Domingo 17 de Diciembre de 2017 - 18:39:08

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, informó que se aplica el mismo procedimiento de años anteriores que fue aceptado por la municipalidad de Santa Fe

“No hay deuda alguna con la Municipalidad de Santa Fe por el Fondo de Financiamiento Educativo” afirmó a El Litoral el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, al desestimar declaraciones del intendente local, José Corral, quien anunció que tras las PASO iniciará una presentación judicial por el atraso en los pagos de dichos fondos que envía Nación y que distribuye la provincia a cada municipio y comuna.
“Ya hemos terminado el trámite administrativo y le mandamos muchas notas al gobernador. Hay mucho dinero que la provincia nos debe, son unos 100 millones. Y la ley nacional de presupuesto dice que son de distribución automática, una palabra que tiene una sola lectura en el diccionario, pero la provincia nos demora esos fondos más de un año”, reclamó el intendente Corral.
Saglione salió al cruce de esas declaraciones y explicó que sigue vigente la misma ley que se aplicó en años anteriores y por el cual Santa Fe -a través de la Secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría- dio su conformifadad.
El ministro de Economía precisó que el presente ejercicio rige el mismo marco normativo a nivel nacional que el de ejercicios anteriores; que en el ámbito provincial, se propone aplicar para este año el mismo esquema de asignación de recursos que el utilizado en los últimos años y que al municipio de Santa Fe no se le adeuda nada respecto del Fondo de Financiamiento Educativo 2016 (ni de ejercicios anteriores). Señaló incluso que los pagos fueron efectuados bajo la modalidad formalmente solicitada por el municipio en nota del 18 de enero de este año.
Acotó que el municipio firmó en enero el convenio mediante el cual aceptó formalmente los criterios establecidos en la normativa vigente para la distribución de los recursos.
Ya en el mes de mayo pasado, en una entrevista con El Litoral, Corral ya había advertido que la provincia retiene y demora la entrega de estos fondos. “El año pasado presentamos una nota dejando claro que esos fondos son nuestros. Y reservamos todas las instancias, incluso la judicial, para que se nos entreguen en tiempo y forma, porque la ley no da ningún lugar para la interpretación, dice automáticamente, y automáticamente tiene una sola interpretación, hay que mandarlos ni bien llegan a la provincia”, insistió el intendente santafesino en este diario.

El tema del fondo
La Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075 estableció una asignación especial con destino a educación, ciencia y tecnología, afectando fondos de la coparticipación federal para conformar tal asignación.
En los años 2013 y 2014 el esquema normativo fue modificado por el Congreso, que al sancionar la Ley N° 26.784 (de Presupuesto General para la Administración Nacional), estableció textualmente en su artículo 51 que los fondos afectados debían ser repartidos también a los municipios aunque las provincias quedaron como responsables de la correcta inversión de esos fondos.
Un decreto más la ley 13.365 determinó que en la provincia se transferirá a los municipios y comunas idéntica proporción a la que le correspondería de la coparticipación (13,4372%) del Fondo recibido por la provincia en dichos años; deja en manos del estado provincial definir los lineamientos sobre la elegibilidad del gasto al que los municipios y comunas podían destinar.

Otro decreto -el 3975/15- instrumentó la distribución del 2015 bajo ciertas reglas estableciendo que la transferencia de los recursos quedaría suspendida en el caso que los municipios y comunas no hayan presentado rendiciones de cuentas de Fondo correspondientes a 2013 y 2014 hasta el 31 de octubre de 2015, plazo luego extendido hasta el 31 de marzo. Para el 2016, la distribución se hizo bajo alcances del decreto 4021 que es el rige actualmente mientras que para el presente ejercicio no hay norma específica. La Legislatura incluyó un artículo en la ley de Presupuesto que fue vetada con texto alternativo por el Poder Ejecutivo. El veto quedó firme y la Legislatura no votó el nuevo texto.