“¿Qué le pasa a Carrió?”, se preguntaban ayer algunos ministros. Sin embargo, la jugada de “Lilita” terminó impactando en la decisión que adoptó el Presidente
El dictamen de Elisa Carrió y la férrea oposición que habían planteado los fiscales -incluso los que no la quieren mucho a Alejandra Gils Carbó– obligaron al gobierno nacional a dar marcha atrás y a rever la estrategia que había planteado en el Congreso de la Nación.
El objetivo de Cambiemos era claro. Apuntaba a modificar la ley que establece las facultades del Ministerio Público Fiscal. Entre los cambios, planteaban acotar la duración del cargo del Procurador -hoy es vitalicio- y limitar algunas de sus potestades. En la oficina de Gils Carbó estaban molestos, pero confiaban en que cualquier tribunal tacharía de inconstitucional la maniobra.
"Lilita", profunda conocedora de la carta magna y sus leyes complementarias, la vio venir y se lo había adelantado al presidente Mauricio Macri semanas atrás, antes de ser operada del corazón. Pero el trámite continuó y la diputada se brotó cuando el oficialismo evitó que el proyecto pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ella integra. Los dos diputados de la CC que participan de la Comisión de Justicia votaron en disidencia, y no impulsaron un dictamen de minoría como señal amistosa al Gobierno.
La iniciativa avanzó por los carriles habituales de los trámites que tienen que salir rápido en el Congreso de la Nación, lo que llevó a la líder de la Coalición Cívica a jugar fuerte: presentó un dictamen con las objeciones y lo hizo público.
La maniobra cayó como un mazazo en el gobierno nacional y el tema se convirtió en el eje principal de la reunión de Gabinete que se realizó el lunes por la mañana. "¿Qué le pasa a Carrió?", repetía en voz alta uno de los funcionarios que acudieron a la cita en Casa Rosada mientras Emilio Monzó explicaba ante el Presidente y el resto de los integrantes de la mesa cómo la posición de "Lilita" podía complicar acuerdos parlamentarios.
No había margen para avanzar por esa vía. Tenía riesgos políticos y jurídicos. Y la estrategia cambió. El proyecto fue desechado y ahora el Poder Ejecutivo irá por el juicio político contra Gils Carbó, una de sus promesas durante la campaña electoral del 2015.
Hay un proyecto en el Congreso que promueve la destitución de la Procuradora. Plantea que a la jefa de los fiscales hay que imputarle "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública". "Gils Carbó, ya ejerciendo su cargo de Procuradora General, llevó a cabo una serie de conductas irregulares que ameritan el juicio político", indica el texto. A ello se le sumarían ahora nuevos argumentos que esgrimen en el Ejecutivo: "La Procuradora cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y, además, por haber designado fiscales sin cumplir con los procedimientos en vigencia".
El proceso es complejo y puede extenderse en el tiempo. Por eso Macri lo evitaba. Contempla que se reúna la Comisión de Juicio Político, recabe información, cite a los testigos, realice audiencias e informe las conclusiones al resto de los integrantes del Congreso. Luego se emite un dictamen y se buscan los votos en el recinto. Se necesitan dos tercios en ambas cámaras, una prueba de fuste que pondrá a prueba las habilidades políticas de los operadores de Cambiemos.