La revolución inmobiliaria en esta nación provocará un brusco cambio para los ciudadanos locales. Qué pasará con los turistas.

La imposibilidad de comprar una casa en Portugal es una problemática que va en aumento para los ciudadanos locales.

Con el paso del tiempo, se convirtió en una situación preocupante que alcanzó niveles nacionales inusitados.
Es que los bajos sueldos que ofrece el país luso no alcanzan para hacerse de una propiedad y la preocupación va en aumento, según datos estadísticos.

En ese marco, diferentes estudios reflejaron que el valor medio de venta en Lisboa superó en 2022 al de Milán, Madrid o Barcelona, mientras que el de alquiler fue mayor que el de la capital española y solo ligeramente inferior al de Milán.

Con esos números a la vista, el propio Gobierno optó por intentar terminar con esta problemática acompañando la situación con una serie de medidas paliativas.

Una de ellas es eliminar el programa que concede visados de residencia a extranjeros por inversiones en el país y además se prohíben nuevas licencias para pisos turísticos.

Iniciativa polémica
Un accionar del plan gubernamental tiene que ver con el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas. El Instituto Nacional de Estadística ha censado 723.215 hogares vacíos en todo el país. Ante esta situación, el Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario, que cobra al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. El Estado asumirá las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben, y gestionará con el inquilino una solución para la deuda, que en el peor de los casos puede incluir el desalojo, detalla La Nación con información de El País en su informe.

Vale aclarar que se baraja la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe en marzo la versión definitiva de las medidas, que también incorporan beneficios fiscales para propietarios con el objetivo de favorecer el arrendamiento de larga duración.

El intervencionismo público también se extenderá sobre los precios de nuevos alquileres, algo que no ocurría en Portugal desde 1985, cuando se legisló para liberalizarlos. A partir de ahora se establecerá un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que estará vinculado tanto a la evolución como a las previsiones de la inflación. Con esto se pretenden evitar las subidas disparadas en los precios de alquiler, que acaban forzando la salida de inquilinos que no pueden asumirlos.

El primer ministro Antonio Costa, reveló en una entrevista con la cadena de televisión TVI que buscan un “equilibrio” entre las necesidades de la población y el desarrollo económico. Porque una de las decisiones afecta directamente al turismo, un sector capital para la economía.

Y agregó: “Los pisos turísticos tuvieron muchos efectos positivos para revitalizar nuestras ciudades pero también tienen impactos negativos como la subida de precios”, quien remarcó que se revisará la licencia a los que ahora mismo están en activo en 2030.

Fuente: ambito.com