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Publicado: Jueves, 18 Julio 2024 15:40
Durante el acto por los 30 años del atentado a la AMIA frente al Palacio de Tribunales, la agrupación Memoria Activa rechazó la iniciativa del gobierno nacional de impulsar el “juicio en ausencia” contra los acusados iraníes por ese hecho. “Tememos que se use solamente para confirmar el interés de una ‘hipótesis oficial’ sin pruebas suficientes”, advirtieron.
El pronunciamiento fue hecho por el abogado de esa agrupación de allegados a las 85 víctimas, Rodrigo Borda, quien en su discursos subrayó que “la ley procesal argentina tal como existe no es un obstáculo para encontrar pruebas sobre la convicción de los acusados con pedidos de captura”.
La declaración es un duro revés a la iniciativa del gobierno de Javier Milei, que el martes pasado envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal a fin de que los imputados por ese hecho y otros de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva puedan ser sometidos a un proceso penal sin estar presentes.
“Es falso que sin juicio en ausencia no se pueda saber la verdad ni que sea la única posibilidad” para esclarecer el hecho, dijo Borda y recalcó que “en el caso AMIA es determinante que los acusados participen” para que puedan aportar información sobre la red de complicidades en torno de ese atentado.
Críticas a Milei
En el mismo sentido se expresó Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud y referente de Memoria Activa, quien sostuvo que el oficialismo presentó ese proyecto de ley “para cerrar la causa sin verdad y sin justicia” y con el único objetivo de buscar “una sentencia a medida”.
También criticó al presidente Milei por solidarizarse con las víctimas pero, a la vez, “rendirle homenaje y honores al que fuera el máximo responsable de la impunidad de la causa AMIA: el expresidente Carlos Menem”.
Por su parte, Borda aclaró que “no decimos que Hezbolá e Irán no tengan responsabilidad”, pero remarcó que “tenemos el temor de que el juicio en ausencia se use solamente para confirmar el interés de una ‘hipótesis oficial’ sin pruebas suficientes”.
El juicio en ausencia “puede tratarse de una maniobra para cerrar la causa AMIA sin profundizar la investigación”, sentenció.
El acto de Memoria Activa
El pronunciamiento fue hecho durante la ceremonia que tuvo lugar en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales (al que los organizadores llamaron “el palacio de la impunidad”), el homenaje comenzó con la lectura uno a uno de las 85 víctimas del atentado terrorista.
Allí hablaron también el rabino Daniel Goldman y la titular del CELS, Paula Litvachky, quien resaltó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por no prevenir el atentado y por el encubrimiento deliberado de los hechos.
“El Estado, dice el fallo, también es responsable de no haber logrado justicia. Y esto no ha sido una consecuencia de la naturaleza. El Estado utilizó tu capacidad e institucionalidad para desviar la investigación”, dijo durante su discurso.
En otro tramo de su intervención, el abogado Borda recalcó que “hablar de la AMIA es hablar de impunidad” y puntualizó que esa impunidad “no es consecuencia de la complejidad de los hechos sino de las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación”, por las cuales fueron condenados el exjuez Juan José Galeano, el exjefe de la SIDE Hugo Anzorregui y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. “Fue un atentado que se encubrió desde el poder”.
El acto contó con una nutrida asistencia. “Pasaron 10.958 días de impunidad, sin verdad y en los que nadie dice la verdad. Mientras tanto, nosotros luchamos por la memoria, la verdad y la justicia”, recalcaron durante el discurso inicial.
También reclamaron la liberación de secuestrados de por Hamas y pidieron por el fin de la guerra entre Israel y Palestina. En la voz de Wassner, Memoria Activa calificó a la causa judicial como “todo lo que no debería ser: una de las más grandes vergüenzas de todos los gobiernos que han pasado a través de 30 años. Un fracaso estridente, doloroso”. De la misma manera se expresaron “hartos de los infinitos tiempos de la Justicia” y cerraron la convocatoria con la consigna “Justicia, justicia seguiremos persiguiendo”.
Fuente: pagina12.com.ar
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Publicado: Viernes, 05 Julio 2024 15:37
El exintegrante de los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri tendrá finalmente un lugar en el Gabinete de Javier Milei. Si bien su objetivo será reducir el Estado, se creó una nueva dependencia especialmente para su rol.
La designación de Federico Sturzenegger en medio del festejo por el triunfo de la Selección Argentina es una prueba más de que la nocturnidad y el exitismo deportivo son las cortinas de humo que aprovecha la política cuando intenta que un hecho pase desapercibido para las tapas de los diarios.
Pero esta vez no fue del todo así. La relevancia del personaje, su historial de fracasos económicos, su prontuario de vaciador del Estado y su probada impericia para favorecer las finanzas domésticas lo colaron rápidamente entre los principales lugares de los portales de noticias.
Su llegada a la mesa ministros blanquea la relación de dependencia y reciprocidad entre él y el presidente Javier Milei. Fue su asesor desde que asumió, el articulador del decreto 70/2023 de desregulación de la economía que sigue haciendo estragos en la sociedad, y será el desarmador de lo que queda del Estado nacional.
Es el tercer gobierno del que participa. En los dos anteriores fue eyectado por sus fracasos económicos para el país pero felicitado por sus favores al establishment financiero internacional.
Según el decreto que lo designa como ministro de Transformación del Estado, Sturzenegger se asegurará, una vez más, de arrasar con las posibilidades que tenga el Estado de intervenir en la economía, “transformar el Estado” en favor del sector privado, “reducir el gasto público”, intervenir en los organismos de toda la administración nacional.
Las 27 funciones del ministerio de Sturzenegger
Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.
Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.
Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.
Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.
Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.
Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.
Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.
Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.
Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.
Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.
Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.
Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.
Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.
Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.
Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.
Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.
Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencias en la materia.
Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.
Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.
Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.
Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado nacional.
Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.”
Fuente: pagina12.com.ar
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