

Fuente: unosantafe.com.ar