El lunes último se celebró la primera reunión del año de la Junta de Seguridad Urbana, presidida por el intendente municipal José Luis Freyre, y que contó con la presencia de representantes de Sociedad Rural, Centro Regional para el Desarrollo, el obispo Gustavo Help, funcionarios municipales, vecinalistas, concejales, fuerzas de seguridad, miembros del Nodo 5, el diputado provincial Darío Mascioli y el senador Lisandro Enrico.

Si bien se había previsto un orden del día donde se planteaban temas como la presentación del programa "No compre lo robado" de la vecinal Ciudad Nueva; solicitud de audiencia con jueces y fiscales federales por el tema narcotráfico y Buzón de la Vida, el intendente priorizó el análisis de la coyuntura actual de la seguridad local y necesidad de mayores recursos por la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, para luego dar tratamiento al resto del temario.

El jefe del Ejecutivo local manifestó su preocupación ante el recrudecimiento de hechos delictivos en los últimos días, solicitando a las autoridades policiales una hipótesis sobre las causas de este fenómeno que angustia a los vecinos y que aparenta ser incontrolable.

Uno de los argumentos evaluados por las fuerzas de seguridad es la liberación total o parcial que se otorga a personas que están procesadas o privadas de la libertad en la Alcaidía en los días previos a la feria judicial, convirtiéndose en "mano de obra desocupada" y "reincidente".

En la oportunidad también se los consultó sobre los procesados con libertad morigerada o domiciliaria, y si se hacen controles de cumplimiento de la restricción, y así se pudo saber que hay una persona a cargo de la tarea de verificar no solo la estadía en el domicilio, sino que también hace controles de cumplimiento laboral.

Por su parte, la Policía también pidió que a través de la Junta de Seguridad Urbana se exhorte a la población a ejercer mayor predisposición y compromiso ciudadano, ya que las nuevas leyes vigentes exigen la presencia de testigos en una detención callejera, reiterando además la necesaria denuncia ante la Policía o en los Tribunales de quienes son víctimas de delitos.

Algunos datos ofrecidos desde la Comisaría Segunda informaron que en los primeros 10 meses del año pasado se robaron 200 motos; además este año aparecieron dos nuevos tipos de delincuentes: una mujer que participó de robos calificados y un sujeto foráneo.

Por su parte, Freyre solicitó a la Policía que colabore y detenga las motos que circulan sin patente o cometen graves infracciones de tránsito.

Desde la Junta, una vez más se reclamó por la ausencia de jueces y fiscales, cuya presencia se convierte en indispensable para aclarar algunas situaciones y medidas que se adoptan desde ese poder del Estado.

En tanto, el vecinalista Fran López, quien expuso los fundamentos de la campaña "No compre lo robado", instó a ser cautelosos y no confundir con declaraciones a la población respecto al uso de los "Buzones de la Vida". Y recordó que todos están instalados en lugares seguros, resguardados y las denuncias son anónimas.

 

Cárceles y nuevo sistema

Otro de los temas abordados en la reunión fue la capacidad carcelaria de la provincia y en ese punto el ex diputado provincial y actual subsecretario de Legal y Técnica municipal, Jorge Lagna, recordó que cuando finalizó su última gestión, Jorge Obeid había dejado proyectadas dos nuevas cárceles en la provincia, inclusive se habían elegido los terrenos para construir una en la localidad de Melincué.

Por su parte, el senador Enrico planteó la necesidad de efectuar una ampliación en la actual Alcaidía de Melincué, que en la actualidad tiene una capacidad de contención de entre 100 y 120 detenidos, y también de crear una penitenciaría en el departamento General López, solicitando apoyo a la Junta para ambos proyectos, como así también a su propuesta de modificar la ley penal, ampliando el alcance de la prisión preventiva. 

Sobre este tema, el coordinador del Nodo 5, Oscar Pieroni, opinó que seria necesario apuntar a una mayor inclusión social y pensar menos en institutos carcelarios.

El próximo 10 de febrero se pone en marcha el nuevo sistema penal y este punto de partida llevó a los integrantes de la Junta a plantear si se cuenta con los recursos humanos y materiales, no sólo en lo que se refiere al Poder Judicial, sino también su impacto en las fuerzas de seguridad. Se estima que al menos tres o cuatro policías deberán pasar a custodia del edificio donde funcionarán el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio del Servicio de Defensa, restándolos al plantel de uniformados.

Además, si bien ya estaría en la ciudad el nuevo director de la Policía de Investigación, se desconoce si cuenta con los recursos humanos y materiales para que su servicio, que será fundamental en apoyo a la labor de los fiscales, sea eficaz y eficiente.