Viernes 1 de Julio de 2022 - 19:57:28

Fuerte reacción de los fiscales a las críticas de Alberto Fernández: “La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento”

El titular de la Asociación de Fiscales de Argentina, Carlos Rívolo, aseguró que las reformas propuestas por el Presidente van a tornar imposibles las investigaciones contra la corrupción

Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina

El titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, respondió la críticas que realizó el presidente Alberto Fernández ayer durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Uno de los temas planteados por el jefe de Estado fue la reforma del Ministerio Público, cuyo tratamiento se encuentra paralizado porque el oficialismo no logra el consenso necesario. “La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales”, analizó Rívolo este martes.

La justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural
De hecho, muchos especialistas creen que el kirchnerismo busca sancionar esa norma para correr de su puesto al actual jefe de los fiscales, el procurador interino Eduardo Casal, y limitar el poder de quien lo reemplace. Luego de asumir, Fernández había promocionado a Daniel Rafecas para ese lugar, sin embargo el juez federal adelantó que no asumirá si se modifica la norma y se imponen, entre otras cosas, modificaciones en la forma que se elige y se remueve el procurador.

“La iniciativa no es una reforma, ya fue muy criticada porque es invadida completamente por la política. La justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural”, enfatizó Rívolo en declaraciones a Radio Mitre.

Alberto Fernández (foto: Comunicación Senado)

A lo largo de su alocución, el jefe de Estado volvió a pedir al Congreso la aprobación de la reforma judicial y del Ministerio Público y anunció la iniciativa para avanzar con la creación de un tribunal previo a la Corte Suprema que trate las cuestiones de arbitrariedad que llegan al máximo tribunal.

Durante su discurso de apertura del año legislativo, Alberto Fernández aseguró: “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”.

Y agregó: “Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.

La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales

Tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)

“Es extraño escuchar esto que atravesamos los márgenes del sistema republicano. Es cierto que el régimen del Poder Judicial como muchos otros regímenes son especiales. Pero decir que jueces, fiscales y defensores no pagan ganancias es falso. Esto se modificó en 2017. Hay 141 entre jueces, defensores y fiscales que ya pagan ganancias a pleno”, explicó Rívolo y recordó que “hoy el Poder Judicial es el que más aporta al sistema solidario”.

En tal sentido, Rívolo añadió: “La Justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural. Queremos procesos más rápidos y ¿vamos a crear un tribunal de garantías federales cuando esa competencia ya la tiene la Corte?”, se preguntó.

Asimismo, advirtió: “Si estas leyes prosperan, queda un Ministerio Público Fiscal completamente endeble. Investigar las causas vinculadas al poder de corrupción o lo que fuera, que ha sido difícil, se va a tornar imposible”, sentenció.

Daniel Rafecas y Alberto Fernández

Al mismo tiempo, consideró que antes de avanzar con esa reforma hay otra prioridades como tratar el pliego del candidato a procurador. “A mi me parecía que lo primero que se podría haber solicitado era que se tratara el pliego del candidato a procurador general que ya lleva un año. Esa es la verdadera reforma en términos del ministerio público. No podemos seguir sin un procurador más allá del buen trabajo de Casal”, añadió.

Finalmente, el titular de la Asociación de Fiscales nacionales le contestó al Presidente quien criticó la demora de los procesos judiciales. “Estamos funcionando, hemos funcionado en pandemia, las causas han avanzado en pandemia”, dijo y recordó que “el sistema se encuentra avanzando, sobre una condición, elementos de prueba”, sobre las repercusiones de las causas más importantes que afectan a la coalición de gobierno.

Fuente: infobae.com

Quiénes deben registrar su contrato de alquiler en la AFIP

Con la nueva ley de contratos de alquileres los propietarios de inmuebles destinados a vivienda, a turismo, inmuebles rurales o comerciales deberán registrar el contrato de locación.

Quiénes deben registrar su contrato de alquiler en la AFIP

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este 1 de marzo a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Durante un encuentro con representantes del sector inmobiliario, el jefe de Departamento del Sector Servicios, Hernán Cruells de la AFIP explicó los principales puntos del Registro.

El funcionario detalló que los locadores deben registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, etc.

Cruells aclaró que entre los sujetos excluidos se encuentran la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Agregó que los locatarios o arrendatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

"Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria", dijo Cruells.

El inquilino, explicó, "no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio".

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que "en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta".

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio "Registro de Locaciones de Inmuebles - RELI - Contribuyente".

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible a partir de mañana para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

Qué contratos con los que deberán suscribirse en la AFIP
Específicamente la normativa sostiene que los contratos alcanzados por el régimen son: a) locaciones de bienes inmuebles urbanos b) arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales c) Locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares d) Locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc.

Qué personas están obligadas
Desde el primero de marzo están las personas que están obligados a suscribirse son los locadores, arrendadores, sublocadores y subarrendadores, y en caso de haber intermediarios (corredores, inmobiliarios, escribanos) que los representen. En el caso de los inquilinos podrán informar el forma voluntaria un contrato.

Las entidades u organismos del Estado nacional, de las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que actúen como titulares del inmueble, no están obligadas a suscribir el contrato en la AFIP.

Hasta cuándo hay tiempo de suscribir los contratos en la AFIP
Los contratos alcanzados son aquellos que se realizaron a partir del 1 de julio de 2020. Los contratos que se efectuaron entre julio de 2020 y marzo de 2021 tienen tiempo de inscribirlo hasta el 15 de abril de este año.

Fuente: ambito.com

Caso Lázaro Báez: un fallo contra Cristina Kirchner que ni siquiera figuró en el juicio

El Tribunal Oral Federal número 4 emitió una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en la que no hubo ningún K, ni se encontraron cuentas, sociedades, bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner.

Jornada de lawfare. Tras una intensa presión mediática sobre una de las juezas, el Tribunal Oral Federal número 2 dio a conocer este mediodía otro fallo que se inscribe en la persecución orientada principalmente contra Cristina Kirchner.

Jornada de lawfare. Tras una intensa presión mediática sobre una de las juezas, tal como anticipó PáginaI12, el Tribunal Oral Federal número 4 dio a conocer este mediodía otro fallo que se inscribe en la persecución orientada, en última instancia, contra Cristina Kirchner. Como se preveía, hubo una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en el que finalmente no hubo ningún K, ya que no se encontraron ni cuentas ni sociedades ni bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner. El empresario Lázaro Báez, principal imputado, fue condenado a 12 años de prisión, su hijo Martín a 9 años y el otro hijo, Leandro, a 5 años. El arrepentido Leonardo Fariña resultó con cinco años de prisión, lo que contempló un descuento de tres años por haber declarado como colaborador, es decir que la condena hubiera sido de ocho. En paralelo, el veredicto fue duro con el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, que trabajaban con Báez, ocho años cada uno; para el armador de sociedades ocultas Fabián Rossi fueron 5 años y el financista Federico Elaskar, cuatro. Las dos hijas del constructor santacruceño, Melisa y Luciana a tres años, pese a que no tuvieron participación alguna: el padre les usó los nombres para abrir cuentas, pero ellas ni siquiera firmaron. Todo es apelable ante la Cámara de Casación a partir del 26 de abril, cuando se conozcan los fundamentos, y la lógica es que las cosas terminen en la Corte Suprema.

Lo que no se pudo conseguir con pruebas se intenta con los fundamentos. Dos de los magistrados, Costabel y Pallioti, sin que siquiera haya aparecido alguna evidencia en el juicio, dirán que el origen del dinero de Báez fueron ilícitos en la obra pública. Lo asombroso es que, en paralelo, se está haciendo el juicio específico sobre la construcción de rutas en Santa Cruz y la acusación está recibiendo una descomunal paliza: hasta los propios testigos de la fiscalía sostienen que es falsa la imputación.

Uno de los jueces del TOF 4 está claramente alineado con el macrismo, Néstor Costabel, por lo que la presión se ejerció sobre otra jueza, Adriána Pallioti, para que votara con Costabel. Tras dos feroces notas de grandes medios contra ella, la magistrada cambió su decisión y votó todo con Costabel. La otra magistrada, Gabriela López Iñiguez, votó en disidencia, tanto en los fundamentos como también en el monto de las penas, aunque también condenó prácticamente a todos. La jueza sostiene, en un texto que dió a conocer, que "Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña". La clave de la discrepancia está en lo que se llama el delito precedente. Para Costabel y Pallioti -lo dirán así el 26 de abril- el dinero provino de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, algo que casi no se tocó en este juicio. López Iñiguez, en cambio, dice que esa hipótesis no se probó de ninguna manera y que la plata viene de estafar al fisco. Asesorado por contadores y abogados de nivel evadió IVA y Ganancias. La jugada de Costabel y Pallioti va por otro lado: fundamentando que la plata venia de la obra pública, los dos jueces tienen el objetivo de apuntar a CFK, sea como sea, aunque en el juicio ni se tocó la construcción de rutas en la provincia sureña.

Otros dos aspectos marcaron las diferencias. Mientras la mayoría impuso los 12 años de prisión para Báez -a todas luces una desmesura-, López Iñiguez se inclinó por una pena que de ninguna manera era baja: siete años y seis meses de prisión. El concepto fue el siguiente: que no puede haber desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales. Nadie de los bancos suizos estuvo sentado en el banquillo de los acusados, siendo que sin ellos no hay lavado posible. También fueron sacados de la acusación los verdaderos dueños de la cueva a través de la cual se sacó el dinero a Suiza.

Una crítica mucho más feroz expresa López Iñiguez respecto de la condena a las hijas de Báez. Considera que se trata de la expresión de una justicia sin perspectiva de género porque todo lo que ocurrió es que Báez desarrolló una conducta patriarcal apropiándose de los nombres de Melisa y Luciana, disponiendo de esos nombres para abrir cuentas cuando ninguna de las dos estaban ni siquiera enteradas y, por supuesto, no obtuvieron ningún beneficio de la utilización de sus nombres.

El veredicto es el último episodio de las maniobras de este expediente que, sin dudas, baten records. Presionaron al juez Sebastián Casanello para que dictamine que Báez era testaferro de los Kirchner, pero como no se encontró ni una prueba, intentaron sacarlo de la causa con dos testigos falsos, armados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que declararon que el juez estuvo en Olivos hablando con CFK. Ambos testigos ya reconocieron la falsedad y se está definiendo la condena. Pero, por supuesto, el aparato de Comodoro Py frena la investigación sobre quién los mandó, es decir la AFI y Cambiemos.

Casanello sostuvo que no existe ninguna evidencia de que el dinero de Báez tuviera relación con los Kirchner, esencialmente porque las sociedades y las cuentas ocultas estaban todas a nombre de Báez y sus hijos y hasta hubo un testamento en el que también los únicos beneficiarios eran los integrantes de la familia. O sea, no había vínculo con sociedades que tuvieran terminales en otros paraísos fiscales, la modalidad que se le descubrió ahora, en Luxemburgo, a Gianfranco Macri en el caso de los parques eólicos. En las maniobras intervinieron sociedades que eran propiedad de otras sociedades y al final del hilo existía una sociedad propiedad de Gianfranco. No fue el caso de Báez: sólo estaban sus hijos en las sociedades, las dos chicas sin saberlo.

Fue en este expediente que tuvieron a Báez cuatro años en la cárcel, con prisión preventiva, pero sujeto a una descomunal presión para que declare contra CFK. Encarcelaron a sus hijos, le grabaron los diálogos con sus abogados y con su pareja, los difundieron en los programas amigos. Todo el objetivo fue quebrarlo y que se convierta en "arrepentido".

En el juicio, la defensa de Báez admitió que el constructor sacó fondos a Suiza, a través de sociedades armadas en Panamá, pero sostuvo que el dinero se originó en las ganancias que retiró oficialmente de Austral Construcciones. Lo asombroso es que Báez trajo de regreso la mayor parte de los 55 millones de dólares escondidos en el exterior y lo hizo para participar de la licitación por las dos grandes represas de Santa Cruz. En ese concurso, Báez se presentó en asociación con Angelo Calcaterra, titular de Iecsa, del Grupo Macri. La alianza no pudo ganar aquella licitación.

A lo largo del juicio, la defensa de Báez, encabezada por Juan Villanueva, presentó los boletos de venta de terrenos de un country que, a través de un fideicomiso, Báez puso en marcha en un enorme terreno comprado al colegio Northlands en Escobar. El barrio, llamado Norhville, fue loteado y Báez sostiene que ese dinero, en dólares como ocurre en la Argentina, fue el que se contó en SGI, una financiera que usaban muchísimas grandes empresas. Después, Báez compró SGI y gran parte del conflicto por el que se ventilaron aquellas imágenes, provino de que supuestamente no pagó la mitad de lo comprometido. Había dudas acerca de cómo abordarían los jueces esta cuestión. Pero como el objetivo es CFK, lo que más importa es la obra pública.

En el juicio sobre las rutas de Santa Cruz, la acusación está recibiendo una demoledora paliza. Ya se comprobó --incluso en una auditoría hecha por el propio macrismo-- que el estado no pagó nada que no se hubiera construido; que es falsa la versión de que las rutas llevaran a la nada; también se demostró que las demoras en las obras fueron las habituales en todas las provincias argentinas. En las audiencias de este lunes y martes, declararon Omar Riveros y Julio César Romero, ambos integrantes de la Comisión Permanente de la Verificación de la Deuda de la Dirección Nacional de Vialidad. Ambos sostuvieron que los pagos adelantados de obras no fueron ninguna irregularidad, no fueron exclusivos de Santa Cruz sino que se otorgaron en casi todas las provincias y están contempladas en la legislación. En el juicio también declararon los dueños de otras constructoras de Santa Cruz que fueron absorbidas por Báez y contaron que no hubo ninguna presión, que el pago fue lento pero que les terminaron pagando y que vendieron sus empresas por razones familiares. Todos eran testigos de la fiscalía y terminaron declarando a favor de la defensa. En todo juicio no hay mención alguna a Cristina Kirchner: las obras se votaron en el Congreso y las licitaciones, adjudicaciones y control los hizo cada provincia, no el estado nacional.

A lo largo del juicio sobre lavado de dinero no hubo referencias a la obra pública. Sólo alguna declaración del arrepentido Leonardo Fariña, pero está probado que desde la AFI, a través de un grupo de abogados, le guionaron lo que tenía que decir, porque Fariña no tuvo nunca relación con la obra pública, no sabía de licitaciones ni adjudicaciones y fue manejado por Cambiemos para meter por la ventana una acusación contra CFK. El aparato judicial-político-mediático de Comodoro Py se dedica a eso y, como en Brasil con Lula, dió a luz un veredicto teñido de persecución política.

Fuente: pagina12.com.ar

Apareció el anillo de Menem

Familiares de uno de los enfermeros del recientemente fallecido ex presidente se acercaron a una comisaría para devolverlo. El acusado está prófugo.

Apareció el anillo de Menem

La madre, la tía y la prima de un enfermero de Menem, que se encuentra prófugo de la justicia, fueron en horas de la madrugada a la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las calles Echeverría y Washington, en el barrio de Belgrano. Preguntaron por el domicilio de Zulema Menem para hacerle entrega del anillo que había sido robado al ex presidente de la Nación.

El enfermero de 30 años que asistió a Menem en su domicilio sigue prófugo de la Justicia. La tía, quien vivía con el joven en Villa Soldati exhibió el anillo ante los agentes que estaban en el lugar. Éstos observaron en él el grabado con las inscripciones de los nombres de los hijos del ex presidente.

Al consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo del doctor Martín Peluso y ante la Secretaría Número 118 del doctor Diego Villanueva, trasladaron a las tres mujeres a la dependencia policial donde se le tomó declaración testimonial.

Caratularon el hecho como averiguación de Ilícito y secuestrar la joya y ponerla en resguardo. La tres mujeres quedaron en libertad.

Fuente: minutouno.com

Elisa Carrió afirmó que Alberto Fernández y Cristina Kirchner “no podían desconocer” el funcionamiento de un Vacunatorio VIP

“Nadie desconocía en la provincia de Buenos Aires que La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna”, señaló la dirigente de la Coalición Cívica

Golpe a la Justicia - Infobae

Para Elisa Carrió, ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner “podían desconocer” el funcionamiento de un Vacunatorio VIP que funcionaba, de acuerdo a las primeras investigaciones, en el hospital Posadas, en el Ministerio de Salud e incluso en el domicilio personal de algunos de los beneficiados.

“Hemos tocado piso, estamos hablando de privilegios que pueden determinar la vida y la muerte de muchas personas”, indicó la dirigente de la Coalición Cívica que, además, calificó a los responsables políticos del escándalo sanitario como “culpables y criminales”.

Con relación a la renuncia de Ginés González García a pedido del propio Alberto Fernández, Carrió señaló que fue “puro cinismo” y que “no basta” con esa decisión política. “Esto no lo podía desconocer el Presidente; nadie desconocía en la provincia de Buenos Aires que La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna. Cristina (Kirchner) tampoco puede eludir esto, si planteó la vacuna como una cuestión épica para instalar a La Cámpora como el grupo héroe. Es un voto, una vacuna”.

Por otro lado, y en declaraciones a TN, expresó que “la culpa criminal la tienen que pagar todos los que hicieron esto, aparte de un destierro moral y político; corresponde la renuncia, la condena y la inhabilitación para cargos público, pero esto lo a determinar la justicia”.

En otro pasaje de la entrevista, reconoció que las irregularidades en el proceso de vacunación y los beneficios en favor de los amigos del poder hubiesen ocurrido con cualquier gobierno, inclusive en el de Mauricio Macri. “Lo digo con dolor, para que reflexionemos”, indicó.

El presidente Alberto Fernandez, junto a Gines Gonzalez Garcia y Carla Vizzotti (NA)

Ayer, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Ginéz González García y a su sobrino Lisandro Bonelli -quien era Jefe de Gabinete del ministerio y que también renunció a su cargo- en el caso que se abrió por las múltiples denuncias presentadas en Comodoro Py luego de que se descubriera la existencia del Vacunatorio VIP.

Tras la imputación, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó un allanamiento en la sede del ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de buscar filmaciones, material probatorio y otros elementos de importancia para la causa. El procedimiento se realizó desde minutos después de las 20 y está a cargo los efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal.

También ayer el Gobierno difundió el listado de los beneficiados privilegiados con la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. La nómina reveló 70 nombres entre los que figuran Eduardo Duhalde y su familia, Carlos Zannini y su esposa, Daniel Scioli y otros dirigentes peronistas. También está el periodista Horacio Verbitsky.

Este listado contradijo las declaraciones de la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, quién ayer negó el funcionamiento de un vacunatorio VIP en el Ministerio y lo redujo a “una situación excepcional” con “un grupo reducido de personas”.

La funcionaria, además, aseguró que es “absolutamente falso” que el Gobierno disponga de 3000 vacunas para un uso discrecional. “El Ministerio tiene un stock estratégico de todas las vacunas por si hay algún problema con la cadena de frío en algún distrito, para que no quede desabastecido”, expresó en declaraciones radiales.

También negó que su relación con Ginés González García esté rota. “Hablé con él antes de hablar con el Presidente, cuando salí; hablamos cuando estaba yendo a jurar. Voy a hablar toda la vida con él. Es una situación de sentimientos muy encontrados, entendemos la gravedad de la situación, tenemos una responsabilidad como equipo de Ginés, pero vemos que la gestión no está en duda, por eso el presidente eligió a alguien de su equipo”, indicó Vizzotti.

Fuente: infobae.com