Viernes 23 de Febrero de 2018 - 21:14:05

El Gobierno avanza sobre el RENAR y la IGJ: echaron al primo de Julián Álvarez

Ganaba $50.000 por mes, pero nadie sabía cuáles eran sus tareas.

Acceso a la oficina de la Inspección General de Justicia

En medio de la controversia por los despidos en la administración pública, el Gobierno avanza con firmeza sobre el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Inspección General de Justicia (IGJ), dos registros que fueron clave durante la anterior gestión y que sirvieron como refugio de los sectores más ortodoxos del kirchnerismo, como la agrupación La Cámpora. El RENAR es la oficina encargada, entre otras tantas funciones, de otorgar la portación de armas. La IGJ es la que da el aval para, por ejemplo, la conformación de sociedades y la publicación de los balances.
 
 
Si bien en los papeles dependían del ex ministro de Justicia, Julio Alak, ambos registros funcionaron durante los últimos años bajo el paraguas del ex viceministro Julián Álvarez, uno de los jóvenes preferidos de Cristina Kirchner, con influencia en la Justicia, y ex candidato a intendente en Lanús, elección que perdió por pocos puntos en manos del macrista Néstor Grindetti. Un escalón más abajo en el organigrama, ambos organismos –junto a otros nueve- estaban bajo el control de Oscar Martini, ex secretario de Asuntos Registrales, aunque en el día a día la operatividad estaba bajo la mano de Esteban de Gracia, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, cercano a Álvarez.
 
 
A la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, que deroga los mecanismos que impedían acceder a información sensible de sociedades y fundaciones –resolución que podría complicar a ex funcionarios K-, la nueva administración avanza en la revisión de contratos y analiza la gestión de sus antecesores. En los últimos días, por caso, el Gobierno cesanteó a poco más de cuarenta contratados, una lista que podría engrosarse en las próximas semanas.
 
 
Entre los echados se destaca el primo de Julián Álvarez, de apellido García, cuyo sueldo promediaba los 50.000 pesos, según fuentes del Ministerio de Justicia. Nadie conocía demasiado las funciones que cumplía el familiar del ex operador K. Tampoco qué será del futuro laboral de la ex secretaria de Álvarez, que días antes del 10 de diciembre pasado fue reubicada –"está escondida", cuentan irónicos- en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a metros de las oficinas de Tandanor. Álvarez contaba con sus privilegios: según el gremio, el ex funcionario tiene asignados cinco vehículos oficiales, uno de los cuales habría estado designado con exclusividad para su pareja.
 
 
La gestión de Álvarez en Justicia es uno de los puntos que analizan las nuevas autoridades, con el ministro Germán Garavano y Martín Borrelli, nuevo secretario de Asuntos Registrales, a la cabeza. Según fuentes oficiales, además de los nombramientos, la lupa también está puesta en algunos trabajos de una gráfica de la calle Campichuelo, en el barrio porteño de Caballito, que funciona en un edificio del Ministerio de Justicia y que realiza algunas tareas para el Estado: en el primer piso hay oficinas del Boletín Oficial, y en la planta baja archivos del mencionado ministerio. La inquietud de la actual gestión pasa por los trabajos que dicha imprenta habría realizado para la campaña electoral de Lanús del ex secretario de Justicia.
 
Además de la resolución publicitada hoy en el Boletín Oficial, el macrismo analiza además el funcionamiento interno de la IGJ. En el estudio de los listados de empleados, los funcionarios se encontraron con una sorpresa: hay unos 20 empleados nombrados, con sueldos de entre 9.000 y 50.000 pesos, que nadie los encuentra. Figuran como contratados, pero nadie sabe dónde están ni qué funciones cumplen.
 
 
En el caso del RENAR, que durante el kirchnerismo estuvo bajo el mando del camporista Matías Molle, el Gobierno analiza aportarle a la Oficina Anticorrupción -conducida por Laura Alonso- material vinculado con el sistema de otorgación de portaciones y tenencias de armas, que en las últimas semanas quedó bajo un manto de sospecha por la relación promiscua entre ese registro y los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez.

Hugo Moyano, sobre Mauricio Macri: "Será que no le caen simpáticos los trabajadores"

El jefe de la CGT Azopardo habló sobre la falta de reunión del presidente con el sindicalismo. También se refirió a los despidos.

El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, se refirió esta mañana a la decisión del presidente Mauricio Macri de no recibir a los representantes de los gremios, mientras ya tuvo encuentros con empresarios y directivos de diversas cámaras patronales. Además, el secretario general de Camioneros aclaró que no va a pedir una audiencia para ser recibido.

"Pregunten a Macri por qué hace eso... no le caerán simpáticos los trabajadores", respondió Moyano al ser consultado en radio Del Plata cuál era su opinión sobre esa diferencia del presidente de recibir a los empresarios y no a los sindicalistas. El gremialista, uno de los más fervientes opositores al kirchnerismo, también se refirió a los despidos dispuestos por la actual administración.

"Yo no ando detrás de nadie, no le golpeo la puerta a nadie, por más que digan lo que digan. Ni al gobierno ni al periodismo, no ando atrás de nadie. No tengo esa característica", aclaró el titular de la CGT Azopardo. Esas palabras fueron pronunciadas mientras desde el gobierno nacional expresaron en varias oportunidades que no habían tenido una reunión con Macri porque no había sido solicitada de manera formal.

Sobre las cesantías, Hugo Moyano advirtió que no está de acuerdo con que se produzcan despidos en el Estado porque "se cometen injusticias" y adelantó que la central obrera adoptará medidas "si el gobierno nacional sigue con esta iniciativa". Sin embargo, dijo que muchas cesantías fueron producto de incorporaciones de último momento del gobierno anterior para que la administración actual "tenga la responsabilidad de tomar esta medida".

El también líder del Sindicato de Camioneros exhortó a los gremios del sector a que reaccionen y salgan a la calle, y contrastó la actuación de esas organizaciones con la entidad que él conduce, al decir que si la misma situación hubiera afectado a los choferes los conductores ya estarían peleando.

"No estamos de acuerdo en que se produzcan despidos", respondió Moyano consultado por la prensa sobre las cesantías en el Estado, tras un encuentro mantenido con autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en la sede de esa entidad de la calle Pasteur 633 de la Capital Federal.


En esa línea, advirtió que "se cometen injusticias" pero matizó: "Hay muchos que consideran que muchos de los que han despedido son incorporaciones que ha hecho el Gobierno anterior a último momento para que el Gobierno que venga tenga la responsabilidad de tomar esta medida".
"Los que tienen que salir a la pelea son primero los gremios (del sector) que están afectados porque, cuando nosotros fuimos afectados, cuando Camioneros fue afectado, con perdón de la expresión, nos agarraron a palos, nos lastimaron gente, metieron gente presa y nosotros nos la bancamos solos", contrastó luego.

No obstante, alertó que, "si el Gobierno no da respuesta y sigue con esta iniciativa, tomaremos las medidas que tenemos que tomar y, para esto, no va a ser necesario que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer".

Quiénes podrán acceder a la tarifa social de energía eléctrica

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció el cambio de modalidad de la facturación del servicio

Tal como había anticipado el Gobierno, los sectores de menores recursos recibirán una tarifa social en el servicio de luz. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al dar a conocer los aumentos.
 
En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que de los 4,6 millones de clientes que tienen Edenor y Edesur en el área metropolitana de Buenos Aires, un 20% recibirán esta tarifa. Esto quiere decir que unos 900.000 usuarios no se verán afectados por las correciones máximas en las tarifas, porque no abonarán nada por los primeros 150 kW/h de consumo por mes, mientras que por el excedente hasta 202 kW/h que usan actualmente, pasarán a pagar del equivalente a $26 por mes $43, con el nuevo cuadro tarifario.
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Fuentes del mercado aseguraron a Infobae que en realidad los beneficiados de la tarifa social se ampliará a un rango de 1,5 a 2 millones de usuarios, sobre un total de 5,3 millones de clientes entre las dos principales distribuidoras, 2,8 millones de Edenor y 2,5 millones de Edesur.
 
Las distribuidoras estimaron que la tarifa social alcanzará a unos dos millones de usuarios
 
El ingreso al régimen de tarifa social es casi automático para los usuarios que cobren programas sociales, jubilados y pensionados que perciben menos de dos haberes mínimos por mes, unos $8.300 y trabajadores que cobren menos de dos salarios mínimos, vital y móvil, $12.120 brutos, de acuerdo a los parámetros que estableció el la Resolución 7 de Energía.
 
Cabe destacar que si esos usuarios tienen registrados a su nombre más de una vivienda, o son titulares de un automóvil con una antigüedad menor a 15 años, quedarán excluidos de ese beneficio.
 
 
Costo cero para muy pocos
La tarifa social, una vez cumplidos los requisitos de ingreso o categoría ocupacional (empleado doméstico registrado) abarca sólo a los primeros 150 kW/h de consumo. Pero el 70% de los usuarios excede ese parámetro en unos 50 kw/h, de ahí que de repetir la demanda del año anterior pasarán de abonar $26 equivalente mensual a 43 pesos.
 
De ahí que para no abonar nada, el beneficiario de la tarifa social no deberá exceder el consumo de 150 kW/h por mes.
 
La tarifa social se extenderá a los consumidores del país que reúnan los requisitos establecidos
 
Cabe agregar que la tarifa social se extenderá a los clientes del resto del país de todas las distribuidoras de energía, porque la base de cálculo del precio de la energía se establecerá sobre la base del reencuadramiento tarifario del costo de generación.

El kirchnerismo dejó a la Argentina entre los últimos 10 puestos de un ranking de libertad económica

La Argentina se mantiene en el puesto 27 de los 29 países relevados de la región. 

La Argentina se está desempeñando por "debajo de su potencial". Esa es la principal conclusión a la que llega The Heritage Foundation, que junto al periódico estadounidense The Wall Street Journal, realiza todos los años un ranking global de libertad económica. El país se mantiene en el puesto 169 entre 178 países relevados, y aunque no baja ni sube escalones, es una de las 10 economías más reprimidas del mundo.

 
Las restricciones a las importaciones, el control del mercado cambiario (cepo al dólar), la inflación de doble dígito y el control de precios erosionaron la economía y la estabilidad monetaria, según esta edición que analiza el último año de gobierno de Cristina Kirchner, ya que los datos analizados contemplan el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015.
 
Este instituto ligado al partido republicano en los Estados Unidos define al país como una "economía reprimida o cerrada" por quinto año consecutivo, y dentro de la región, sólo Venezuela y Cuba se ubican por debajo del ranking. Con el puesto 169, la Argentina se ubica cerca de países como el Congo e Irán, entre otros.
 
La falta de negociación con los holdouts también se menciona en el informe, como así también el incremento de la "violencia relacionada a la droga, ya que organizaciones criminales internacionales usan al país como centro de operaciones y ruta de tránsito. El sistema judicial está repleto de jueces incompetentes y corruptos".
 
"Argentina, que es rica en recursos naturales y tiene una población educada y sofisticada, se ha desempeñado por debajo de su potencial", subrayó el informe. En el ranking mundial, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda se mantienen en los primeros tres puestos. Chile conservó el séptimo lugar y lidera la región, mientras que luego de dos años sin cambios, los Estados Unidos subió un lugar y se ubicó en el puesto 11.
 

Nuevo esquema tarifario de luz: quienes pagaban $26 ahora abonarán hasta $158

La tarifa plena mensual se unifica para aquellos que tenían subsidio y los que habían renunciado. Sube entre 50% y 500%. El incremento afecta los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires.

Subas en la factura de luz

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas tarifas de luz, luego de que esta semana el Gobierno aplicara un ajuste en el servicio de generación. Las subas se habían anticipado con esa medida, pero hasta ahora no se conocía su impacto en la boleta, aunque los cuadros tarifarios se detallarán en el Boletín Oficial del próximo lunes.

"En los últimos años se mantuvo un sistema tarifario injusto, en el que se castigó a los que menos tienen y se afectó a varias provincias en un sistema poco federal", denunció el funcionario, quien apuntó que esa situación afectó la inversión y deterioró el sistema.

Al dar un primer panorama sobre las tarifas, siete de cada 10 usuarios residenciales pagaban $26 por mes de energía eléctrica con subsidio y un consumo promedio de 180 kWh por mes, mientras que los que habían renunciado al subsidio, estaban abonando $102 mensuales. La tarifa plena ahora pasará a $158, un aumento del 500% para los que estaban subsidiados y de un 55% para los que habían renunciado al subsidio en la capital Federal y el Gran Buenos Aires. En los dos casos, se trata de usuarios que no están comprendidos en la tarifa social en función de sus niveles de ingreso.

El premio estará para los que ahorren energía: si se disminuye el consumo un 10% interanual, el usuario pagaría $128 (30 pesos menos que la tarifa plena), y si el ahorro es de un 20%, pagaría unos $106 (52 pesos menos). Como ahora el pago será mensual, la comparación contra el mismo período del año anterior (que era bimestral) se hará en base a un promedio.

Los nuevos cuadros tarifarios se publicarán el lunes en el Boletín Oficial

El funcionario señaló que de los 4,6 millones de usuarios que tienen Edenor y Edesur, 900.000 recibirán una tarifa social, lo que equivale al 20% del total. Sin embargo, fuentes del mercado aseguraron a Infobae que los usuarios en realidad son 5,3 millones, por lo cual el universo beneficiado por una tarifa social se elevaría a un rango de 1,5 a 2 millones en el área metropolitana. Con todo, la diferencia en los números prestan a confusión.

La conferencia de Juan José Aranguren comenzó con destacar la gran cantidad de subsidios que se le otorgó a la generación de energía eléctrica entre 2003 y 2015. En total, las transferencias del Estado Nacional hacia los consumidores fueron unos USD 51.000 millones, "dos veces las reservas del Banco Central". Con ese número, el ministro aseguró que se podrían construir 35.000 jardines de infantes y 5,5 millones de Asignaciones Univeral por Hijo (AUH).

Con la suba de tarifas, el Gobierno proyecta un ahorro de USD 4.000 millones para 2016, ya que la quita de subsidios se hará de forma progresiva. "También se deben dar señales de que haya inversión para mejorar la calidad del servicio", enfatizó. Y como la calidad del servicio cayó cada año, el ministro puso el desafío que hacia 2018 se llegue a una calidad similar a la de 2003.