Domingo 15 de Julio de 2018 - 20:00:16

El gabinete económico de Macri tiene casi $100 millones en el exterior

Al igual que el Presidente, cuatro de los seis funcionarios económicos del Gobierno declararon ante la Oficina Anticorrupción cuentas en el exterior. ¿Quiénes son y cuánto dinero tienen fuera del país?

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El gabinete económico de Mauricio Macri declaró que tiene casi $ 100 millones en cuentas en el exterior, una cifra ampliamente superior a la que había informado el mandatario en las Islas Bahamas.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, declaró que posee una caja de ahorros en euros con pesos argentinos equivalentes a 4.292.070; y otra en los Estados Unidos con $49.482.790. El ex CEO de Shell local aún no anunció si repatriará el dinero, tal como lo pidió el presidente Mauricio Macri a los argentinos.

Según se desprende de su declaración jurada, el ministro de Energía casi duplicó su fortuna en 2015, pasando de $ 44 millones a $ 86.685.999 a fin de año, luego de asumir en su cargo. "El principal motivo para el aumento patrimonial radica en la indemnización percibida al retirarme de la Cía (Shell)", escribió en las Observaciones.

El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, es el segundo del ranking con dinero afuera: tiene $ 40.554.041 distribuidos en cuatro cuentas en Estados Unidos.

En su declaración jurada, valuó sus bienes en $ 53.661.215, que incluyen dos departamentos, una propiedad en un country en Bariloche, varios vehículos entre autos, motos y camionetas; y obras de arte. Su patrimonio se vio incrementado un 39% ya que comenzó 2015 con $ 38 millones.

Por su parte, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene $ 4.945.383 repartidos en cuatro cuentas en los Estados Unidos. En total, estimó sus bienes en $ 18.184.758, un 39% más que en enero de 2015.

La mayor parte de su patrimonio, está volcado en bonos, en YPF y en dos en entidades bancarias (Macro e IRSA, que controla el Hipotecario).

Con apenas $ 233 mil en una cuenta corriente norteamericana, el Coordinador de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, es el cuarto en la lista con más dinero en el exterior. El total de su fortuna asciende a $ 25.231.273, casi el doble de lo que tenía en 2015 ($ 13 millones).

El ex LAN tiene una vivienda de $ 1.7 millones, una docena de locales "heredados" en Santa Fe y títulos públicos.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, casi no modificó su patrimonio y declaró $ 5.774.616, mientras que su par de Agricultura, Ricardo Buryaile, informó que no tiene inmuebles ni vehículos ni acciones. Dijo que su patrimonio es de $ 2.446.151.

El Gobierno admitió "errores" y hoy hará anuncios para atenuar la suba del gas

Se extenderían los beneficios de la tarifa social –que incluye también la luz–. Y un tope entre 400 y 500% para comercios, pymes y empresas de turismo. Hoy habrá nuevas reuniones con más gobernadores

El acuerdo incluye a jubilados y empleados de sueldos bajos; limitan a 400 o 500% las subas en Pymes, comercios y empresas de turismo

Los gobernadores de las provincias petroleras salieron ayer muy conformes de la Casa Rosada. Es que el Gobierno se sentó a la mesa y escuchó las quejas por los aumentos en las tarifas de servicios públicos, principalmente las fuertes subas del gas.
 
Los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Juan José Aranguren (Energía) y Gustavo Santos (Turismo) oficiaron de anfitriones en un encuentro con balance positivo, de acuerdo con ambos sectores.
 
Según trascendió de la reunión, se alcanzó un acuerdo que exime del aumento a jubilados y pensionados que perciban hasta $10.000 por mes, trabajadores con salarios mensuales de hasta $12.000, discapacitados, personal doméstico, y beneficiarios de planes sociales, que aunque reciban tarifa social ahora "no sufrirían aumentos".
 
Además, convinieron ponerle un tope de entre 400 y 500% –similar al fijado para los clientes residenciales– al incremento en el gas en la Patagonia para comercios, pymes y empresas de turismo, como la hotelería. En las provincias del sur las facturas en esos sectores habían llegado con aumentos de hasta 2.000 por ciento.
 
El ministro Frigerio confirmó que ese acuerdo se extenderá al resto de las provincias. El acuerdo con el resto del país se firmaría hoy luego de una reunión que mantendrán los principales ministros del gabinete con el resto de los gobernadores –NEA, NOA, Cuyo y el Centro del país, más Buenos Aires y la Capital Federal–.
 
La estrategia del Gobierno avanza. Incluso, los anuncios los podría hacer el propio presidente Mauricio Macri. Busca así poder revocar las medidas judiciales dictadas en varias provincias para frenar las subas de tarifas.
 
 
"Se está buscando un gran acuerdo nacional para poder revertir en segunda instancia las medidas cautelares contra los aumentos por los recursos de amparo que existen en varios juzgados", señalaron altas fuentes que participaron de la reunión ayer.
 
"En las tarifas del gas hemos entendido que cometimos algún error y lo estamos corrigiendo, y esa es la forma de actuar de la gente de buena fe", aseguró Frigerio. Y agregó que los anuncios "van a llevar tranquilidad a muchos argentinos".
 
"Hemos avanzado mucho en el tema tarifario con la premisa de llegar a un punto en el que no falte el gas en la Argentina, porque producto de la mala política de los últimos años hemos perdido el autoabastecimiento", recordó.
 
A la Casa Rosada asistieron representantes de La Pampa, Neuquén, Río, Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Tierra del Fuego. Sólo en los casos de Santa Cruz y Mendoza no participaron los gobernadores, que enviaron funcionarios en carácter de emisarios.
 
 

Diputados citan a Aranguren

 
La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Ziliotto del Bloque Justicialista, realizará una reunión conjunta con otras comisiones para citar el próximo miércoles a las 9:30 al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
 
El pedido cuenta con el acuerdo de la mayoría de los espacios políticos que integran los bloques opositores. De esta manera, el ministro Aranguren fue "invitado" a presentarse ante el plenario para explicar los "aumentos desmedidos" de las tarifas de los servicios públicos.
 
"Es importante que el ministro brinde explicaciones sobre los aumentos en el cuadro tarifario del sector eléctrico", señaló Ziliotto y agregó: "Consideramos que la suba de tarifas fue un ataque al bolsillo de los trabajadores y queremos manifestarle nuestra preocupación por el alcance de estas medidas".
 
En este sentido, expresó que "los aumentos desmedidos de las tarifas están causando consecuencias muy graves a usuarios particulares y a las empresas que integran el sector productivo".

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Ricardo Echegaray

El ex funcionario kirchnerista fue denunciado por el ministro Alfonso Prat-Gay

Ricardo Echegaray continúa sumando dolores de cabeza en la Justicia

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Ricardo Echegaray, actual Auditor General de la Nación y ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los delitos de violación de secreto y falso testimonio.

La decisión del juez se tomó en una causa que se inició en 2014 por la denuncia del actual ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay.

Prat-Gay había denunciado a Echegaray y a otros funcionarios de entonces de la AFIP porque el ex funcionario había involucrado en 2014 al actual ministro en un caso de evasión impositiva.

Echegaray había apuntado a Prat-Gay cuando reveló que desde Francia había llegado información sobre evasores argentinos que habían utilizado al banco HSBC para enviar dinero al exterior. La información la consiguió el ex empleado del HSBC Herve Falciani.

Por aquel entonces la AFIP había denunciado la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos. Había, según la denuncia, una estructura "facilitadora" para la evasión. La AFIP señaló que ese armado incluía a apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red offshore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de impuestos. En la descripción de esa tarea, la denuncia de la AFIP mencionaba a Alfonso Prat-Gay, quien figura como apoderado y "usuario de internet" de la cuenta de Amalia Lacroze de Fortabat y de su nieta Amalia Amoedo. Esa denuncia, realizada en 2014, se tramita en la justicia en lo Penal Económico. La causa está a cargo de la juez María Verónica Stracci, quien no llamó a indagatoria a Prat Gay pero sí a otros involucrados en el expediente.

Los que realizaron la denuncia en nombre de AFIP Horacio Justo Curien y Pedro Gustavo Roveda, quienes eran, respectivamente, subdirector General de Fiscalización y subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador, también fueron procesados por Bonadio.

Prat-Gay, cuando hizo la denuncia, explicó que estaba autorizado por Amalia Lacroze de Fortabat y por su hija Amoedo a administrar sus activos en el exterior. En la causa por la que Bonadio procesó a Echegaray, hubo un peritaje de los contadores de la Corte Suprema de Justicia e informes técnicos de AFIP, que avalaron lo dicho por Prat-Gay. Y que demuestran que las cuentas de la millonaria Lacroze y su nieta están declaradas.

El juez demostró, según explicó en su resolución a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, que se hizo la denuncia penal y se expuso públicamente a Prat Gay (Echegaray dio una conferencia de prensa y un reportaje sobre el asunto) a pesar de que no había motivos válidos para hacerlo.

Bonadio procesó a Echegaray como instigador por haber impulsado a los funcionarios de la AFIP a hacer la denuncia respecto de Prat-Gay. Curien y Roveda fueron, para Bonadio, en cambio, coautores del delito de falso testimonio.

Echegaray también fue procesado por violación de secretos, porque consideró que utilizó de manera inapropiada, los datos aportados por Francia sobre posible evasores argentinos. Para el juez, Echegaray violó los términos del tratado que rige la colaboración entre los dos países y que establece que los datos solo pueden ser usados para "la persecución tributaria". Es decir que pueden ser utilizados tan solo por el organismo recaudador de impuestos para reclamar a los posibles evasores.

La Justicia constató otro vínculo entre Lázaro Báez y Ángelo Calcaterra

La compañía IECSA fue cliente de "La Rosadita", la financiera del empresario patagónico desde la que se realizaban las maniobras de lavado de dinero

La empresa de Calcaterra presentó los papeles para ser cliente y operar con La Rosadita

Lázaro Báez llevó a la causa por lavado de dinero en la que está detenido y procesado un nombre de impacto político. El de Ángelo Calcaterra, uno de los principales empresarios de la obra pública y primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
 
Declaró que con la empresa de Calcaterra –IECSA– participó de una licitación y que por eso obtuvo como préstamo los 33 millones de dólares de una financiera suiza por los que ayer fue procesado por segunda vez por lavado de dinero.
 
Ahora se conoció un nuevo vínculo: IECSA presentó los papeles para ser cliente y operar con S.G.I., la financiera que se le atribuye a Báez a través de Daniel Pérez Gadín y que era propiedad de Federico Elaskar.
 
"La Rosadita" era el nombre con el que se conocía a S.G.I y para el juez federal Sebastián Casanello era una "cueva financiera" desde la que se realizaban operaciones de lavado de los fondos de Báez.
 
De S.G.I. son las imágenes en las que se ve a Martín Báez, hijo de Lázaro, a Peréz Gadín y a Fabián Rossi, entre otros, contando 5.100.000 dólares.
 
Báez fue procesado ayer por lavado de dinero por el reingreso al país de 33 millones de dólares a través de la financiera suiza "Helvetic Service Group". Para Casanello, Báez obtuvo ilícitamente el dinero, lo sacó del país y lo volvió a entrar en cuentas de su empresa "Austral Cosntrucciones" mediante bonos de la deuda. Para el magistrado fue una maniobra de lavado de dinero y por eso lo procesó junto a su hijo Martín y a otros integrantes de Austral.
 
Báez fue procesado por lavado de dinero por el reingreso al país de 33 millones de dólares
 
Cuando Báez declaró el cinco de mayo dijo que Helvetic le prestó el dinero para participar con IECSA –de Calcaterra–, Synohydro Corporation, ESUCO S.A. y CHEDIAK de la licitación pública para la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cipernic".
 
Pero no es el único vínculo Báez-Calcaterra. Cuando se allanó S.G.I se encontró "un legajo de cliente de IECSA" que contenía la firma de su presidente, Santiago Altieri, y de los directivos Alejandro Blasco, Giordano Meda y Víctor Folch para actuar ante la financiera que se le atribuye a Báez.
 
"A su vez allí obra una nota de IECSA, dirigida a SGI, en donde hacen saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen Ángelo Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y tiene fecha 12 de mayo de 2012.", explicó el juez Casanello en su resolución.
 
La llegada de IECSA a S.G.I es de mediados de mayo de 2012, unos meses antes del registro de las imágenes en las que se ve en la financiera a Martín Báez y otras personas contando los millones de dólares. El 4 de mayo el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, abrió la licitación para las represas.
 
"Para esas fechas en que las constancias muestran a IECSA efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez -recuérdese que Federico Elaskar había cedido sus acciones varios meses antes", agregó.
 
Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri
 
El juez Casanello señaló que estos vínculos "en nada inciden" en la acusación contra Báez por lavado de dinero.
 
"Si los fondos tenían como finalidad la realización de una obra pública de gran envergadura, y si ello se iba a llevar a cabo en sociedad con otras empresas, es indistinto al momento de evaluar la relevancia penal de la conducta", explicó el magistrado.
 
De hecho, Báez había pedido que Calcaterra sea citado a declarar como testigo y Casanello no lo convocó.
 
"Lo que se ha reprochado a lo largo del presente pronunciamiento –y que debe ser entendido integralmente con el resto de las resoluciones de mérito del tribunal- es que los U$S32.800.000 provenientes de Helvetic, eran fondos ilícitamente obtenidos por Lázaro Antonio Báez, y que valiéndose de la intervención de actores que se encuentran íntimamente vinculados a él, se utilizó en forma ardidosa a la firma HSG para canalizar esos bienes de modo tal de ocultar su origen e integrarlos al patrimonio de Austral Construcciones bajo apariencia de licitud", concluyó.
 
Tras la declaración de Báez, diputados del Frente para la Victoria pidieron que Calcaterra sea investigado en la causa por presuntos sobreprecios en la obra pública. El fiscal Guillermo Marijuán rechazó el planteo al señalar que en la causa se investiga lavado de dinero y que en otros juzgados tramitan causas por irregularidades en la obra pública.

Pago a beneficiarios de pensiones no contributivas

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1                            0 y 1                      03-11-2014

2                            2 y 3                      03-11-2014

3                            4 y 5                      04-11-2014

4                            6 y 7                      04-11-2014  

5                            8 y 9                      05-11-2014