La vice confirmó que no será candidata, y lo justificó con una supuesta amenaza penal. Los pasos y fechas clave en los casos Vialidad, Hotesur y los Cuadernos de las Coimas.

Cristina Kirchner ratificó que no será candidata en los comicios de este año. En la extensa carta que publicó este martes acusó a la justicia de buscar proscribirla a través de los procesos que afronta por hechos de corrupción. Se refirió a una supuesta "persecución" que sufrió desde 2016 "en carne propia” y junto a su familia. Corrida de cualquier contienda electoral, hay un calendario que la vice mira con atención: el de las decisiones que en Comodoro Py y en la Corte se debe tomar sobre su situación judicial.

El 6 de diciembre, cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Cristina respondió con un descargo donde anticipó que no iba a ser candidata a nada. El kirchnerismo desde entonces especuló con la posibilidad de que esa decisión se revierta. Pero este lunes quedó confirmada: no se postulará a ningún cargo.

En su carta hizo una marcada referencia a la situación judicial que lejos de apaciguarse, la vicepresidenta sabe que le esperan decisiones claves y apuntó -una vez más- anticipadamente a ese posible escenario.

“Exponentes del Partido Judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente tres años antes cuando se inició el juicio conocido como la obra pública de Vialidad Nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción”, escribió este martes.

Lo cierto es que la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida es una pena accesoria al delito de administración fraudulenta. Se consideró que la vice interpuso los intereses personales en perjuicio de la administración pública cuya responsabilidad era la de protegerlos y, valga la redundancia, la de administrarlos correctamente.

Sin embargo, la sentencia condenatoria no se implementa automáticamente: se requiere que sea ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Para que llegue a esa instancia aún falta la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

 

Audiencias después de agosto
Las apelaciones del caso Vialidad, incluida la de Cristina Kirchner, ingresaron hace una semana a la Sala IV de la Cámara de Casación. Por delante queda un extenso recorrido de trámites administrativos: hay planteos que resolver para después fijar fecha de audiencias a los imputados para que amplíen los argumentos de sus apelaciones.

Esa instancia incluye al fiscal Diego Luciani, que insistió en que a la ex presidenta también se la debe acusar por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Los camaristas aún no fijaron el cronograma de audiencias, pero aún si comenzaran en la segunda etapa del año, de ninguna manera habrá un pronunciamiento sobre la sentencia del TOF 2 hasta iniciado el 2024.

Esa primera fecha es observada por la vicepresidenta, porque una vez que se conozca el criterio de los jueces de la Casación -si confirman la condenan, si la modifican o la revocan-, se iniciará el camino hacia la Corte.

Cristina Kirchner se refirió a este punto y dijo que si ella era candidata, la Corte saldría rápidamente a confirmar la sentencia en su contra para inhabilitarla a ejercer el cargo para el cual se podría haber postulado. “Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”.

El máximo tribunal no cuenta con plazos para pronunciarse sobre los temas que llegan a dicha instancia. Pero la vice lo utilizó como un argumento para desistir de una candidatura.

El calendario judicial al que le presta atención cuenta con otras fechas.

 

Una sesión clave en el Senado
El 30 de mayo, en el Senado se realizará la audiencia obligatoria para poder aprobar la prórroga por cinco años del pliego de la jueza Ana María Figueroa, actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal que en agosto cumple los 75 años que la Constitución impone como límite para que los jueces continúen en sus cargos excepto que el Senado renueve ese pliego por cinco años. Es lo que busca el Gobierno.

 

Hotesur y Pacto con Irán ¿antes del 24 de junio?
Figueroa es una jueza clave porque en sus manos están dos resoluciones que le importan a Cristina Kirchner y que se conocerían en las próximas semanas, es decir antes del cierre de listas que es el 24 de junio.

Por un lado, con los plazos completamente vencidos, tiene que enviar a sus pares de la Sala I, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, su voto respecto de los casos Hotesur y Los Sauces, las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.

En estos expedientes la vice consiguió -al igual que sus hijos- un sobreseimiento sin realización del juicio. La Sala I de la Casación tiene que resolver si sostiene ese criterio o reabre el caso y se realiza el debate oral. Sólo falta el voto de la jueza Figueroa.

De reabrirse el caso, la vice y sus hijos podrían terminar el próximo año sentados en el banquillo de los acusados, junto a los demás imputados que incluyen a su sobrina Romina Mercado, a su ex socio comercial Lázaro Báez, a un hombre clave en los negocios familiares como lo es Osvaldo Sanfelice, a su ex inquilino Cristóbal López, a su ex contador y arrepentido en la causa de los Cuadernos, Víctor Manzanares.

Misma circunstancia se transita con el caso Pacto con Irán, que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y donde se procesó y envió a juicio a Cristina Kirchner por el delito de encubrimiento agravado del atentado de la sede de la AMIA. Con un sobreseimiento sin realización del juicio, los mismos jueces deben decidir si se reabre o no el caso.

 

Otro juicio por presunta corrupción
¿Qué otra fecha clave aguarda la vice? La que fije el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) para iniciar el debate oral en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos a contratistas del Estado.

La causa, elevada a juicio oral hace tres años, cuenta con un mayor avance. Fuentes judiciales aseguraron a Clarín que la próxima decisión es elegir qué medidas de prueba previas al juicio se realizarán, qué testigos se aceptarán y, finalmente, elegir la fecha de inicio.

Fuente: clarin.com